La Mesa del Congreso de los Diputados , el órgano rector de la Cámara Baja, ha aprobado en su reunión de este martes la decisión de personarse contra el recurso de inconstitucionalidad del PP a la ley de amnistía por el 'procés', admitido a trámite la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC). La Mesa, con mayoría del PSOE y Sumar, da este paso tras aceptar su estudio el órgano de garantías. Los populares, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, habían pedido que al menos se elevasen los argumentos de los dos partidos que toman la decisión y no los de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, que serán los que finalmente se incluyan en el escrito de personación. El Congreso puede acudir directamente como parte actora en el proceso de la amnistía, según explican a este diario desde el entorno de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol. Desde el inicio de la tramitación de la ley, el letrado mayor de la institución, Fernando Galindo —nombrado días antes de la calificación de la norma y procedente de un puesto en el actual Gobierno—, avaló el debate de la amnistía, a pesar de que su antecesor en el cargo recomendó su inadmisión la anterior legislatura —criterio al que se adhirió el PSOE— por chocar con la Constitución. La amnistía, que el Ejecutivo tachaba de «claramente inconstitucional» antes de las elecciones del 23-J, tras las que Pedro Sánchez solo podía revalidar su cargo si incluía a Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, entre sus apoyos, prosperó en el Congreso entre fuertes críticas de PP y Vox, pero fue vetada por el Senado, que incluso amagó con elevar ante el TC un conflicto de atribuciones, precisamente por considerarla contraria a la Carta Magna. La Cámara Baja levantó el veto y la aprobó definitivamente y, por ahora, los jueces la están aplicando con la salvedad del delito de malversación, que según ha determinado el Tribunal Supremo no tiene cabida en la norma. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite la semana pasada por el órgano de garantías, que, sin embargo, rechazó la recusación del magistrado José María Macías, que sigue designado como ponente del mismo. La Mesa del Congreso decide ahora personarse contra el procedimiento de los populares.
