Grupo Griñó, empresa del vertedero de Almonacid del Marquesado, lamenta que el PP «no respete la presunción de inocencia»
El Grupo Griñó, empresa responsable del vertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca) , ha lamentado que desde el PP «no se respete el derecho a la presunción de inocencia a la que tienen derecho todos los ciudadanos y se utilicen falsedades como práctica para ejercer la política», en relación con la moción de defensa de la salud pública de los ciudadanos de La Mancha alta conquense y de la legalidad en la gestión de residuos de estas instalaciones presentada por el Grupo Popular de la Diputación de Cuenca el último pleno. En un comunicado, la compañía niega de forma categórica las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del grupo que se han visto implicadas en una investigación internacional de tráfico de residuos ilegales y garantiza que no ha existido ni existe riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. «Toda la actividad relacionada con la importación de residuos se ha realizado con estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional», insiste Grupo Griñó, que aporta algunos datos para defender su actividad. Por ejemplo, informan de que en el período 2023-2024 en Castilla-La Mancha se han generado 40 millones de toneladas de residuos, mientras que el parque ambiental de Reciclados del Marquesado tiene una capacidad de tratamiento de 600.000 toneladas, de los que 8.038 son residuos transfronterizos. Griñó defiende que toda la actividad se ha hecho complicando la legalidad y sin reducir residuos peligrosos. Apuntan además que desde el comienzo de su actividad las inspecciones han corroborado el cumplimiento de la legalidad. Respecto al incendio ocurrido en 2021 en el vertedero de Almonacid, aseguran que, no se comprometió en ningún momento la estanqueidad de la celda del depósito «ya que esta fue reconstruida y certificada por una Entidad de Control Autorizada, bajo la supervisión de la administración competente». Del mismo modo, garantizan que no existía riesgo para las aguas subterráneas, otro de los temperes del Grupo Popular en su moción, «ya que la instalación cuenta con un sistema de control mediante una red de piezómetros que rodea el recinto, cuyos análisis periódicos realizados por entidades independientes han confirmado en todo momento el buen estado del agua». Para terminar, la compañía niega una vez más de forma categórica las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del grupo e insiste en que durante el proceso se probará la legalidad de sus actuaciones.
