Hace quince años adquirieron una vivienda en la urbanización Arroyovereda. Una promoción de 200 casas en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda , de las que la mitad estaban destinadas a la venta y el resto al alquiler. Pista de pádel, piscina o parque infantil eran algunas de las comodidades de esta comunidad de vecinos que desde hace dos años dice estar viviendo un calvario. Unos cincuenta de los pisos han sido «okupados» por personas «conflictivas» y la «tensión» reina en el ambiente. Hartos de la «insostenible» situación que padecen; con «destrozos», «basuras en las zonas comunes», «enganches ilegales» y, a menudo, discusiones, y aunque dicen sentir «miedo», los afectados han decidido este lunes protestar. «Estamos desprotegidos» , ha denunciado Carlos, uno de los propietarios del edificio, en una concentración que ha congregado en la plaza del municipio a más de un centenar de personas entre vecinos de los bloques de Arroyovereda y quienes han acudido a mostrar su apoyo. Una vez que la constructora que impulsó la promoción quebró, muchos de los pisos que estaban vacíos pasaron a manos del Sareb y ahí comenzaron los problemas. El pasado año, cuando los propietarios comenzaron a alzar la voz contra esta situación, eran unas 80 las viviendas okupadas y a día de hoy casi 50 siguen en esa misma situación. «No nos escuchan», ha explicado Carlos. «Ni el Ayuntamiento ni la Sareb», ha señalado y por eso han decidido salir a la calle y mostrar su hastío. «No son personas vulnerables» , aseguraban muchos de los afectados, sino que se trata de una «organización» que se encarga de «avisar» y hacer que las viviendas vacías «pasen a estar en manos de okupas». Son, además, personas «conflictivas» , ha indicado Javier, otro de los propietarios de una de las viviendas de la urbanización que decidió marcharse ante la falta de soluciones. «Yo tengo la posibilidad de irme, pero mucha gente no», ha relatado. « Era un sitio maravilloso hace quince años, pero cuando tienes que estar discutiendo por todo, incluso por meter mi coche en la plaza de garaje, esto no me compensa», ha considerado. Y mientras, quienes viven en la comunidad no pueden hacer uso de la piscina -decidieron cerrarla desde el verano pasado ante los desperfectos y costes que había que asumir- ni del resto de las instalaciones que fueron las que llamaron su atención allá por 2009. «Decidimos venir a Arroyo por la tranquilidad y por este tipo de construcciones», pero en este momento la convivencia es «muy difícil» en Arroyovereda, ha dicho Carlos. Además de unos gastos de comunidad que se han «disparado» porque las personas que se encuentran residiendo en la comunidad «de forma ilegal no aportan» ni cuotas ni las derramas. Para Adrián, también dueño de una de las viviendas y afectado por la situación, es «imposible vender» y tampoco mudars e ante «los precios del mercado inmobiliario». «El ambiente no es bueno», lamentaba, y coincide con Alberto González, el administrador del edificio. «Hay miedo e inseguridad», ha insistido, porque los vecinos se sienten «intimidados y vigilados» ante la «pasividad» del Sareb, que es un «organismo semipúblico» y «no tiene la agilidad para solucionar nada». Si a esto le sumas «la legislación actual que protege estas okupaciones» , lo que se produce es que esta situación, «incómoda» para quienes residen allí «y pagan su hipoteca», se «alarga en el tiempo», ha insistido. Piden también la intervención del Ayuntamiento como «intermediario» , algo que sí se está haciendo, según ha destacado el alcalde del municipio, Sarbelio Fernández. Presente en la protesta, ha asegurado que el consistorio «hace lo que puede dentro de sus competencias» y ha cargado contra la «pasividad» del Gobierno central en estos casos. «Nosotros estamos con los vecinos», ha asegurado en una protesta en la que podían leerse pancartas como «Arroyo, territorio okupa», «Los vulnerables somos nosotros» o «¿Quién nos ayuda?». Mientras, fuentes del Sareb aseguraron que ya han interpuesto 44 denuncias «civiles y penales» , a parte de las personas que han okupado sus viviendas, una vez que se ha comprobado que son «conflictivos». En los 16 pisos de su propiedad que están vacíos aseguran haber puesto «medidas de seguridad». Además, han firmado un alquiler social con una familia «vulnerable» que participa en un «acompañamiento social» -requisito obligatorio para que Sareb otorgue ese tipo de alquiler- y estudian, junto al ayuntamiento, «uno por uno» otros quince casos de este tipo. «Estamos trabajando intensamente en este asunto y lamentamos la situación complicada para los vecinos», aseguraron, tras recordar que los trámites judiciales y sus tiempos «no dependen» del Sareb. Señalaron también que en el caso de los pisos que tienen un contrato de alquiler con el anterior propietario se «subrogó» y son inquilinos legales.
