Confirman la condena contra el exdiputado que besó los senos de su novia en plena sesión
La sentencia es por el escándalo sexual ocurrido durante el debate vía Zoom de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, durante la pandemia de Covid.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena para el ex diputado nacional del Frente de Todos Juan Emilio Ameri, por el delito de "perturbación al ejercicio de funciones públicas" durante una sesión de la Cámara de Diputados en 2020.
La sentencia es acerca de lo ocurrido durante el debate vía Zoom de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el 24 de septiembre de 2020.
Aquel día Ameri fue captado por su propia cámara besando los senos de su novia, acción que fue advertida por otros diputados y llevó a la interrupción de la sesión. Debido a esto, fue condenado a un mes de prisión en suspenso.
Al momento de la escena el titular de la Cámara Baja en ese momento, Sergio Massa, pidió la suspensión del legislador por dicho motivo. Horas más tarde, Ameri presentó su renuncia a su banca, la cual fue aceptada por sus colegas.
El fallo, ratificado por la Sala IV de la Cámara integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, validó la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien en primera instancia encontró pruebas suficientes para condenar a Ameri.
El magistrado fundamentó su fallo mencionando que el delito de perturbación al ejercicio de las funciones públicas requiere que la actividad del cuerpo legislativo se vea efectivamente turbada.
Además, el veredicto de Casación refutó cualquier posible justificación por desperfectos tecnológicos, enfatizando que Ameri, como representante del pueblo argentino, debía haber actuado con la responsabilidad que su cargo demandaba.
En abril, el fiscal de Juicio Eduardo Taiano solicitó que el exdiputado fuera sancionado con 4 meses de cárcel por el motivo de perturbación, pero Lijo rebajó la pena a la cuarta parte.
Además, la Justicia le impuso la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires durante los próximos dos años.
La causa fue impulsada por el abogado Federico Alejandro Dávila un día después del hecho ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 por el delito de "exhibiciones obscenas".