Plantilla del 112 Comunidad Valenciana , a la que han acompañado compañeros de otras CCAA, se ha concentrado este martes ante el Palau de la Generalitat para reclamar una gestión pública directa de este servicio «esencial» y que su trabajo no esté sujeto al convenio de 'contact center', de forma que la «enorme responsabilidad» de «salvar vidas» no esté acompañada de una «enorme precariedad». La protesta, bajo el lema 'Las emergencias no son un negocio, gestión pública ya' se ha enmarcado en el Día Europeo del 112 , y ha tenido lugar en varias CCAA. En Valencia, ha estado marcada por la reciente dana del pasado 29 de octubre. Así, el personal de 112 ha mostrado mensajes como 'Las emergencias no son un negocio', 'Gestión pública ya!' y un cartel con la imagen del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con las manos manchadas de rojo. Se han coreado consignas como «somos gestoras, no vendedoras» y «nosotras salvando, las empresas cobrando». Además, en la concentración se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las más de 220 personas fallecidas y desaparecidas en las inundaciones, a la que han seguido peticiones de «Mazón dimisión». En la lectura de un manifiesto conjunto, se ha reivindicado una gestión pública directa del servicio, que todas las administraciones impulsen un proceso de internalización, «garantizando la integración y cooperación global de este servicio público esencial», y la «profesionalización del puesto de trabajo». En este punto, la plantilla ha exigido su reconocimiento como cuerpo especializado, «valorando la antigüedad, cuidando a las plantillas y previniendo el 'burnout' mediante un apoyo psicológico sistematizado y unas condiciones laborales adecuadas». En la protesta, junto a la plantilla, han estado presentes los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García e Ismael Sáez, además de los síndics del PSPV y de Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví. Ámparo López es una trabajadora del 112 Comunidad Valenciana que desempeña la labor de gestora de emergencia y lleva trabajando en el 112 desde 2007. Ha reclamado una «una situación digna» para unos profesionales «esenciales» y «no ser parte de un 'contact center' ni parte de una subcontrata». «Nos consideramos de pleno derecho parte de las Emergencias como servicio público porque nuestro nuestra esencia es servir al ciudadano», ha asegurado. La trabajadora ha subrayado que «la situación es precaria todo el año, 365 días y 24 horas», aunque «mucho más palpable» en episodios como la dana y la «avalancha» de llamadas que se produjo ese día. Ha relatado que ella estuvo trabajando desde las 19.50 horas hasta las 05.50 horas de la madrugada. «Somos un equipo y estuvimos todos los que podíamos estar, trabajando para que, si no se podía acudir en ese momento porque las calles estaban eran inaccesibles, se supiera dónde estaba la ciudadanía para en el momento más rápido rescatarles y atenderles», ha destacado. Por su parte, el gestor de llamadas de emergencias y representante de CCOO Ximo Arregui ha añadido que, «al final, somos el primer eslabón cuando hay una emergencia ». «El convenio de 'contact center' es un convenio de telemarketing y nosotros no hacemos telemarketing, no vendemos nada. Trabajamos con las emergencias de las personas, no nos representa en absoluto», ha agregado. El secretario general FSC CCOO, Lucho Palazzo, ha exigido la «negociación de un convenio colectivo que dignifique la categoría que tienen los trabajadores y trabajadoras del 112», ya que por la aplicación del convenio de 'contact center', están «un poquito por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). »Son profesionales de emergencias que salvan vidas y que tienen que tener una regulación adecuada a lo que hacen todos los días«, ha sostenido. «Pedimos que sea un servicio público en toda España y que se adecuen las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras a la realidad de su profesionalidad», ha añadido. Palazzo ha apuntado que la plantilla del 112 solventa situaciones como la dana del pasado octubre «desde su profesionalidad», pero que «los trabajadores y las trabajadoras en cualquier ámbito no tienen que trabajar y ser una garantía de éxito solamente porque sean profesionales, sino que además tiene que venir acompañado con unas condiciones laborales dignas que en este caso no tienen». Así, ha insistido en que «cuanto mejores sean las condiciones laborales y mejor se sienta la clase trabajadora representada por las condiciones laborales que lo sujetan, mejor trabajan y tienen mejor capacidad de, en este caso, atender emergencias y salvar vidas». El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha denunciado que el servicio de Emergencia, «fundamental» para la ciudadanía, «está gestionado por la iniciativa privada en condiciones de enorme precariedad, con un número de recursos humanos insuficiente» y que «está tensionado» y sometido a «un enorme estrés» que contrasta con la «enorme responsabilidad» de su labor. «Están desbordados por las circunstancias», ha advertido. El representante de UGT PV ha puesto el foco en los bajos salarios y un « sistema de turnos muy exigente », al tiempo que ha lamentado que las personas trabajadoras están «siempre sometidas a la exigencia de quien presta el servicio de obtener beneficios». Sáez ha señalado que el coste de un servicio público de Emergencias es «prácticamente algo irrelevante» en comparación a «lo que significa el coste de la vidas humanas y también de los daños materiales» que se han producido en la dana del pasado octubre, ya que con un servicio en mejores condicions estos daños podrían haber sido «paliados en gran medida». Se ha referido además al «daño moral», «dolor» e «impotencia» que debió sufrir la plantilla al no poder atender a todas las llamadas aquella noche. Además, ha puntualizado que esta problemática no atiende a «colores políticos» porque ya se saba con el Consell del Botànic y porque en CCAA gobernadas por distintos partidos el servicio sí está en manos públicas, mientras que su privatización está «generalizada» también bajo distintas administraciones. Por ello, ha emplazado al vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción, José Mª Ángel, a «dimensionar adecuadamente» el servicio y «atender las carencias» que sufre.
