Con la nueva ley Sturzenegger, el Gobierno quiere recortar ingresos a una caja histórica de la política

El proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta que el Gobierno Nacional bautizó como "Ley de Hojarasca" buscará discontinuar la acción de normas de diverso origen temporal y distintos campos de acción pero, al menos una de ellas, supondrá un recorte de fondos a un foro político que, históricamente, ha sido controlado por el Justicialismo. 

Federico Sturzenegger, el ministro de la Desregulación que ya estuvo detrás de la letra de la Ley Bases, también es el artífice de esta nueva capa de transformaciones legislativas que busca "limpiar" el marco normativo. 

Según el funcionario este proyecto sirve para "una interpelación: ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes?".

Entre las 70 normas se encuentra una que proviene de la Presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868) que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. En la lista también se incluyen otras de aplicación más cotidiana y con las que el Gobierno intenta la desburocratización de la industria y el comercio. 

Sin embargo, el capítulo 6 del proyecto incluye la modificación de dos leyes para que los fondos estatales dejen de financiar a dos organismos del sector público: El Círculo de Legisladores de la Nació y La Federación Argentina de Municipios (FAM). 

 La FAM había sido reconocida y regulada a través de la Ley 24.807, sancionada en 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem. Esa norma le daba reconocimiento legal y jurídico a una entidad que funcionaba desde hacía un tiempo y, además, le fijó formas de financiamiento entre las que se incluía -difusamente- a los "aportes realizados por organismos y entidades públicas".   

Si el Congreso aprueba la iniciativa del Ministerio que conduce Sturzenegger, se excluyen taxativamente los fondos del Estado nacional: "Los créditos, donaciones, subvenciones y legados de distintos orígenes y fuentes, los cuales no podrán ser aportados por el ESTADO NACIONAL ni por entidades autárquicas del mismo, ni por Sociedades del Estado donde este tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".

Desde una entidad que se especializa en el análisis del gasto y de la administración pública señalaron que la Ley 24.807 de creación de la Federacion Argentina de Municipios "cuando define los recursos no menciona que el Estado la financie" y destacaron que no aparecen partidas en el presupuesto 2023. 

El Cronista intentó comunicarse con diversas fuentes gubernamentales para conocer de cuánto sería el ahorro para el Tesoro pero desde dos ministerios dijeron desconocer el dato.

Desde la FAM todavía no habían hecho pública una reacción a la propuesta, pero un destacado vocero de la entidad que nuclea a los intendentes aventuró que se trata de un "paso atrás para el municipalismo de Argentina". 

"No era tanto el aporte del Estado Nacional, salvo para algunos eventos y seminarios que se hacían en Argentina y en el extranjero y contaban con el auspicio estatal o de las empresas del Estado", añadió el representante de los municipios en diálogo con El Cronista.

Según la información difundida por la FAM, esa entidad nuclea a 500 municipios de todo el país. Históricamente ha sido conducida por intendentes peronistas: durante años la dirigió el ex jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra, y ahora está comandada por el matancero Fernando Espinoza.  

De aprobarse la Ley Hojarasca, el financiamiento se limitará esencialmente a "las cuotas y aportes societarios ordinarios establecidos para el funcionamiento de la entidad" y "los convenios que celebre con organismos e instituciones subnacionales y/o internacionales".