El Bloque Nacionalista Galego (BNG) registró este viernes en el Parlamento la comisión de investigación sobre irregularidades en las contrataciones de la Xunta. Mientras los nacionalistas la presentan como una cruzada por la «transparencia», los populares están seguros de que revelará la «demagogia y la mentira» del discurso de la oposición, al servicio del Gobierno central. Una herramienta con una eficacia cuestionable que, más que para arrojar luz sobre asuntos de interés público, funciona como una máquina de generar titulares. Parece que ahora sí es necesario activar el botón, apenas cuatro meses después y con más de tres años de legislatura por delante. O quizás el BNG se vio acorralado por el revuelo mediático que generó en torno a posibles favoritismos hacia familiares y allegados de miembros del PP en las contrataciones de la Xunta, conscientes de que no constituir la comisión de forma automática equivaldría a admitir que solo buscaban hacer ruido. «Si renuncian a ese derecho por enésima vez» , había declarado Alberto Pazos, el portavoz del Grupo Popular el pasado martes tras la votación en la Cámara, Pontón debería «dimitir». Pero como ya había avanzado Pontón, el BNG usó «la fuerza» de sus 25 diputados para registrar la comisión de investigación, siendo el requisito que la soliciten un tercio de los miembros de la Cámara que pertenezcan a un mismo partido, una modificación del reglamento aprobada en 2015 por el PP. Además de los contratos realizados durante la crisis sanitaria, investigará también un presunto sobrecoste millonario en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, y supuestas irregularidades en las contrataciones de la Xunta con la empresa Eulen, donde trabaja la hermana del actual líder nacional de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de Micaela Núñez, que entró en la empresa antes de que su hermano fuese presidente y actualmente es directora de la Zona Noroeste. Para ello, cuentan con el apoyo del PSdeG, que celebra que, después de «toda la ensalada de comisiones que se presentaron en esta legislatura», que apenas lleva medio año en marcha, esta sí se vaya a constituir, como ironizó su portavoz, Julio Torrado. Eso sí, en un intento de no quedarse a la sombra de un BNG que en las pasadas elecciones captó a gran parte de sus votantes, y todavía con el mal sabor de boca de haber tenido los peores resultados de la historia del partido en la Comunidad, quisieron dejar claro que los socialistas llevan «años» advirtiendo sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de la Xunta. «Se va a poner en marcha la comisión de investigación que los socialistas pedimos, que demandamos en el primer momento. Esta sí que es importante y celebramos que se entienda que estamos señalando las cosas importantes», esgrimió. Su partido, avanzó, pedirá la comparecencia de familiares de Alberto Núñez Feijóo. El objetivo de esta comisión, según declaró ante los medios la líder nacionalista tras registrar su constitución, es «arrojar luz donde el Partido Popular solo quiere que haya oscuridad» y «fiscalizar cómo se están gestionando los recursos públicos» de Galicia. Sin embargo, ya parecen considerar culpables a los investigados. En cualquier caso, la eficacia de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos es, como mínimo, cuestionable. No es necesario buscar mucho en la hemeroteca para encontrar ejemplos que terminaron en nada. Quizás el caso más mediático sea la de las cajas de ahorro de 2012, que aún no ha concluido. Se reactivó por tercera vez en 2020 pero, con el fin de la anterior legislatura, fue nuevamente extinguida. Otro ejemplo es la comisión de investigación sobre el pago de un viaje a Argentina de una agente electoral del PSdeG justo antes de unas elecciones municipales con fondos públicos de la Secretaría de Emigración. En 2008, la presión pública obligó al bipartito a aceptar su creación, aunque, de forma contradictoria, a la vez archivó la investigación interna de la Xunta al entender que se siguieron los «trámites habituales», como informó Ep en su día. Los populares tacharon esa comisión de «paripé» desde el principio, con unas normas aprobadas por quienes tenían mayoría en la Cámara en aquel momento: socialistas y nacionalistas, como marca el reglamento. Finalmente, optaron por llevar la causa a los tribunales. Un caso más reciente es la comisión de investigación sobre el accidente del Marisquiño en 2018, en Vigo. Aunque acabó acudiendo a la Cámara, el Consejo de Estado dio la razón al alcalde, Abel Caballero, que defendió en todo momento que, como cargo local, no estaba obligado a comparecer en el Parlamento autónomico. Con el secretario municipal ocurrió algo similar: se ausentó, pero la Fiscalía le dio la razón. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una comisión de investigación «no es un tribunal judicial», y que sus dictámenes en ningún caso son «vinculantes», tal y como destaca en conversación con ABC Carlos Ruiz Miguel, catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, una vez constituida, debe reflejar la composición de la Cámara, por lo que siempre tendrá mayoría el partido mayoritario. «¿Esto qué significa? Que una comisión de investigación puede estar abierta hasta que se termine la legislatura», momento en el que se extinguen las que continúan abiertas. Su resultado es previsible. En su opinión, a esta comisión realmente no le «augura nada» más allá de «la noticia de que se ha creado, y la noticia de que el PP bloquea su funcionamiento». En definitiva, una forma de hacer ruido, pero a la que le ve «un recorrido relativamente corto». Pero que lo más importante de las comisiones de investigación son los titulares que salen por el camino no es nada nuevo. Por algo el BNG ya ha avanzado –lo único que ha adelantado– que pedirá la comparecencia de Rueda y de Feijóo, y que su ausencia sería «una auténtica declaración de culpabilidad», un «escándalo» sin precedentes, incluso. Una decisión que desde el Partido Popular consideran, cuanto menos, «prematura», pendientes aún de conocer el plan de trabajo. «Me parece que hay comparecencias mucho más clarificadoras» a efectos de conocer «cuál era el proceder de unos y de otros», aseguró Pazos. «Tenemos todo el interés en que se conozca todo lo relacionado con la construcción del Álvaro Cunqueiro y también con la contratación. Creo que tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos y algunos de los que ahora demandan información, mucho de lo que avergonzarse» , aseveró, haciendo muestra de esa «tranquilidad» con la que el partido ha dicho en todo momento que se enfrenta a esta situación. Sobre la investigación, reiteró lo ya dicho en ocasiones pasadas, negando la existencia de ese sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro que, recordó, se hizo durante una profunda crisis económica. «Las únicas referencias a la palabra sobrecoste que aparecen [en el informe del Consello de Contas] son para evidenciar que no se produjo [...] y que la Administración nunca abonó un sobrecoste», indicó. También hay tranquilidad en las filas de los populares en lo que a los contratos de la Xunta durante la pandemia se refiere, «fiscalizados dos veces», y los realizados con Eulen. En el primer mandato de Feijóo, recordó Pazos, el importe de los contratos con esta empresa se redujo en un 65% con respecto a la legislatura anterior, la del bipartito, incidiendo en que «son datos públicos» que puede consultar cualquiera. «Esta comisión de investigación servirá para poner de manifiesto, una vez más, la demagogia y la mentira constante que domina el discurso de nacionalistas y socialistas. Más preocupados, parece ser, por servir de vasallos a Pedro Sánchez y por tapar a toda costa las vergüenzas e la corrupción» del presidente y su Gobierno, aseguró.
