El contrato con una gran empresa de infraestructuras que aportó Koldo García a la Audiencia Nacional para sostener que la consultora de su mujer, Patricia Úriz, no es una tapadera de comisiones ilícitas fruto de las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión esta teniendo recorrido. Tanto el juez instructor Ismael Moreno como la Fiscalía Anticorrupción consideran que el documento «no permite confirmar» si efectivamente tenían una actividad empresarial real y por eso, han optado por enviar a la Guardia Civil a averiguar en la constructora qué servicios le prestaron y por qué remuneración. Tal y como reveló ABC, Koldo alegó en la Audiencia Nacional que entró a trabajar en la consultora Erikapat, creada por su mujer en 2022, en noviembre del año pasado. Ese mes, la empresa firmó un contrato de consultoría con Grupo de Empresas Azvi, un conglomerado de origen andaluz especializado en infraestructura ferroviaria y tradicional adjudicatario del Ministerio de Transportes que tiene un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados. Las condiciones, 6.000 euros al mes con una prima de éxito del 0,75 por ciento del monto total de cada proyecto que consiguiera, hasta un máximo de 350.000 euros por operación. A cambio, Erikapat, de la que en los informes policiales no predican empleados, debía realizar «análisis de mercado y búsqueda de potenciales clientes». No bastaba con hacer listados de objetivos, tendría que producirse una «intermediación efectiva». Cabe recordar que ni Patricia Úriz ni Koldo García tienen en su archivo de vida laboral referencias a experiencia alguna en consultoría. «La documentación aportada (contrato de consultoría firmado por Dña. Patricia Uriz Iriarte en representación de Erikapat Consultoría Internacional, S.L. con la mercantil Grupo de Empresas Azvi, S. L.) no permite confirmar la realidad de las afirmaciones realizadas, es decir, se sigue desconociendo cual es, o era, la realidad de la actividad de esta sociedad , así como la naturaleza de los servicios que el investigado Koldo García Izaguirre pudiera prestar a la misma», dice el informe de Anticorrupción al que tuvo acceso ABC, Refiere que «lo único que consta en las actuaciones respecto a la indicada sociedad son los informes elaborados por la unidad policial» y lo que señala es que «forma parte del entorno patrimonial del matrimonio» y que ella es la administradora de la empresa, que lleva el nombre de la hija que tienen en común. De ahí que propusiera al juez que la Guardia Civil compruebe con Azvi si Koldo García y Erikapat han hecho algún trabajo para ellos y lo han cobrado. Eso es lo que acuerda el juez instructor, que en una providencia a la que tuvo acceso este diario, oficia a la Guardia Civil «al objeto de que realicen las gestiones necesarias con el Grupo de Empresas Azvi S. L. (Manuel Contreras Caro) a fin de comprobar si por parte de Koldo Garcia Izaguirre así como por parte de la entidad 'Erikapat Consultoría Internacional S.L.' les han prestado algún tipo de servicio y, en su caso, naturaleza del servicio y cantidades que se han abonado por los mismos, de todo lo cual se aportará el oportuno informe». El contrato, en todo caso, fue rescindido por Azvi el pasado febrero, según explicó la compañía a ABC, cuando al estallar la operación Delorme y la detención tanto de Koldo García y su mujer junto a varios empresarios, la constructora entendió vulnerada la cláusula de compliance del acuerdo que veta de forma explícita prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional, y en concreto, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.
