La última semana ha sido de infarto en el mundo empresarial y en el económico. Tras desayunarnos el pasado sábado con el cambio en la cúpula de Telefónica –que uno se pregunta qué le hubiera costado al Gobierno esperar a que venciera en abril el mandato de Álvarez-Pallete–; el domingo se produjo el necesario cambio en la presidencia de Indra; el lunes Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos amenazando directamente a España con aranceles del 100% y el martes, ABC adelantaba la decisión del Sabadell de retornar la sede social a Cataluña. Un día después la noticia fue que el Gobierno no conseguía sacar adelante en el Parlamento el decreto ómnibus y dejaba en vilo la subida de más de 12 millones de pensiones, las ayudas al transporte, el salario mínimo, ... y en medio el señor presidente viajaba a Davos y presumía allí de lo bien que va la economía española. Pero vayamos por partes. Telefónica. Las formas del relevo convocando un viernes por la tarde en La Moncloa al presidente de una de las principales empresas españolas, para darle las gracias por los servicios prestados y abrirle la puerta de salida es, se mire como se mire, impresentable. Por mucho que la SEPI tenga ya un 10% de la compañía, y por mucho que allí estuvieran también presentes La Caixa y STC, y por mucho que Marc Murtra lo haya hecho bien en Indra... las formas de la sustitución conllevan un elevado coste reputacional. Da toda la impresión de que es un golpe de mano del presidente Sánchez que quiere dejar claro quién manda aquí. En un país serio, los cambios en las cúpulas de las compañías se llevan a cabo en los consejos de administración, apuntan fuentes empresariales. Algunos van más allá: «Son cosas que no habíamos visto desde la dictadura», comentan. En entornos cercanos al PSOE se excusan diciendo que esto siempre ha sido así, y que el Gobierno de turno siempre ha colocado a sus amigos en las empresas con presencia pública. Y quizás lleven razón, pero ¿era tan descarado como en estos últimos años? Sinceramente no lo creo. El otro movimiento empresarial de la semana ha sido la vuelta del Sabadell a Cataluña. Sin duda parece un movimiento inteligente de la cúpula del banco catalán para convencer a los accionistas, muchos de ellos pequeños inversores catalanes, de que no acudan a la oferta de BBVA. También es un nuevo guiño al Gobierno al apoyar su relato de que la normalidad ha vuelto a Cataluña y de que se dan ya las condiciones para volver. Si se produce la fusión con BBVA, la sede social estaría en Bilbao, con lo que se da otro aliciente al Gobierno para oponerse a la operación. Si no puede frenar la opa, que si la autorizan la CNMV y la CNMC será difícil, podría frenar la fusión. Veremos a ver cómo acaba esta larga película, pero lo que parece inevitable es que el BBVA tendrá que rascarse más el bolsillo si quiere que la operación salga adelante, y aún así, ya veremos. Pero lo que tiene en vilo a la ciudadanía no es ni Telefónica, ni Sabadell, son las cosas de comer. La prepotencia de un Gobierno que ha preferido tomar como rehenes a casi 10 millones de pensionistas antes que hacer una llamada al PP para saber si estaba dispuesto o no a aprobar el decreto. La prepotencia de un Gobierno que prefiere mantener en vilo a millones de españoles para sacar rédito político culpando a la oposición de su debilidad antes de explicar que no hay problema, que esto se arregla con un nuevo decreto el martes, que si no mezcla churras con merinas tendrá el apoyo de los populares. Y una oposición que tampoco sale bien parada de la gresca porque ha dado la impresión de que todo vale para debilitar al Gobierno. Los ciudadanos se pierden en el detalle de si en ese decreto había cosas que nada tenían que ver con las pensiones.
