Cada vez que los residentes más cercanos de la calle de Jaén oyen sirenas de coches de bomberos y comienzan a oler a quemado, automáticamente piensan en los okupas del edificio situado en el número 17. El mismo que el pasado domingo acabó calcinado y dejó una gran columna visible desde muchos puntos de Madrid. Sin embargo, la insalubre situació n que vive este terreno actualmente no ha frenado a estos individuos de volver a instalarse en el entorno del mismo. Los vecinos piden una solución urgente ante la degradación de la zona por la inseguridad que generan las prácticas de los que habitan en este solar. «Los bomberos nos contaron que había dos bombonas de 'camping gas'. No quiero imaginar qué pasaría en el barrio si eso explota », relata Rosa, vecina de la zona. A primera hora del domingo, este inmueble de dos plantas abandonado desde hace décadas –menos por un antiguo propietario que se negó a dejar su casa– empezó a arder. El grupo de 20 personas, «muchas de ellas de origen filipino», que había hecho de ese espacio, formado por dos edificios contiguos –uno de ellos tapiado tras el primer susto vecinal en 2022– y un patio trasero, su lugar de residencia ya había desaparecido cuando las llamas comenzaron a intensificarse. Tras horas de trabajo, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid consiguieron controlar el incendio, que se agravó por la presencia de chabolas –construidas a base de cartones y plásticos que van recolectando por la calle– y de toneladas de enseres tirados tanto en el patio interior como en el exterior y donde aún yacen calcinadas en este terreno. Los sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron a un herido leve por inhalación de humo. Algunos de los individuos residentes en estas construcciones pasaron la noche cerca de este edificio, en el solar que se encuentra en la calle Dulcinea. Al día siguiente, unos cuantos decidieron volver, no dando importancia al riesgo de caída de las ramas de los árboles calcinados o el intenso olor a quemado , que persiste varios días después. «No parece muy seguro, pero ellos verán», cuenta a este periódico una mujer, también vecina de esta zona de Tetuán y que ha mantenido algún contacto con estos individuos. «Suelen saludar cuando se van a trabajar y no dan muchos problemas», apunta. Lo cierto es que en los últimos tres años se han producido tres incendios y una muerte después de que una de las okupas golpeara a otra con una silla metálica. Esta situación, con la que los residentes de la zona conviven y que denuncian desde hace más de un lustro, no ha tenido ninguna mejora desde las primeras quejas. «Al contrario», insisten los vecinos a este periódico, pues no se encuentra entre los planes de estos 'inquilinos' abandonar el fortín que han montado, degradando la zona cada vez más. Este mismo verano, la cerradura de una vivienda en el número 11 de la calle de Jaén apareció forzada. Algunos de los individuos que residían en las infraviviendas situadas a pocos pasos del mismo decidieron meterse en ella. Al ver que no existía la posibilidad a corto plazo de que este problema se solucionara, Rebeca decidió hacer las maletas después de cuatro años en el mismo piso. «La situación se estaba volviendo insoportable. Es la razón fundamental por la que me fui de esa casa», asegura esta mujer, que se instaló en Tetuán hace 9 años. Al principio, a los vecinos les resultaba extraño descubrir a esta gente accediendo al inmueble de maneras «poco normales», pero tan solo actuaban como si no lo hubieran visto. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, esta situación, más que resultar desconcertante, asustaba a todo aquel que pasara por la zona. El vaivén de estos residentes ilegales en su bloque e incluso que le sorprendieran toxicómanos consumiendo tanto en su soportal como en las escaleras del interior, se transformaron en razones para que Rebeca tomara una decisión cuanto antes. «Tenía que saltar a personas para poder salir de mi edificio», relata. El problema de tener esta chatarrería a las puertas de las viviendas no solo espanta a los inquilinos, sino que también desvaloriza la zona –muy cercana a Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios– al nivel que las ventas «salen regaladas», apunta Rosa, vecina de Tetuán desde hace más de 40 años. «A mi suegra le costó muchísimo vender su piso. Nadie quiere salir al balcón y ver este callejón lleno de basura», determina a este periódico. Colchones, microondas, sillas, neumáticos y kilos de ropa se amontonan en el callejón que se adentra a este terreno y en el patio interior del mismo, junto a las chabolas que han vuelto a resurgir entre los objetos calcinados tras el incidente del domingo. Estos enseres, muchos de un material fácilmente inflamable, son los que, junto a la vegetación y pastos del terreno, empeoran la situación durante los incendios que se han producido en este espacio. Por si todo esto fuera poco, tras controlar esta situación, según cuenta Rosa, los bomberos se percataron de la presencia de dos bombonas pequeñas azules, las de 'camping gas'. «No me quiero imaginar qué pasaría en el barrio si eso llega a explotar», determina inquieta esta vecina. A la inseguridad que genera este tipo de incidentes, que han obligado en más de una ocasión a evacuar edificios colindantes, o las agresiones y discusiones entre los propios okupas, se le suma también la suciedad y el trapicheo de droga . «En verano es imposible pasar por aquí por el fuerte olor que hay. Hemos visto ratas del tamaño de gatos», cuentan los vecinos. El constante tránsito de individuos que buscan adquirir drogas en esta colonia okupa también hace que los vecinos eviten el callejón que hace de entrada al inmueble abandonado, punto donde en más de una ocasión Rosa asegura haber visto a los toxicómanos «de siempre» , disimuladamente, hacerse con estas sustancias. Este negocio ilegal fue lo que desató en febrero de 2022 un grave incendio y el primero que movilizó al vecindario contra estos individuos. Una de las mujeres, a la que llaman Aurora, fue detenida por encender fuego en el entorno de este edificio después de que se negaran a venderle droga. Tras años de quejas y llamadas a la policía, muchos de ellos ya tiran la toalla. La razón principal reside en no saben a quién culpar. «A estos filipinos no se les puede hacer nada ¿Qué le quitas a alguien que no tiene nada?», señala el camarero de un bar cercano a este problemático espacio. El dueño de este terreno, quien debería responder por el mantenimiento del mismo, entró en concurso de acreedores en 2006. Por ello, no se podrá tomar ninguna medida contra esta alarmante situación hasta que un juez determine quién es el responsable oficial de esta propiedad. Esta resolución, informan fuentes municipales a este periódico, tendrá lugar «próximamente» . Mientras tanto, los vecinos que no opten por marcharse lejos de este inmueble, deberán seguir rezando por que este procedimiento judicial se resuelva lo antes posible.
