La Guardia Civil, dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Plan PACIAP), ha denunciado al patrón de una embarcación pesquera de Alicante por presuntamente comercializar boquerón inmaduro , una práctica que vulnera la normativa de sostenibilidad de especies marinas. La investigación comenzó hace varios meses, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil recibió información sobre una embarcación pesquera que estaría realizando ventas de pescado de talla inferior a la reglamentaria . Tras corroborar la información, el SEPRONA estableció un seguimiento minucioso del barco. El pasado martes, la patrulla de Monóvar recibió un aviso sobre una posible descarga de pescado inmaduro en la lonja de Torrevieja . A la llegada de los agentes, el barco investigado ya había abandonado el puerto tras la negativa de la lonja a aceptar la mercancía, debido a que no cumplía con la normativa de comercialización. Según los primeros indicios, el patrón de la embarcación se dirigió hacia la lonja de San Pedro del Pinatar, en Murcia. A través de labores de seguimiento, los agentes confirmaron el atraque de la embarcación en San Pedro del Pinatar. Al sospechar que la descarga ilegal se había realizado en este puerto, los agentes inspeccionaron la lonja a las 15:30 horas, en colaboración con el inspector del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia . Durante la inspección, se encontró una cámara de almacenamiento cerrada que contenía siete cubetas de boquerón sin documentación. Un trabajador de la lonja informó que el pescado pertenecía a la embarcación investigada y que, al no cumplir con la talla mínima, estaba destinado a la producción de harina de pescado, de lo cual ya se había informado al responsable de la lonja. Un muestreo de las cubetas mostró que el promedio era de 146,7 ejemplares por kilogramo, superando el límite permitido de 125 ejemplares por kilogramo. En total, se incautaron 1.901 kilogramos de boquerón inmadur o, la mayor incautación de este tipo de pescado en la provincia de Alicante por la Guardia Civil. Además, se comprobó que el patrón de la embarcación había reportado a la Delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Murcia solo movimientos básicos entre puertos , omitiendo la presencia de tallas ilegales en su carga. Esta falta de transparencia apuntaba a que podría haber sido vendido fuera del mercado legal. Como resultado, las capturas fueron inmovilizadas y depositadas para su destrucción, debido a su alta perecibilidad. Además, por estos hechos, el patrón de la embarcación se puede enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros . La Guardia Civil reitera su compromiso con la vigilancia de la normativa pesquera para preservar los recursos marinos, promover el equilibrio en los ecosistemas acuáticos a largo plazo y garantizar la cadena de comercialización legal de estas especies.
