El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, defendió ayer una carga fiscal «homogénea» en todo el territorio nacional para que no existan beneficios fiscales «en función del territorio» ya que «no hay derechos de los territorios sino de las personas», y estas «tienen que tener una carga fiscal de carácter homogéneo». Así lo señaló durante la presentación ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes del informe sobre los beneficios fiscales en Castilla y León en 2021, donde no quiso poner en cuestión la cantidad de beneficios fiscales existentes en la Comunidad sino la «distinta carga fiscal en función del territorio», porque supone otorgar «privilegios a unos ciudadanos sobre otros en función del territorio que habitan». En todo caso, Amilivia, en declaraciones recogidas por Ical, pidió mayor transparencia a la Junta en relación a los incentivos fiscales en la Comunidad ya que aunque el diagnóstico en España es «muy similar» al de Castilla y León, «no es consuelo» y se debe «impulsar la transparencia» en materia de beneficios fiscales. Sin embargo, la procuradora del PP Noemí Rojo defendió los «avances significativos» en materia fiscal y de transparencia llevados a cabo por la Junta, que aseguró que aparecen en el informe del Consejo de Cuentas, y destacó los beneficios fiscales para los contribuyentes conseguidos con medidas como la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el «efecto llamada» que, a su juicio, justifica la «idoneidad» de esta decisión. «Estas medidas nos han situado como una de las comunidades con ventajas fiscales más favorables para la natalidad y la familia», señaló, como las deducciones por nacimiento o adopción y por familia numerosa, o las dedicadas al medio rural, con una de las fiscalidades «más favorables» para los jóvenes que quieren asentarse en los pueblos de Castilla y León. También destacó las bajadas de impuestos impulsadas desde 2019 que han tenido «un impacto económico significativo» en hasta un millón de contribuyentes, y destacó la «mayor información disponible» en los años 2022 y 2023 que, según Noemí Rojo, «reconoce el informe del Consejo de Cuentas», aunque concedió «margen de mejora» que «no es óbice para reconocer que la Junta trabaja en la dirección correcta» y que es «receptiva» a las recomendaciones de la institución propia de la Comunidad. Para el PSOE, cuya postura defendió la procuradora Laura Pelegrina, el de ayer «no« fue un debate sobre »si hay que subir o bajar impuestos», ya que son los que mantienen el estado del bienestar, sino «la política fiscal de la Comunidad y a quien beneficia» ante una falta de transparencia que llevó a la procuradora socialista a lamentar que Castilla y León «recibe un cero en transparencia fiscal con Mañueco como presidente». A continuación, la procuradora socialista lamentó que «la política fiscal de la Junta beneficia a unos pocos, los de siempre, y pagamos entre todos», especialmente en referencia a la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, y concluyó mostrando su conformidad absoluta con las recomendaciones del Consejo de Cuentas.
