El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, ha reclamado una reforma legal que permita imponer multas coercitivas, «como medida de ejecución forzosa», a la Administración en caso de no aportar información pública de manera injustificada. Rodríguez Álvarez ha hecho la reclamación en el Congreso de los Diputados, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública, donde ha hecho balance de la situación del organismo que preside. Ante los representantes de los distintos partidos, el presidente del Consejo de Transparencia ha considerado que la ley de Transparencia de 2013 supone una «base sólida» pero tiene «lagunas y deficiencias técnicas». En los círculos de expertos en Transparencia ya existe «un alto grado de consenso» sobre lo que debe cambiar, ha afirmado Rodríguez Álvarez, quien también ha considerado que «la fase intermedia de la construcción de nuestro sistema de transparencia» ha acabado y el proceso de reforma debe comenzar «ya». Ha instado a PSOE y Partido Popular, quienes coinciden en sus programas electorales por la apuesta por la transparencia, en que se pongan de acuedo para sacar adelante el Anteproyecto de Ley de Reforma Abierta impulsado por el partido del Gobierno en la que está previsto incluir la reforma de la ley de Transparencia. El presidente del Consejo de Transparencia aportó los datos sobre la actividad del órgano en 2023 y criticó el elevado número de casos en que los ciudadanos acuden a solicitar información porque los sujetos obligados no han contestado en el plazo previsto, por lo que sus solicitudes son denegadas por silencio administrativo. Estos casos se dan en un 33,7% de parte de administraciones de ámbito estatal y en un 85,4% de organismos públicos regionales o locales. Rodríguez Álvarez afirmó que estas situaciones son «muy criticables» porque obligan al solicitante a reclamar, provocan un retraso que hace que la información reclamada pierda valor y se consumen innecesariamente recursos públicos. El año pasado, cuando el Consejo vio incrementada su plantilla con dos personas, ahora son 29 funcionarios más el presidente, se presentaron 1.886 reclamaciones de información, un 62% de ellas sobre entidades de ámbito estatal. La mayoría de ellas se refirieron a procesos selectivos, dopaje en el deporte, viajes de altos cargos, publicidad institucional, consultas del ámbito sanitario y pocas, aunque el presidente del organismo quiso destacarlas, sobre el uso de algoritmos e inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas. El 71% de las consultas las realizaron personas físicas (de ellas, sólo un 19% mujeres) y el 29% personas jurídicas. Entre las personas físicas, destacaron las solicitudes realizadas por periodistas y representantes sindicales. Rodríguez Álvarez recordó que el CTBG publica cada tres meses en su página web el seguimiento de las resoluciones firmes y vinculantes que, pasados tres meses, no se han cumplido. Algo insuficiente, consideró, para una práctica «injustificada» contra la que reivindicó la reforma legal que incluya multas. El portavoz del Partido Popular en la Comisión recordó «graves incumplimientos» del Gobierno al no aportar información aprobada por el Consejo de Transparencia, como la referida a los detalles de un viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Nueva York; el número de asesores adscritos a la Presidencia del Gobierno; la carta remitida al Parlamento Europeo sobre las lenguas cooficiales; las participaciones en empresas, fondos y acciones de los miembros del Gobierno o las circulares enviadas a los consulados sobre la Ley de Memoria Democrática.
