La votación del idioma base para la enseñanza en las aulas de la Comunidad Valenciana -convertido en una suerte de referéndum sobre la inmersión lingüística en catalán- ha registrado 4.145 alegaciones que paradójicamente reclaman que las familias no elijan, la suspensión de la consulta. Aunque entidades nacionalistas como el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han valorado que este número de objeciones (el 99% reclama anular la votación, 4.111 exactamente) es representativo del conjunto de la comunidad educativa, las cifras reflejan que ese sentir está lejos de aglutinar a la mayoría: con más de 860.000 alumnos y 65.000 docentes, este grupo de población supera de largo las 900.000 familias. También señala esta organización de profesores que «muy probablemente, las alegaciones se hubieran incrementado si se hubiera abierto el plazo en periodo lectivo y no en plenas vacaciones de Navidad ». El informe de valoración de las alegaciones recibidas durante este trámite de información pública que ha realizado la propia administración, constata «de manera explícita o implícitamente, varias argumentaciones y consideraciones en las cuales se concluye su voluntad que no tenga continuidad la tramitación del proyecto de orden». Como contestación, la Conselleria de Educación, alude a varias disposiciones de la Ley de Libertad Educativa que establecen la realización de esta consulta a los progenitores y que llevan a desestimar las citadas alegaciones, «puesto que se tiene que proceder a la continuidad en la tramitación del proyecto normativo», sostiene. No obstante, puntualiza que 25 de las argumentaciones anteriores expresan como motivo principal posibles dificultades para la realización de la consulta en los centros docentes afectados por la dana . En consecuencia, «este aspecto se considera tiene que ser abordado expresamente en el proyecto normativo mediante la adición de una nueva disposición adicional, mediante la cual se establezcan las medidas oportunas para la participación de las familias afectadas con todas las garantías», determina la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística. Asimismo, el informe detalla que una docena de observaciones expresan opiniones relativas a cómo debería aplicarse la normativa en cuanto al uso vehicular de la dos lenguas cooficiales. Al respecto, Educación apunta que estas cuestiones no son objeto del proyecto normativo, por lo que también las rechaza. Igualmente, desestima otras 18 alegaciones que abordan la presencia del valenciano y castellano en la enseñanza, aspectos que tampoco centran el proyecto de orden. Finalmente, una aportación expresa su desacuerdo con los criterios de desempate en los casos de alumnado que haya elegido la misma lengua pero que no obtenga plaza. La administración contesta que la propuesta no incluye ninguna alternativa. Dos aportaciones piden información veraz y un período regulado para la información a las familias previa a la consulta, cosa que, según resalta la Conselleria, ya se recoge en el proyecto normativo. La última aportación presentada «no contiene ninguna información inteligible», concluye el documento. El STEPV considera que el conseller de Educación, José Antonio Rovira , «tiene que dimitir y el gobierno valenciano debe cambiar radicalmente sus políticas en materia de educación y trabajar para aplicar inmediatamente los acuerdos de plantillas docentes, reducir las ratios de alumnado, mejorar el salario y otras condiciones laborales del profesorado, derogar la ley de libertad educativa y apostar por la enseñanza en valenciano , impulsar la rehabilitación y reconstrucción de los centros afectados por la dana y de aquellos otros que lo necesitan y eliminar el distrito único segregador». STEPV avisa de que no descarta impulsar la convocatoria de nuevas movilizaciones para conseguir estos objetivos, después de posicionarse con nitidez a favor de uno de los idiomas sin que decidan las madres y los padres. Por su parte, Famílies pel Valencià reprocha que el informe «se ha realizado con una rapidez y celeridad insólitas, puesto que el plazo para presentar las alegaciones finalizó el pasado viernes, día 3 de enero». Además, desde la asociación consideran que las respuestas «no están muy argumentadas ni motivadas, ya que se han cogido prácticamente todas las alegaciones de manera única a pesar de que muchas de ellas daban diferentes argumentos para exigir la retirada de esta orden». El colectivo cree que esta respuesta «constata la voluntad decidida y clara de la Conselleria para hacer la consulta en la mayor brevedad posible» y lamenta que «no ha escuchado la voz de la comunidad educativa, que se ha manifestado contundentemente pidiendo la retirada de la orden y, por lo tanto, de la consulta». De nuevo, un número de alegaciones proporcional a un 5% de la población concernida es considerado un clamor generalizado. Por consiguiente, Famílies pel Valencià anuncia que seguirá con los actos previstos en todas las comarcas para «denunciar esta consulta sobre la lengua base e informar las familias de las numerosas ventajas que tiene la enseñanza en valenciano ».
