Las principales cadenas de supermercados , a través de dos entidades en las que se integran Mercadona, Consum. Lidl o Aldi, piden que las donaciones que han realizado las empresas y los trabajadores a afectados por la DANA en Valencia, así como las ayudas directas a los pequeños comerciantes, estén exentas de impuestos . Así consta en un manifiesto firmado por la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) que se ha remitido este martes al Gobierno y a la Generalitat Valenciana. Ante los efectos catastróficos de la barrancada del 29 de octubre, estas empresas hacen un llamamiento para que todas las administraciones insistan en las medidas de atención «preferente y urgente» a los damnificados, incluyendo al comercio especializado. Los planes millonarios han puesto en marcha para aliviar la situación que sufren algunos de sus empleados, afirman, se enfrentan a una «grave inseguridad jurídica». De momento, explican, el Ministerio de Hacienda no ha aclarado «el régimen fiscal que va a ser de aplicación a las ayudas económicas o donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados». En ese sentido, reclaman que esas aportaciones estén exentas del impuesto de donaciones y del IRPF, puesto que en caso contrario, «se podría dar la situación de que la ayuda fuera objeto de retención y de tributación, reduciendo de facto el volumen de la cuantía económica». El documento recoge también las cifras de los supermercados afectados: de 226 tiendas que operan en la zona, 88 han resultado dañadas y 39 registran la pérdida total de sus equipamientos, con daños estimados hasta el momento en unos 95 millones de euros . Las empresas piden que se empiece a trabajar ya en un protocolo de actuación ante situaciones de crisis provocadas por catástrofes, con líneas de acción «claras, seguras y fiables sobre cómo actuar ante cada amenaza». A su juicio, este debería incluir un liderazgo en la comunicación que evite episodios de compras de acopio, que son «innecesarias, ineficientes e insolidarias», así como «la difusión de bulos y la utilización de la información con fines diferentes al servicio público».
