La salida negociada será dolorosa
Un año después del 18 de abril, Nicaragua se ha constituido en uno de los países más peligrosos del mundo, en donde el ejercicio de la violencia y la coerción institucional han prevalecido sobre el consenso y la democracia. El presidente y la vicepresidente, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son responsables exclusivos de más de 400 muertos, 2000 personas heridas, más de 300 000 desempleados, 80 000 emigrantes y exiliados, y la imposición de un Estado policial sin derecho a la protesta cívica y la libertad de expresión.
La estadística es abundante de hechos, emocionalmente desgastante, desesperanzadora en muchos casos. Refleja la historia de un país que no progresa cuando Daniel Ortega tiene el poder en sus manos. Durante sus períodos de Gobierno, la violencia, la manipulación, polarización, han prevalecido sobre el respeto al Estado de derecho y las instituciones democráticas y las libertades públicas.
Ortega y Murillo tienen una excesiva obsesión por el poder político, que contrasta con una genuina exigencia del cambio democrático. La obsesión los lleva a sostenerse en el poder bajo cualquier circunstancia sin importar el deseo de la voluntad popular, el interés nacional, o el drama humano de los muertos, torturados, encarcelados, entre muchos mas abusos.
Como una de las activistas de la oposición lo puso: “Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen escrúpulos.” No les importa matar.
Después del acuerdo parcial del 29 de marzo la ilusión del cambio político se desvaneció en la medida que el Gobierno no cumplió con los acuerdos negociados. El Gobierno ha dejado claro que ellos seguirán gobernando por la fuerza bruta en el corto plazo.
Es evidente que Daniel Ortega y Rosario Murillo han definido los términos de negociación de manera muy clara: mientras ellos estén en el poder, la inclusión de cualquier reforma es inaceptable.
En otras palabras, la situación política ya no depende ahora de cumplir con los acuerdos negociados, de adelantar las elecciones y frenar la impunidad, sino de presionar la salida negociada de Ortega. En otras palabras, el 18 de abril de 2019 Nicaragua sigue exigiendo la misma demanda de abril del año anterior.
Este reclamo no es subversivo, golpista o conspirador, sino una fórmula que el Gobierno mismo le impuso al país. La diferencia está en que antes el llamado de su salida lo hicieron los estudiantes y el pueblo en general, ahora Ortega dice que no hay negociación a menos que él se vaya.
La conspiración democrática
Los nicaragüenses quieren construir una democracia sin caudillos, y por ello siguen comprometidos en la protesta no violenta y con líderes jóvenes. La lectura de Ortega-Murillo de la no violencia es que la oposición les tiene miedo, y mientras ellos sigan amedrentando, el régimen seguirá gobernando.
El país terminará de entrar en un proceso político imperfecto pero democrático. Sin embargo, hay que tener claro varias premisas. El conflicto es prolongado, la responsabilidad del conflicto recae exclusivamente sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo, la salida negociada será dolorosa. En este sentido, el asunto no es cómo sino cuándo.
Para muchos la situación actual es de un conflicto prolongado como el de Venezuela y una dictadura viciada como Mugabe en Zimbabue. La prolongación del conflicto ya no ayuda al régimen porque hace más evidente que su control político es policial y represivo: la gente no quiere la maldad. El deterioro económico está erosionando la base operativa del Gobierno, y su capacidad de liquidez, a pesar de los préstamos que recibe, su popularidad y margen de gobernabilidad ha decaído en detrimento de muchos.
¿Cómo se puede salir de esta crisis? El país saldrá de este momento después de cierto tiempo, seis meses, un año, con un país desgastado, polarizado y herido.
Este es de nuevo el legado de Ortega, más de lo mismo como con el fin de la revolución Sandinista, un sueño convertido en pesadilla gracias a la intransigencia del régimen.
La resistencia política que inició con el sueño no violento entrará a una nueva etapa ante un Gobierno dispuesto solo a negociar su salida, y no el poder político.
Esta resistencia se está manifestando con la impaciencia de los nicaragüenses, la creciente unidad de un grupo más diverso y la confianza en el trabajo de la Alianza Cívica y su cooperación con la Unidad Azul y Blanco. Contario a lo que Ortega cree que el mundo se olvidó de Nicaragua, la comunidad internacional actuará en función proporcional al incumplimiento de los acuerdos y actuará con más legitimidad para imponer sanciones directas al régimen, incluyendo el corte de la ayuda económica, como la negación de visas, y sanciones a la familia del régimen. Los hijos de Ortega-Murillo son cómplices de la corrupción.
Aunque para Ortega este es un conflicto de desgaste que va a su favor, la realidad es que los aliados del régimen están disminuyendo, ya sea porque son menos los favores políticos y económicos, o porque les resulta más difícil permanecer como cómplices de un régimen nacional e internacionalmente condenado. El aumento de la disidencia no será público, sino mudo, silencioso, dando lugar a una mafia política que buscará ceñirse en la represión, pero en un momento tardío, cuando los nicaragüenses le han perdido el miedo al represor.
El realismo de la política dicta que la transición será dolorosa, Ortega-Murillo querrán seguir eliminando opositores mientras les duren las balas. Pero el resultado no es una victoria del orteguismo, sino una sociedad nuevamente desgarrada por la misma dictadura que gobernó en los ochenta.
Hay otras formas de acelerar la transición que dependen tanto del aumento en el riesgo político de la oposición, como de una lectura más inteligente de Ortega-Murillo de una salida negociada en cumplimiento a los acuerdos. El sector privado le ha apostado a la Alianza Cívica y sigue hacia adelante preparado a arriesgar sus empresas, hasta que se logren reformas políticas. La Unidad Nacional Azul y Blanco está convencida que la resistencia es hacia una transición política y electoral y está sopesando el riesgo de lanzar a sus líderes a la calle, a pesar de la amenaza de violencia por parte de la mafia gobernante. Finalmente, para Estados Unidos Ortega se burló de la promesa de negociar, y las sanciones y otras formas de presión serán de rigor para la dictadura.
Esperar que Ortega-Murillo respeten los derechos, y le den lugar al acuerdo sobre la fuerza bruta, ya es iluso.