La vivienda aparece, sin duda, entre los problemas más acuciantes que afectan a la sociedad española en estos momentos. Y supuestamente también forman parte de las inquietudes y objetivos de las diferentes administraciones, al menos de forma aparente y centrados en importantes anuncios como una Empresa Pública de Vivienda del Gobierno central y otras iniciativas de administraciones autonómicas e incluso municipales. Al complicado acceso, por los elevados precios, a la compra o el alquiler de una vivienda se une además aquello que atañe a las empresas constructoras, afectadas por varias cuestiones como la falta de suelo para levantar nuevos planes residenciales o la complicación para hacer frente a la mano de obra necesaria en el caso de un repunte de la actividad. Para hablar de estos asuntos de actualidad, ABC se ha puesto en contacto con Manuel Carmona, presidente de Federación Regional de Empresas Constructoras (Fereco). — La Federación regional estuvo reunida hace unos días con el consejero de Fomento, Nacho Hernando. ¿Cuáles son las principales cuestiones sobre las que se habló y las más relevantes para el sector? —Esta reunión se enmarcó en la lealtad y colaboración que mantenemos con las diferentes administraciones para tratar todo aquello que afecta al sector, como representantes de las empresas de construcción en Castilla-La Mancha. Porque el sector de construcción es vivienda, que quizá es donde siempre se pone el foco mediático, pero también es urbanismo, obra civil, obra pública o rehabilitación . Por ello, además de conocer los planes inversores de la Junta en Fomento, una vez aprobados los presupuestos, hicimos balance de algunas líneas de trabajo conjuntas, como el Plan 10.000, con más de un 40% de objetivo alcanzado, o del seguimiento de los fondos europeos en materia de rehabilitación. Nuestras principales reivindicaciones en estos ámbitos siempre van en la misma líneas: interlocución y colaboración a la hora de publicar normativa, para que conozcan la realidad de las empresas y, sobre todo, celeridad en las tramitaciones y procedimientos administrativos. Y he de decir que esta lealtad institucional es mutua, pues desde la Consejería de Fomento nos tienen en cuenta cuando se trata de legislar en medidas que nos afectan. — Ha coincidido además con diferentes propuestas de las instituciones que afectan a la vivienda. Por un lado, desde Castillla-La Mancha el presidente, Emiliano García-Page, propuso en la Conferencia de Presidentes autonómicos un decálogo sobre la vivienda. ¿Qué destacaría de estas propuestas? —Tal y como dijo el Consejero de Fomento en sus declaraciones previas a los medios en esta reunión, algunas de esas medidas han salido de conclusiones y propuestas realizadas desde nuestra Federación, sobre todo aquellas relacionadas con la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en el mercado. Por eso, dentro de estas medidas, nos parece muy importante y urgente la realización de un inventario de suelo en manos de las distintas administraciones para conocer realmente de cuánto suelo se dispone para poner en carga, pues muchas veces ni las propias administraciones son conscientes de su patrimonio público de suelo. Por supuesto, medidas para la agilización de licencias que lastran la construcción de viviendas, y que hace que no seamos capaces de conocer el tiempo en el que vamos a poder poner una vivienda en el mercado desde que se empieza a desarrollar el suelo. Y por supuesto, políticas de colaboración público-privadas que permitan que a través de esta coordinación se produzca vivienda asequible en suficiente cantidad para atender las necesidades de todos los colectivos, especialmente de los jóvenes. — ¿Solo días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una empresa pública de la vivienda ¿Le parece un instrumento viable y útil? A su juicio ¿Qué condiciones debería tener? —Tal y como se manifestó nuestra asociación nacional, la Asociación de Promotores Constructores de España, para que podamos hacer una valoración real del anuncio es necesario conocer con qué dotación presupuestaria va a contar dicha empresas, qué instrumentos jurídicos va a poseer para actuar en tanto en cuanto las competencias en vivienda y urbanismo son de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, incidir en que más que anuncios a futuro, es mucho más urgente actuar inmediatamente sobre el marco jurídico y regulatorio que retrasa tanto la producción de vivienda. Al final, la puesta en marcha de una empresa pública, más los trámites que conlleva el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda, hacen que estemos hablando de unos plazos que quizá se alargarían en el tiempo , cuando es mucho más preciso actuar ya sobre las deficiencias y la ineficacia que están demostrando algunas políticas puestas en marcha que no están dando los resultados esperados. — Una de las cuestiones principales es la puesta a disposición de suelo, por no hablar de la financiación ¿Cree que son las dos cuestiones capitales? —Son dos cuestiones capitales por cuanto por ellas pasa la posibilidad de que, desde el sector privado, se pueda construir vivienda asequible que poner en el mercado. A ello añadiría, como ya he dicho antes, la necesidad de agilizar licencias y procedimientos, porque de nada sirve tener financiación y empresas para construir si luego la licencia tarda un año o 18 meses, en el mejor de los casos. Hay que facilitar, siempre desde el control legal, estos procesos administrativos para que no sean interminables , y buscar la colaboración de, por ejemplo, entidades externas de control en materia de licencias cuando haya administraciones que no pueden responder en plazos aceptables o en los que marca la ley. — Sabiendo los problemas sobre todo de personal ¿Está el sector preparado para objetivos como estos? —El sector se enfrenta al reto de atraer trabajadores, sobre todo jóvenes, ante la falta de personal en las empresas. Pero hay que decir que pese a esta falta de personal, la construcción emplea a 70.000 trabajadores en Castilla La Mancha y un millón trescientos mil en España, lo cual da una idea del peso del empleo y su importancia como motor económico. Pero queda mucho por hacer, sobre todo en determinados oficios en los que se ha producido una jubilación de trabajadores sin que haya habido relevo. El sector se está transformando y digitalizando, se ha profesionalizado , tiene un convenio estable con buenas condiciones laborales y económicas, un plan de pensiones sectorial y obligatorio para todos los trabajadores y otros alicientes que esperamos que puedan atraer a trabajadores. Pero es cierto que muchas empresas no están creciendo ni abarcando más obra ante la falta de personal para ejecutarla. — Al margen de las propuestas de futuro ¿Cómo definiría la situación actual del mercado de la vivienda? —En vivienda corremos el riesgo habitualmente de extrapolar las noticias de Madrid, Barcelona y otras grandes áreas metropolitanas, al resto de territorios por la atención mediática que concitan. Pero a nadie escapa que los problemas de esas grandes capitales no tienen nada que ver con un gran porcentaje de nuestra región en riesgo de despoblación o con capitales de provincia como las nuestras. Por eso siempre pedimos que las políticas de vivienda deben ir pegadas al territorio , pues no todos los sitios requieren las mismas medidas o las mismas soluciones. Se habla de zonas tensionadas de alquiler y, por ejemplo, en un 40% de la región no hay ni datos fiables sobre precios de alquiler pues es un mercado residual. Por ello, como digo, es importante dialogar las medidas, trabajarlas y también evaluar sus resultados. Me refiero con esto a que, un año después de la puesta en marcha de la Ley de Vivienda estatal, creo que los resultados deberían hacer pensar que hay que retocarla o cambiarla para adaptarla al escenario real . Se conocían el otro día los datos de transacciones de vivienda de los últimos meses, con unas subidas espectaculares, pero estudiando dichos resultados había un dato muy llamativo: solo el 25% de esas compras de vivienda eran obra nueva, porque el resto eran segundas transmisiones de vivienda usada. Las conclusiones están claras: primero, que falta oferta de vivienda nueva. Y segundo, que muchos particulares están sacando del mercado del alquiler su vivienda para ponerla a la venta , ante la falta de seguridad jurídica. Y esto un año después de la puesta en marcha de la ley de vivienda que quería impulsar el mercado del alquiler. Estos datos nos deberían hacer reflexionar.
