El Gobierno de Castilla y León ha dado este jueves un paso más al autorizar a los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía , hecho que se hará efectivo el próximo 10 de septiembre , un día antes de que finalice el plazo. La decisión, tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo , coloca a la Comunidad como la primera del Estado en dar forma jurídica y administrativa a la impugnación de la norma. También se adelantó a las demás cuando el 2 de noviembre, todavía sin estar aprobada, el Ejecutivo autonómico ya anunció su intención de recurrirla ante el alto tribunal. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, los argumentos que arman el recurso - de más de 20 folios - y ha asegurado tener «un grado de confianza del cien por cien» de que «será atendido» , así como que «va a obligar al Tribunal a hacer un esfuerzo importante» porque, a su juicio, «hay argumentación suficiente para entender que la ley debe decaer». Es más, González Gago ha insistido en que «están fundamentadas y no se pueden discutir las cuestiones que se plantean». De ahí que se mostrase especialmente molesto con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen , que este miércoles auguró que el recurso iba a «caer en saco roto» y que «no tiene base jurídica». Unas afirmaciones que para el consejero de la Presidencia son una «injerencia intolerable en la libertad y el espíritu independiente que debe regir en el Tribunal Constitucional». «Es un exceso verbal», ha añadido el consejero, que ha pedido a Sen «prudencia y contención» al hacer declaraciones y le recordó que «una cosa es el PP y otra la Junta». El caso es que el Gobierno de Castilla y León, según recoge el recurso, entiende que «la norma vulnera, al menos, catorce artículos de la Constitución» , afirmación que argumenta mediante cuatro grandes bloques. En el primero de ellos se acredita la legitimación de la Comunidad para proceder a esta impugnación. Después, se incluye una crítica jurídica al texto legal en su conjunto respecto a la aplicación de la amnistía por no estar como tal prevista en la Constitución. Se reprocha, en este sentido, la utilización de un modelo de ley conocido como singular «para unos supuestos en los que no tiene encaje, con una errónea apreciación de las circunstancias de interés social que dicen perseguirse». Una vez hechas estas observaciones generales, el documento continúa con la impugnación de previsiones concretas de la ley en algunos de sus preceptos, y concluye con la de sus disposiciones, que también infringirían. El consejero de la Presidencia ha desglosado cada uno de estos bloques para detallar, por ejemplo, que Castilla y León está legitimada para presentar este recurso al entender que la ley de Amnistía, «de forma interesada y arbitraria, quiebra el principio de igualdad». Por ello, se consideran vulnerados los derechos de las personas físicas o jurídicas de esta tierra que residen o trabajan en Cataluña y que se ven afectados por dicha norma. En esa comunidad existe, ha añadido, una Federación de Casas de Castilla y León, además de diez casas regionales y una entidad cultural castellana y leonesa. También están afectados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que allí actuaron, algunos de ellos procedentes de la Comunidad. Otro de los aspectos en el que Gago ha insistido especialmente es en el hecho de que «la figura de la amnistía no aparece en la Constitución», por lo que se entiende que con la ley «se quiebra el Estado democrático». En este sentido ha explicado que en la Carta Magna tampoco se habla de la esclavitud, pero se entiende que está prohibida. «No hay que suponer que todo lo que la Constitución no tiene hay que regularlo porque las Cortes actuales no pueden situarse como poder constituyente », ha señalado. Por lo tanto, ha concluido, se está produciendo «una modificación constitucional encubierta». En otro punto se argumenta que «se vulnera la libertad ideológica» dado que se beneficiarían de la medida solo quienes buscaban la independencia de Cataluña». El recurso también trata de desmontar que la amnistía responda «a un hecho excepcional y extraordinario» . Por ello, González Gago ha insistido en que «la Junta no considera que la situación de conflictividad vivida en Cataluña, habiendo sido importante, pueda calificarse de extraordinaria». Más aún, ha apostillado, «si se compara con el intento de golpe de Estado en 1981 para subvertir la forma del Estado español o con los innumerables atentados terroristas de ETA contra el sistema democrático, que provocaron más de 900 asesinatos». A pesar de estas situaciones, ha señalado, «nadie se planteó la concesión de una amnistía porque los cauces e instrumentos normales y ordinarios del Estado eran suficientes, como de hecho se ha demostrado con el paso del tiempo». Por el contrario, «ha quedado probado que la aprobación de la ley de Amnistía no solo no ha pacificado la convivencia en Cataluña, sino que ha generado una conflictividad social e institucional en todo el conjunto del Estado sin precedentes en la etapa constitucional», concluyó.
