El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley urgente para exigir al Gobierno central que «no imponga a los regantes el coste de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana en el canal Júcar-Turia y el principal del Camp del Túria«. En opinión del portavoz de Agricultura del Partido Popula valenciano, Luis Martínez, «se trata de un nuevo intento de Pedro Sánchez de hacer caja a costa de los afectados por la riada, como hace el Ejecutivo a través de los impuestos e intereses de las ayudas y créditos para los damnificados», ha indicado la formación política en un comunicado. Martínez ha advertido de que el Ministerio para la Transición Ecológica «pretende repercutir 45 millones de euros sobre los agricultores valencianos por unas reparaciones que son responsabilidad directa del Ejecutivo, propietario de los cauces y responsable del deterioro de estas infraestructuras tras años de abandono». «Es injustificable que el Ejecutivo, competente en materia de cauces, intente ahora eludir su responsabilidad cargando este coste a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua », ha criticado, al tiempo que ha denunciado que «esto es inasumible para unos regantes que ya sufren las consecuencias económicas y sociales de una riada fruto de años de dejadez y falta de mantenimiento». El 'popular' ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Júcar «ha comunicado que trasladará los costes para restablecer el riego en más de 50.000 hectáreas a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, amparándose en la Ley de Aguas». No obstante, ha apuntado que «existen precedentes legislativos para evitarlo, como se ha hecho en otras catástrofes naturales o episodios de sequía extrema, por lo que si se quiere, se puede». A su juicio, esta decisión «supondría un nuevo golpe para el sector agrícola, al que no se le puede pedir que asuma una factura millonaria por infraestructuras que son vitales para garantizar el suministro de agua». «Por ello, la iniciativa reclama una normativa específica que impida trasladar estos costes a los usuarios y asegure que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado», ha remarcado. El portavoz de Agricultura del GPP ha defendido el «compromiso» del Consell, «frente a la falta de apoyo de Sánchez», que «ha activado una línea de 5,3 millones de euros en ayudas directas para cultivos afectados por la riada que beneficiarán a 500 agricultores y más de 1.500 hectáreas». En esta línea, ha puesto en valor que la Generalitat «ha movilizado ya cerca de 7 0 millones de euros para recuperar el 100 por ciento de la capacidad agraria y ganadera de la Comunidad Valenciana», lo que, a su parecer, «demuestra que este Consell sí está a la altura».
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