La defensa del militar del Ejército de Tierra y del guardia civil acusados de utilizar explosivo plástico real para impartir cursillos privados sin estar autorizados para ello, como el que en noviembre de 2013 dieron supuestamente a cuatro integrantes de la Marina chilena en un paraje entre Tudela de Duero y Montemayor de Pililla, sostiene que el material en cuestión era simple «plastilina inocua», es decir, que los cursillistas asistieron a un mero simulacro. Aunque ninguno de los dos acusados, expertos en el manejo de explosivos, ha declarado aún tras expresar su deseo de hacerlo durante la jornada de este martes, el primer día del juicio iniciado este lunes en la Audiencia de Valladolid ha servido para conocer al menos las cartas que baraja la defensa y que han sido admitidas por el tribunal en forma de material -se compone de lingotes de plastilina y otros elementos simulados- que al inicio de la vista ha quedado expuesto en una mesa ante los tres magistrados de sala. Y es que la tesis que maneja el defensor es que el militar Alberto G.G, a través de su empresa Eoditec, y el guardia civil Ginés C.S, a quien el primero contrató como docente , utilizaron plastilinas inocuas y otros dispositivos simulados cuando el 25 de noviembre de 2013 ofrecieron un cursillo privado de manipulación de explosivos a cuatro miembros de la Armada de Chile en el citado paraje y bajo la práctica denominada 'La Parrilla, Acción y Aventura'. La versión exculpatoria colisiona frontalmente con la que mantiene el fiscal del caso, quien acusa a ambos militares por delito de tenencia de explosivos y solicita para ambos una condena de tres años y medio de cárcel e inhabilitación por idéntico periodo de tiempo para profesión u oficio relacionado con el manejo de este tipo de material. Fue la solicitud realizada por Eoditec a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid en julio de 2016 para obtener licencia como consumidor de explosivos, tres años después de impartir el cursillo objeto de investigación judicial, la que llevó al Servicio de Intervención de Armas de la Comandancia a girar una visita a la sede de la empresa, en el Polígono de 'La Mora' de La Cistérniga, en la que a los agentes actuantes les llamó entonces la atención el abundante armamento militar allí encontrado, entre obuses, minas y otros artefactos explosivos, hasta más de 180. A esa primera inspección siguió una segunda de la Intervención de Armas de Castilla y León, tanto en la sede de la mercantil como en el domicilio de Alberto G.G, en la que los agentes se incautaron entonces de numeroso material informático, en especial un CD en el que figuraban los cronogramas de cursillos de manipulación de explosivos ofrecidos a militares en Chile pero también en Senegal y Ecuador, junto con distintas fotografías que venían a secuenciar lo que consistía en la realización de un agujero en el terreno donde luego se introducía, supuestamente, un lingote de PG2 al que se conectaban un detonante y un cordón detonante. La última instantánea recogía ya el socavón dejado por la onda expansiva. Uno de los guardias civiles que intervino en el informe realizado a partir de sendas inspecciones ha explicado, en declaraciones recogidas por Ep, que las únicas pruebas de que los acusados utilizaron explosivo real se basan en las citadas fotografías en las que aparece un lingote con el anagrama PG2, las mismas que fueron remitidas para su análisis a la empresa fabricante del material y también al SEDEX del Instituto Armado y a la Academia de Ingenieros. Estos organismos corroboraron que la apariencia del material era explosivo real. Sin embargo, la Guardia Civil no llegó a tomar muestras en el terreno para analizar posibles restos de explosivo y tampoco se cuenta con testimonio alguno de testigos que acredite el uso de material real, ni siquiera de los cuatro militares chilenos que participaron en el cursillo -se libró en su día una comisión rogatoria a Chile para tomar testimonio a estos testigos- y tampoco del propio dueño de la finca en la que se realizó. Este último, en su declaración durante el juicio, h a asegurado que no presenció detonación alguna y tampoco se percató de la existencia de socavones en el terreno. «Yo solo iba, abría las instalaciones, cobraba y me marchaba», se ha limitado a indicar el titular de la finca utilizada también para juegos de Pinball, quien también ha apostillado que sabía que la parcela era utilizada para cursillos pero sin saber el contenido de los mismos. También ha declarado en la primera jornada el que fuera jefe del GEDEX de Valladolid, cuyo testimonio ha sido especialmente favorable a los intereses de la defensa ya que se ha declarado incapaz de determinar si el paquete que el letrado había depositado en una mesa contigua a la de los magistrados y que contiene únicamente plastilina era o no explosivo real. Pese a acercarse hasta el material, el agente no ha podido determinar uno u otro extremo. «La apariencia externa es de que se trata de explosivo plástico, pero para saberlo a ciencia cierta tendría que tocarlo, olerlo...Sin tocarlo y sin verlo de cerca es imposible, no lo puedo asegurar», se ha disculpado el experto Tedax. Se da la circunstancia de que el guardia civil que se sienta en el banquillo fue en su día jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) de la Comandancia de Valladolid.
