El Gobierno repudió la acusación de Maduro contra el gendarme argentino detenido: "Falsa e infundada"
En medio de una tensión creciente entre Argentina y Venezuela, el Gobierno de Javier Milei salió a rechazar las "falsas e infundadas" acusaciones de Nicolás Maduro contra Nahuel Gallo, el gendarme detenido desde hace casi un mes.
A través de un extenso comunicado, Cancillería argentina cargó contra los dichos del mandatario venezolano, quien acusó el lunes al efectivo preso de querer matar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
"No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano", señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el escrito oficial, destacaron que Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos migratorios establecidos, "presentando su documentación, notificando su domicilio y siguiendo todos los protocolos correspondientes antes de su viaje".
En ese contexto, las autoridades argentinas exigieron una vez más "la inmediata e incondicional liberación" de Gallo "garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países".
Asimismo, Cancillería recordó que el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso "las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro".
Y agregaron contra el mandatario venezolano: "Utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado".
El comunicado subrayó que "el Estado argentino repudia estos atropellos" y llamaron a la comunidad internacional "a condenar enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional".
Finalmente, desde el Gobierno reafirmaron "su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región".
"Seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los organismos internacionales competentes, responsabilizando al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, con el firme propósito de que dichas violaciones sean investigadas y sancionadas", concluyeron.