Las autonomías intensifican las ayudas fiscales para abaratar la factura de la vuelta al cole

Un reciente informe realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a partir de las contestaciones de un millar de sus asociados ha calculado en 2.588 euros la factura media que tendrá que asumir cada familia española por el inicio del curso escolar . La cifra varía en función de la localidad y de la naturaleza del centro de enseñanza en que estén matriculados los alumnos, de modo que en un centro público ese coste rondará los 1.200 euros; en uno concertado, los 3.400; y en una privado rozará los 8.000 euros, pero permite hacerse una idea aproximada del significativo esfuerzo financiero que supone el curso escolar para un hogar español medio. La evolución acelerada de esa factura en los últimos años y su mayor peso en el presupuesto familiar ha animado a los gobiernos autonómicos a utilizar el Impuesto sobre la Renta (IRPF) para tratar de aliviar en cierta medida esas cargas, especialmente en el caso de los hogares con menores recursos, y ha alumbrado la aparición de alrededor de medio centenar de incentivos fiscales, según se recoge en un informe sobre el asunto elaborado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). En principio, los incentivos se orientaron sobre todo a aliviar el coste de la adquisición de libros y otro material escolar o de la matriculación de los niños de 0 a 3 años en centros privados, ante el déficit de plazas públicas, pero que en los últimos años se ha diversificado de manera importante. A día de hoy la lista de situaciones vinculadas de manera más o menos directa a la etapa educativa que disfrutan de alivio fiscal se ha ensanchado más allá de esas coberturas básicas . Más de la mitad de las comunidades autónomas de régimen común permiten deducirse en diferentes cuantías los gastos en que incurren los hogares para disponer de apoyo externo para la realización de las tareas domésticas, casi media docena incentivan fiscalmente el aprendizaje de un segundo idioma al margen del sistema educativo y cada vez son más las que prevén ventajas fiscales bien para cursar estudios de posgrado o para abaratar el coste de estudiar lejos del entorno familiar, especialmente en las regiones insulares. El abanico de incentivos ha alcanzado en los últimos años a más situaciones, vinculadas a las especificidades de ciertas comunidades autónomas con ciertas características de dispersión, como los gastos del transporte escolar, que disfrutan de una deducción fiscal en Asturias y Canarias, o las ayudas a la localización de alumnos en zonas especialmente despobladas , que Asturias y Cantabria se han animado a incentivar fiscalmente. De cara a este año las principales novedades se han introducido en la comunidad autónoma de Aragón, que ha aprobado una nueva desgravación fiscal del 25% sobre las cantidades invertidas por las familias en las clases extraescolares de refuerzo de sus hijos, con un límite máximo en función del nivel de renta de hasta 200 euros o 300 si se trata de una familia numerosa; y otra deducción de similares características para los gastos en que incurran los hogares en formación para la vida independiente de los menores con un grado de discapacidad superior al 65%. En un contexto político en el que la financiación singular está en el foco del debate la configuración de las ayudas fiscales de los gobiernos autonómicos para aliviar la factura derivada de los gastos escolares es una muestra del enfoque singular que cada territorio ya aplica en su política fiscal. Baleares y Canarias son las comunidades autónomas que más situaciones cubren con sus ayudas y dan cobertura de forma particular a los gastos en que incurren las familias que envían a sus hijos a estudiar a la Península, que en Canarias puedan deducirse hasta los 1.920 euros y en Baleares hasta los 1.760 euros. Asturias, Cantabria y La Rioja han decidido incentivar fiscalmente a las familias que optan por matricular a sus hijos en áreas afectadas por la despoblación, en las que se corría el riesgo de que las escuelas se vaciaran. Asturias prevé un cheque fiscal de 1.000 euros, La Rioja, de 700 euros; y Cantabria, hasta 660 euros. Una de las ayudas fiscales que más fortuna ha hecho en los últimos años es la desgravación de gastos vinculados a la contratación de personal de apoyo en el hogar . Consolidada ya en ocho comunidades autónomas oscila entre los 400 euros que una familia puede ahorrar en la Región de Murcia hasta los 1.000 euros que permite ahorrarse la Comunidad Valenciana. En Andalucía es de 500 euros pero sin ningún límite de renta, por lo que llega a más familias. Cataluña es la comunidad autónoma menos generosa y solo prevé una desgravación del 100% de los gastos financieros generados por la petición de préstamos para cursar estudios de tercer grado a una agencia pública. El sistema más controvertido es probablemente el de la Comunidad de Madrid, que es uno de los más generosos, ya que permite cubrir hasta 1.000 euros de gastos de escolarización , pero que cubre gastos como los de uniforme, propios de centros privados.