El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a pagar una indemnización de 20.000 euros a M.B. , una mujer marroquí que quemó su casa en Salamanca mientras se encontraba en estado de embriaguez. El motivo que esgrime el TEDH es que la justicia española se excedió en el tiempo de prisión preventiva que pasó la mujer. Los hechos ocurrieron en marzo de 2018, cuando M.B., diagnosticada con esquizofrenia paranoide , incendió el piso en el que vivía. La policía la detuvo inmediatamente y fue puesta en prisión preventiva a la espera de juicio. En febrero de 2020, casi dos años después, fue absuelta por la Audiencia Provincial de Salamanca al determinar que, si bien fue la causante del incendio, en ese momento sufría una crisis aguda del trastorno mental que padecía y que había consumido una gran cantidad de alcohol . Dado que se encontraba en un «estado de desequilibrio total», quedó eximida de responsabilidad penal. Sin embargo, el mismo tribunal estimó que la mujer debía ser internada entre cinco y quince años en un centro psiquiátrico, por su seguridad. Recurrió tanto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como al Supremo y por último al Constitucional, pero en los tres casos fue desestimada su petición. En julio de 2021, M.B. fue ingresada en un hospital psiquiátrico penitenciario y, once meses después, las autoridades ordenaron su traslado a un centro de salud mental al considerar que representaba un menor riesgo . No fue hasta noviembre de 2023 cuando se produjo ese traslado. La defensa de M.B. usó los artículos 5.1, 5.3 y 5.4 (sobre el derecho a la libertad y seguridad) y 7 (principio de legalidad penal) de la Convención Europea de Derechos Humanos, alegaron que la prisión preventiva había sido ilegal, excesivamente prolongada y no revisada , y que el internamiento en el centro psiquiátrico tras su absolución no había sido suficientemente justificada. El TEDH ha dado la razón a M.B. en cuanto al no cumplimiento del artículo 5.1, al entender que la evaluación realizada por los tribunales españoles se basó en el estado mental de M.B. en la fecha del incendio, es decir, casi dos años antes de la imposición de la medida de seguridad , y que no hubo una reevaluación de su estado mental en el momento en que se dictó la orden de internamiento. Además, consideran que los informes médicos presentados ante la Audiencia Provincial no fueron examinados adecuadamente , y que los tribunales españoles no estimaron las necesidades terapéuticas o médicas ni la necesidad de evitar que se hiciera daño a sí misma o a otros. Bajo esta premisa, el TEDH ha ordenado a España que pague a M.B. una indemnización de 20.000 euros por daños morales.
