Todo parece indicar que el Gobierno está cerca de resolver la crisis por el servicio sanitario de Muface , la mutualidad estatal de los funcionarios. Sin embargo, esto no va a servir para que se olvide el daño causado hasta ahora, o eso espera el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, que hoy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue los centenares de quejas recibidas por parte de empleados públicos que aseguran que han dejado de recibir asistencia sanitaria. Según el sindicato, el objetivo de la denuncia es dirimir las posibles responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio -Asisa, Adeslas y DKV- como personas jurídicas, así como personas físicas en concreto que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados. En el escrito presentado hoy, CSIF asegura que desde que en noviembre empezara la crisis de Muface, cientos de funcionarios han visto como se les negaba la realización de pruebas médicas y se les anulaban citas e intervenciones quirúrgicas, «lo que está provocando problemas de salud mental y físico tanto en los mutualistas como en sus familias», afirma el sindicato, antes de añadir: «Denunciamos que la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo». Asimismo, la denuncia subraya que «en ningún caso una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud». Como ya se ha avanzado, esta denuncia llega unos días después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentara la oferta que las tres compañías llevaban tiempo reclamando, una subida del 41% con respecto al anterior presupuesto, la imposición de tramos de edad para el cálculo de las primas y el añadido de una cláusula al contrato que asegure su revisión en caso de que se den incrementos no previstos en el coste del servicio. Con esto, el plazo para la aceptación de la oferta o su rechazo por parte de las aseguradoras ha quedado ampliado hasta el próximo 4 de marzo. Por el momento, Adeslas y Asisa ya han dado indicación de que la oferta se aproxima a lo que estas consideran necesario para terminar con la crisis, mientras que, más prudente, DKV ha manifestado que no se pronunciará hasta que tenga acceso a los pliegos del texto en detalle. Pase lo que pase, el caso es que esto no va a compensar los casos de desatención que CSIF asegura que se han dado hasta ahora, como tampoco ha cancelado la huelga prevista para el próximo jueves, 13 de febrero. Al paro están convocados más de medio millón de funcionarios de diferentes ámbitos: personal docente, centros de la Administración General del Estado y personal funcionario de Correos. Aunque los policías no pueden ir a la huelga, Jupol, sindicato de la Policía Nacional, ha apoyado la convocatoria. La semana pasada el sindicato CSIF ya advirtió de que valora positivamente «la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas», pero a pesar de esto anunció que mantenía la huelga. Hasta ahora han sido muchas las veces que el acuerdo ha parecido estar cerca y sin embargo se ha acabado posponiendo, de modo que queda claro que los funcionarios no darán la batalla por ganada hasta que el concierto esté efectivamente renovado.
