Por qué Milei perdió su batalla contra la 'casta' de las universidades: datos vs relato libertario

El Presidente Javier Milei se metió con la "casta" equivocada. En su afán por etiquetar a todos sus adversarios políticos bajo el mismo rótulo, sin diferenciar si se trata de gremios, radicales, kirchneristas, periodistas o economistas que disienten con su escuela de pensamiento, el gobierno libertario intentó aplicar la misma estrategia para justifica su política de ajuste a las universidades nacionales. Solo que esta vez no les funcionó. 

A diferencia de los "privilegios" que suele citar Milei, esta vez su motosierra se hundió en uno de los consensos sociales más robustos de la Argentina: que la educación pública, gratuita y de calidad debe seguir siendo pública, gratuita y de calidad porque es la única escalera posible de movilidad social y desarrollo nacional. 

De haber prestado atención a las encuestas durante la campaña electoral más allá del ítem de las preferencias electorales, hubieran advertido que aún quienes lo elegían por las más diversas razones, no estaban dispuestos acompañar toda su cruzada de manera ciega. El 56% no es un cheque en blanco para destruir al Estado.

"Hasta ahora se metió con actores de la sociedad que tienen la imagen muy cascoteada, pero con las universidades no es así, fue una mala idea. Las universidades públicas, el valor de la educación, forma parte todavía de lo que es sagrado para la cultura argentina. Las universidades no son los sindicatos, el Ministerio de la Mujer o los organismos públicos que ya tenían una imagen cuestionada desde algunos sectores", comenta Shila Vilker, directora de la consultora Tres Punto Zero, a El Cronista.

En el informe de abril "El Estado del Debate Público de abril", elaborado por Alaska Comunicación y Tres Punto Zero, la población universitaria figura, por lejos, como el segmento de peor performance del gobierno de Milei en la valoración general de su gestión, con casi 28 puntos de diferencial negativo. 

Cuando se aborda la cuestión educativa en particular, la tendencia no solo no cambia sino que hasta se muestra más contundente contra la política de ajuste del Gobierno. En un sondeo de Analogías cuyos resultados se están terminando de procesar por estas horas, se advierten diversas graduaciones dentro del rechazo general a las políticas de recorte llevadas adelante por la gestión libertaria: el aumento de tarifas, por caso, tiene mayor rechazo que el despido de trabajadores estatales. Pero la política frente a las universidades figura por lejos como el aglutinante con mayor volumen de desaprobación.

De hecho, al ser consultados respecto a la legitimidad del reclamo de docentes y estudiantes universitarios, el espectro más joven, entre los 16 y 29 años, respalda la demanda contra el Gobierno por un 62,3%. Los porcentajes no son tan distintos en los grupos etáreos siguientes: 30-44 años (57,9% a favor) y 45-59 años (61,7% a favor), lo que ilustra el consenso transversal en la sociedad.

"Las universidades nacionales se defienden más que las empresas públicas y hasta la tercera parte de la base de apoyo del Gobierno considera que el reclamo es legítimo", indica a este medio Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

Los números crecen cuando la problemática se plantea en torno a la educación pública en general, sin distinción de niveles. "La educación pública es probablemente la categoría en la que más problemas puede tener el gobierno en términos de opinión pública. Un abrumador y mayoritario 86% coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido", puntualizó la consultora Zuban Córdoba en su informe de abril, semanas antes de la Marcha Federal Universitaria.

Incluso cuando se desagrega el capítulo educativo con la pregunta puntual sobre el aval o no al congelamiento del presupuesto universitario, se mantiene un amplio 58,5% de rechazo a nivel general al ajuste. Solo la restauración de Ganancias lo supera con el 61% como la decisión de Milei con mayor desaprobación en ese estudio.

"Un detalle importante en torno a la Marcha Universitaria es el sector de clase media, que en su gran mayoría votó a Milei, por lo menos en el balotaje, el que mayormente que se manifiesta", remarca el analista Carlos Fara. 

"Y lo hace sobre un tema que es simbólicamente fuerte para la matriz cultural argentina, que es el tema de educación, y particularmente lo que se considera como una especie de patrimonio cultural", agrega. Recuerda que es un capítulo que el Gobierno ya dejó de lado en el Pacto de Mayo pese al pedido expreso de los gobernadores.

"El gobierno tuvo una reacción bastante rápida el jueves a la noche -con la transferencia de fondos extras en concepto de funcionamiento, un rubro que impacta sobre el 10% del presupuesto universitario- pero el conflicto persiste. Es un detalle a prestarle atención porque aún aquellos que aprueban la gestión del Presidente le reclaman sensibilidad social y obviamente dentro de esas cuestiones de sensibilidad está el tema educativo", concluye.

Por qué no pudieron imponer su relato en las redes sociales

A lo largo de las últimas semanas, el aparato de redes libertario ensayó ataques por diversos ángulos. Primero acusó a los profesores universitarios de adoctrinar, incitando al escrache público en la calle on line. Pero hasta referentes del PRO, la fuerza más cercana a los libertarios hoy, salieron a desmarcarse de esa campaña de demonización de la UBA y demás universidades nacionales.

Frente a semejante acusación, que Milei replica desde hace más de una década, resulta llamativo que al menos ocho de los funcionarios y asesores de mayor rango del Gobierno libertario que quiere recortar fondos a la educación superior provienen de universidades públicas: Luis Caputo (UBA), Santiago Caputo (UBA), Federico Sturzenegger (La Plata), Luis Petri (Litoral), Diana Mondino (Córdoba), Manuel Adorni (La Plata), Mario Russo (UBA) y Victoria Villarruel (UBA y UTN).

Luego se apuntó contra los rectores por malversar los fondos, y difundir amenazas "terroristas" de no llegar al dictado del segundo cuatrimestre al tiempo que se negaban a ser auditados para preservar sus "cajas políticas". Diversos referentes del ámbito del Derecho, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cruzaron al subsecretario de Política Universitaria, Alejandro 'Galleguito' Álvarez por divulgar esta acusación.

Y es que no solo la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene la capacidad de revisar esas cuentas sino que las propias universidades tienen que cumplir con controles internos por sus estatutos. De hecho, existe una Red de Auditores Internos de las universidades que integran todas las casas de altos estudios menos la UBA y que tiene pendiente una reunión en Salta luego de la marcha.

"El Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario", explicaron desde la presidencia de la AGN. E informaron que se realizaron distintos informes sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías programadas en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba.

Finalmente, un sector libertario apuntó contra los dirigentes estudiantiles, con mensajes de tinte xenófobo en el caso de la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), Flor del Alba Cruz Valdez, luego que la dirigente de Franja Morada convocara a la jornada en defensa de la educación sin siquiera aludir a Milei. El ataque generó el repudio de un amplio arco de la sociedad.

Ninguno de esos ataques prendió en la opinión pública porque, por primera vez en mucho tiempo, los hechos pesaron más que los tuits libertarios y la capacidad de crear relato a partir de la viralización. Incluso la conversación digital, marcada por el sesgo negativo en lo que atañe al capítulo educativo desde hace tiempo por la maquinaria mileísta empezó a darse vuelta a lo largo de los últimos diez días.

Según un relevamiento de Sci Data, durante la disputa electoral del año pasado, el sentimiento en torno al diálogo sobre la educación se mantuvo en el campo de valoraciones que se ubican en el rango de "regular/malo" y "algo malo". Y se estancó en el clima "malo" luego de la asunción de Milei en diciembre de 2023. Dentro de este rubro, el apartado universidades no tuvo mejor performance.

A partir de abril, no obstante, esta tendencia empezó a revertirse en la conversación digital de la mano de un incremento en las menciones de respaldo a las universidades cuando recrudeció el duelo con el Gobierno. 

"Entre febrero y marzo, la charla sobre las universidades migró de un diálogo más de bien de corte propositivo a otro ‘politizado'", destacaron los analistas de la consultora, lo que se tradujo también en una mutación en los marcos del intercambio en las redes: si hasta octubre de 2023, la conversación sobre las universidades se centraba en los deseos y augurios de un país mejor, en las últimas semanas se impone la relación con el gobierno de Javier Milei, con particular énfasis en la Universidad de Buenos Aires (UBA), como tema excluyente.

El viernes pasado marcó un hito si de la batalla cultural en redes -el terreno predilecto de los libertarios- se trata. En la antesala de una jornada que prometía ser histórica en la vida universitaria, el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la UBA -como parte del elenco nacional- estimuló tal negatividad en la reputación digital del Presidente que seis de cada diez menciones suyas fueron negativas, según un sondeo de Ad-hoc. 

Sumado al escándalo de los sueldos de los senadores y los ascensos a funcionarios, el gobierno libertario "perdió el control de la agenda" virtual en esa jornada ya que no hubo "conceptos o marcos discursivos elegidos por el oficialismo". Para un Gobierno que hizo de las redes su campo de batalla cultural predilecto, la derrota en su propio juego no es un hecho que pase desapercibido.