La Junta de Castilla y León recurrirá el 'impuestazo' a las energéticas si se permiten bonificaciones en las comunidades forales

Antes incluso de que materialice, en la Junta de Castilla y León ya tiene claro que ni gusta ni comparten las intenciones del Gobierno central de convertir en permanente el impuesto a las energéticas , el conocido como ' impuestazo ', que tantas críticas ha despertado también en el seno de las compañías. Así que, desde el Ejecutivo autonómico ya han puesto en marcha la maquinaria para recurrir en vía judicial este tributo en caso de que se haga efectivo y en él se contemplen, como se ha apuntado, que los territorios forales puedan aplicar bonificaciones en este sentido. Algo que podrían hacer, en principio, País Vasco, al tener su propio sistema de recaudación, pero del que quedarían excluidas el resto de autonomías, pues tienen «prohibido». Y por ahí no pasa la Junta de Castilla y León. « No podemos permitir la desigualdad entre españoles y que por la debilidad del Gobierno se lleve a la ruptura de la igualdad entre españoles», ha recriminado este jueves en este sentido el portavoz del Ejecutivo castellano y leonés , Carlos Fernández Carriedo . Abrir la vía a que los territorios forales puedan puedan aplicar beneficios fiscales en este tributo «supondría la ruptura de la igualdad, una nueva ruptura del principio de equidad », ha reprochado el también consejero de Economía y Hacienda, quien ha censurado que habría quince autonomías -el resto- que estarían «perjudicadas». Así que en el habitual Consejo de Gobierno semanal se ha dado el pistoletazo para iniciar el procedimiento por parte de los servicios jurídicos de cara a interponer ese recurso una vez se tenga el texto. Además, Carriedo ha asegurado que este impuesto permanente a las energéticas «perjudica al conjunto de España» y ha apuntado que ya ha habido «diversas» inversiones que se podrían llevar fuera del país. «No podemos permitir la desigualdad entre españoles», ha incidido el portavoz de la Junta de Castilla y León, quien ha enmarcado este tributo en la situación de «debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez y la negociación para los Presupuestos Generales del Estado para 2025, de los que todavía no ha detalles.