La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha mantenido en sus conclusiones definitivas su petición de pena de 10 años de prisión para el exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, a quien se juzga desde la pasada semana en la Audiencia Provincial de Guadalajara, acusado de los delitos de malversaciones de fondos, falsificación documental y prevaricación. En principio, está previsto que la vista oral finalice este martes, jornada en la que tendrá lugar la sexta sesión de la causa en la que junto a San Vidal se juzga a otras cuatro personas , para las que se contemplan penas de entre dos años y medio y cinco años. Este lunes concluía una nueva sesión de casi cinco horas de duración con la presentación de las pruebas documentales y con la exposición de las partes que representan a los acusados para ver si querían modificar sus peticiones de pena, que este martes justificarán en sus respectivos alegatos. No obstante, si bien el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de pena de 10 años de prisión para el acusado Víctor San Vidal, lo ha hecho sustituyendo la calificación de unos de los delitos que en vez de por malversación, en uno de los casos, irá por administración desleal, con la misma petición de pena, y ha anunciado también que corregirá, en el caso de la inhabilitación, las peticiones de cinco a ocho años por peticiones de ocho a nueve años. Al igual, el resto de las partes también han manifestado su intención de mantener sus conclusiones provisionales y elevarlas a definitivas, entre ellos, la Defensa, que solicitará la absolución para San Vidal, quien si bien ahora esta siendo juzgado para estos hechos, el pasado año dejaba el cargo como regidor del municipio después de que la Fiscalía emitiera un comunicado en el que anunciaba que lo iba a investigar por los supuestos delitos de 'acoso laboral o trato degradante', a raíz de difundirse un vídeo en el que se le escucha insultar a gritos a una empleada municipal. Este lunes, se sentaron en el banquillo de los acusados para prestar declaración tres de los cinco que aún faltaban por hacerlo. El pasado viernes lo hizo San Vidal y la secretaria interventora, A.M.C.C. y en esta jornada lo ha hecho el entonces jefe de Protección Civil, M.C.J.; su madre, M.A.J. B., y el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas, A.V.R., para quienes se pide penas de entre dos años y medio y cinco años. Han sido casi cinco horas de juicio en el que se han presentado pruebas documentales, audios de conversaciones y transcripciones tanto referidas al exalcalde hablando con otras personas como referencias a alguno de los otros acusados, admitiendo en todo caso San Vidal que tenían «un papelón» en referencia a alguno de los acontecimientos por lo que se le imputa. Una jornada en la que el primero en declarar de los tres acusados que aún quedaban pendientes de ello ha sido el jefe de Protección Civil, acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación por administración desleal, quien, en su declaración ha remarcando que nunca ha recogido dinero en efectivo del Ayuntamiento ni había recibido ningún pago o gratificación del mismo así como que tampoco se había apropiado ni detraído cantidad alguna. Al igual, ha dicho que nunca ha intervenido ni se confabuló para que el alcalde u otros se apropiaran de nada ni tampoco pidió trato de favor para la contratación de su madre como colaboradora en unos cursos ni tampoco en causar daño patrimonial al Ayuntamiento. Una declaración en la negado que él tuviera acceso a los datos del Ayuntamiento o a programas que no le hubieran sido asignados como responsable de Protección Civil como el Gestiona, ni tampoco al del padrón o al de contabilidad, y ha asegurado igualmente que «nunca» ha recogido dinero en efectivo del Consistorio y que cuando fue detenido, él mismo facilitó a la Guardia Civil el usuario y la contraseña cuando le preguntó el agente cómo se accedía a los ordenadores para poder realizar la investigación. Una sesión en la que la segunda en declarar ha sido la madre del jefe de Protección Civil, A.J.B., quien ha apuntado en su declaración que ella tetetrabajaba, de ahí que no conociera a mucha gente del curso para el que se la contrató como apoyo. Ha dicho que su trabajo consistía fundamentalmente en meter datos a través del programa facilitado por el gestor del curso. Una vista en la que también declaró como acusado el formador del curso, A. V.R., asegurando desconocer que dicho curso para el que se le iba a contratar se hacía con una subvención y que en cuanto supo que no se había dado, quiso devolver el dinero que ya había recibido con antelación pero lo reingresó cuando le detuvieron y con los intereses correspondiente. Ha asegurado que si no lo hizo antes fue porque le dijeron que esperara a que se abriera el expediente de reintegro. «En ningún momento hubo ánimo de quedarme con algo», ha subrayado, asegurando desconocer también las personas que había apuntadas en el mismo y tener alguna relación con ellas. Además, también ha negado que el alcalde le diera instrucciones en algún momento sobre quién tenía que seleccionar. En principio, es previsible que este mismo martes el juicio pueda quedar visto para sentencia.
