La Junta de Andalucía inicia la vía judicial contra el Gobierno por la llegada de menores inmigrantes en los traslados de adultos
La Junta de Andalucía ha formalizado el primer paso para abrir una nueva vía judicial contra el Gobierno central. En esta ocasión el objeto de la confrontación es la crisis migratoria y específicamente la llegada de menores a la comunidad autónoma trasladados desde Canarias como si fueran adultos y que son identificados posteriormente en Andalucía. Mientras el Ejecutivo central niega que este fenómeno se produzca, la Consejería de Igualdad estima que han llegado 567 menores de esta forma que han tenido que ser atendidos sin que haya una transferencia previa de recursos económicos. La Consejería de Inclusión Social e Igualdad, que dirige Loles López, lleva meses planteando esta cuestión en distintos foros, y de forma específica en las conferencias sectoriales. Ahora da un paso más con la formulación de un requerimiento, paso previo necesario para un Contencioso contra el Gobierno central, en el que reclama 16,8 millones de euros por los gastos en los que ha incurrido la Administración autonómica sin que le corresponda. «Es el último cartucho ante la desidia, el caos, el desorden y el descontrol de la política migratoria del Gobierno central. Le pedimos que cumplan con sus competencias y que si hay dudas sobre la edad de un menor se hagan las pruebas en Canarias, antes de su traslado a la península», apuntó la consejera Loles López, quien lamentó que el Gobierno central «no quiera saber nada de esos menores». La consejera censuró además al Gobierno central por la «falta de información» que traslada a las autonomías en torno a los traslados de inmigrantes y criticó la falta de seguimiento a las personas inmigrantes que son trasladadas a la península. «En tres meses los pone en la calle sin ninguna regularización ni inclusión de esas personas», apuntó López, quien además advirtió de posibles «cesiones nuevas» a Cataluña y al País Vasco.
