365 días de resistencia
‘Gabriel’ está consciente del riesgo que corre, cuando participa en las protestas exprés. Sabe que puede ser arrestado por la Policía, obediente a la dictadura de Daniel Ortega, o “desaparecido” por grupos paramilitares que operan con impunidad. Sin embargo, durante las últimas semanas, ha salido por las noches, junto con un grupo de amigos, a pegar calcomanías, ondear la bandera azul y blanco desde algún punto de Managua, o sonar la bocina de su auto para participar en los ‘pitazos’, convocados para demandar la libertad de Nicaragua.
“Es la única forma que tenemos para demostrar nuestra inconformidad con la dictadura”, afirma. Desde finales de septiembre, el régimen de Ortega impuso un Estado policial de facto, al prohibir las marchas cívicas que durante cinco meses llenaron las calles de Managua y otras ciudades del país.
‘Gabriel’ y sus amigos participaron en esas marchas, y algunos estuvieron en los tranques y barricadas instalados en carreteras y barrios o atrincherados en las universidades. A un año de la rebelión cívica, la dictadura ha tomado los símbolos patrios como objetos “terroristas”. Los agentes policiales han detenido a los ciudadanos que portan la bandera nacional o visten los colores azul y blanco. Y en la cárcel, donde unos 600 presos políticos permanecen en prisión, los custodios propinan palizas a quienes cantan las letras del Himno Nacional.
Marchas, tranques y barricadas
Ha pasado un año desde la primera marcha de protesta contra las reformas a la Seguridad Social, aquel 18 de abril, en León, y el plantón en el sector de Camino de Oriente, convocado por jóvenes universitarios, adultos mayores, y activistas. La dictadura envió a sus turbas, que una vez más golpearon y robaron ante una pasiva y cómplice Policía Nacional. Pero incapaz de silenciar la protesta, la dictadura ordenó: “Vamos con todo”, y al día siguiente murieron los primeros tres nicaragüenses, —de una lista que suma 325 confirmados—, incluyendo al primero de 29 menores de edad.
Para presionar por sus demandas de justicia y democracia y protegerse de la represión, los universitarios se atrincheraron en los recintos y la población levantó tranques y barricadas, que el Gobierno desmontó con una sangrienta “Operación Limpieza”. En menos de mes y medio se triplicó el número de muertos.
La población continuó con las movilizaciones pacíficas, dos paros nacionales y boicots a las empresas del Gobierno, hasta que, a finales de septiembre, el régimen prohibió las manifestaciones e impuso un Estado policial de facto.
“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, indicó la Policía. Seis convocatorias consecutivas han sido prohibidas y reprimidas desde entonces, violando los derechos constitucionales a la reunión y movilización, aun menos de 24 horas después que el Gobierno se comprometió a respetarlas, en los acuerdos del fallido intento de un segundo diálogo nacional.
Ahora, las calles están vigiladas por decenas de policías armados, apostados en rotondas y hasta centros comerciales, que ante la menor convocatoria son reforzados por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales.
Pero ‘Gabriel’ asegura que “Ortega no nos va a quitar las calles”.
La creatividad como resistencia
Para mantener la resistencia cívica, la protesta ciudadana ha evolucionado en formas de expresión espontáneas, bautizadas como “piquetes exprés”. Sin previo aviso, se sueltan en las calles globos azul y blanco, o se arrojan papelillos con los colores patrios. Hombres y mujeres también se han pintado los labios de rojo, sumándose a la “Asociaciones de Mujeres del Pico Rojo”, a la cual la activista feminista Marlen Chow alegó pertenecer, cuando fue detenida junto a una treintena de personas que pretendían marchar a mediados de octubre.
En diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció una cuarta etapa de represión, ante el cierre de espacios democráticos y el asalto y confiscación a los medios de comunicación CONFIDENCIAL y 100% Noticias, seguida de la captura ilegal de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, que llevan más de 110 días en prisión.
Para la CIDH, el régimen orteguista agrava sus violaciones a los derechos humanos, que ha incluido “el uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la Policía y grupos parapoliciales; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas en el contexto de actos de violencia, y las detenciones arbitrarias, para criminalizar la protesta”.
La protesta sigue
A principios de marzo, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a más de 70 organizaciones de la sociedad civil y movimientos autoconvocados, entre estos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llamó a reactivar las jornadas de protesta contra la dictadura. La convocatoria incluye protestas rápidas ondeando la bandera de Nicaragua, pintas azul y blanco, pegatinas por la libertad de los presos políticos y la demanda de justicia por los asesinados, o pitazos como en los que participan ‘Gabriel’ y sus compañeros.
‘Gabriel’ ha elegido protestar en los pitazos de Carretera a Masaya, que se realizan durante las horas pico del tráfico, a finales de la tarde. A esa hora, la zona es altamente concurrida, y los conductores acostumbran sonar las bocinas de sus autos. “Yo siempre tomo esa pista, no vivo por esa zona, pero es bonito. Es bastante alegre, cuando uno tras otro los carros van pitando. La Policía se vuelve loca, porque no puede detenerte con la excusa de que estás pitando mucho. Han detenido a la gente, pero no pueden hacer nada. Es un caos responsable el que se arma”, cuenta ‘Gabriel’.
De esta manera, las protestas contra la dictadura no se han detenido pese a la represión policial, a la espera de volver realmente a las calles.
“Yo quiero marchar. Sacar mi bandera, gritar por los presos políticos, porque haya justicia para las víctimas de la represión. Yo sé que pronto vamos a salir a las calles. Nadie nos puede detener. El dictador se tiene que ir y vamos a renacer”, confía ‘Gabriel’.
La cárcel: bastión de la protesta
Las presas y presos políticos han demostrado su resistencia cívica desde las celdas
La criminalización de las protestas ciudadanas de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha llevado a la cárcel a más de 800 líderes de las protestas y manifestantes azul y blanco, de los cuales casi 600 permanecen en prisión y otros 200 son rehenes bajo el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel.
En las celdas, los presos políticos han recibido decenas de golpizas, maltratos, torturas físicas y sicológicas. Otros, permanecen encerrados en celdas de castigo o máxima seguridad, en condiciones insalubres, sin acceso a luz natural o artificial, agua o servicios higiénicos en buen estado.
Sin embargo, resisten y exigen libertad plena cantando el Himno Nacional, dibujando banderas, elaborando pulseras, enviando cartas públicas y gritando por atención médica. También han organizado huelgas de hambre por varias semanas, a pesar del deterioro de su salud. Aun presos, ellos son el bastión de la protesta.