Los detalles de las extorsiones de los piqueteros y la furia de Espert: "Son..."
Tras las denuncias por extorsión a beneficiarios de planes, Espert se refirió a la causa judicial y estalló contra los movimientos piqueteros.
Luego de que este lunes salieran a la luz diversas denuncias por extorsión que beneficiarios de planes sociales sufrieron a mano de referentes de organizaciones sociales, quienes hasta la llegada de Javier Milei al poder administraban el pago de las asignaciones, el diputado nacional José Luis Espert explotó contra los llamados "piqueteros".
El referente de La Libertad Avanza, hoy uno de los aliados más fuertes del Presidente en la Cámara de Diputados, fue de los primeros en expresarse sobre la investigación judicial que se inició a raíz de las denuncias por la gestión de los planes sociales, la cual este lunes motivó 27 allanamientos.
"Son la peor basura sobre la tierra, peor que los sindicalistas, porque lucran con la gente que está fuera del sistema", disparó con dureza en diálogo con TN.
Espert también vinculó estos episodios a la gestión anterior de Alberto Fernández, la cual habilitó a las organizaciones sociales como intermediarios para gestionar el pago de las asistencias sociales, lo que llevó a este tipo de irregularidades: "El kirchnerismo y su furgón de cola -la izquierda- son la lacra, son el estiércol de la dirigencia argentina".
Para el liberal, "la versión pesada del estiércol de esa dirigencia son los movimientos piqueteros". Aquí, apuntó particularmente contra el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, a quién llamó "delincuente".
Espert llamó "delincuente" a Eduardo Belliboni.
"Es un delincuente, ha evitado que las empresas distribuyan su mercadería, cortó calles a mansalva", remarcó. Y exigió: "Belliboni a la cárcel, saquémonos esas lacras de encima".
Las claves de la denuncia por los comedores escolares
La investigación judicial en marcha surgió luego de que el Ministerio de Seguridad recibiera diversas llamadas anónimas denunciando que dirigentes sociales les exigían asistir a marchas o actividades de la organización a cambio de cobrar el beneficio que les correspondía.
En los chats y audios difundidos se puede leer cómo los responsables "tomaban lista" y pedían certificado a quienes no podían asistir para "justificar" su falta a las marchas.
Según la denuncia, estos mecanismos fueron habilitados a raíz de la decisión de la gestión anterior de pagar los planes sociales a través de intermediarios y no de forma directa, lo que facilitaba la exigencia de coimas, el cobro de comisiones, la retención del dinero, entre otras ilegalidades.
Tras hacerse públicas las denuncias, Espert consideró que "los planes sociales tienen que ir directamente al beneficiario por tiempo determinado" y no "para siempre, sino por alguna contraprestación como terminar la primaria o la secundaria, o que trabaje si no trabaja".
Y agregó: "El plan social para que haya trabajo digno tiene que ser muy transitorio, condicionado y de manera directa a la persona que está sin ninguna viabilidad de corto plazo".
Para Espert, "los planes sociales tienen que ir directamente al beneficiario por tiempo determinado".
Los detalles de la investigación judicial por extorsiones de las organizaciones sociales
Este lunes se realizaron casi 30 allanamientos en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para obligar a beneficiarios a concurrir a las protestas.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión
En total, se calculan unos 27 individuos implicados de forma directa, entre ellos, Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero, así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal incluso pidió detenciones, las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello, y ameritó la intervención de la Cámara Federal, que sí habilitó los allanamientos de este lunes como medida de prueba.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social:
- Cobrarles a los afiliados una "cuota" de "aporte" los comedores;
- Obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional;
- Asistir a manifestaciones.
Todo este se realizaba bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los bienes que proveía el Estado.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con "multas" para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia (en algunos casos, hasta $10.000 por cada falta) o bien se les prohibía a los extorsionados retirar los alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había listas de espera de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realizar trabajos y "beneficiarios comunes", es decir, quienes recibían la asistencia y, como contraprestación, debían ir a marchas o hacer "un aporte" al comedor.
Finalmente, el proceso era controlado por los "delegados", quienes recibían el doble o triple de ayuda, y por los "referentes" quienes gestionaban la administración de fondos y ordenaban a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones: "Compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera", reza uno de estos mensajes.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos se realizaron en varios comedores, así como también en casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se individualizó a los denunciados. También se realizaron varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
"De esta manera, los imputados, violando los deberes a su cargo, perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino", según la fiscalía.