Ni siquiera durante los dos mandatos que encadenó Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, aún recordados por un sectarismo que contribuyó al deterioro del Ministerio Público, se había llegado a la situación que, en un episodio inédito en un órgano jerarquizado, protagonizaron este viernes los trece miembros de la Junta de Fiscales de Sala que pidieron por escrito la renuncia de Álvaro García Ortiz. Representantes de la vieja guardia de una institución adulterada por los nombramientos con que Dolores Delgado empezó a incorporar a fiscales afines, los firmantes, entre ellos dos fiscales generales (María José Segarra y Consuelo Madrigal) reprochan a García Ortiz el daño infligido a la Fiscalía al negarse a responder al instructor del Supremo, «agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental». Cuanto más dilate el Gobierno la salida de García Ortíz más sufre una Fiscalía reducida ya a parapeto.
