La debilidad del Gobierno ha llevado a que la situación se resuma así: los socios ordenan y Sánchez obedece. Es lo que pasó en el caso de la próxima transferencia a los Mossos de puertos y aeropuertos, como pedía ERC, y es el caso del control total de la inmigración que llega a Cataluña, como ha ordenado Junts si Sánchez quiere agotar la legislatura... de momento, claro. Ya crecidos, en el partido de Puigdemont han subido un poco la apuesta y, además de tener competencia exclusiva sobre quién entra y quién no a Cataluña, intentarán que el catalán sea un requisito obligatorio para instalarse en esa comunidad. No bastará por tanto con el castellano, lengua oficial en todo el Estado español. Las contorsiones legislativas que haya que hacer se harán, pues en principio cuentan con la mayoría para ello; pero eso obligará a otras cesiones a los socios no afectados por la medida. Otro muro en la construcción de la España confederal por la puerta de atrás.
