La agenda de sesiones extraordinarias

Al cabo de un proceso de in­definiciones iniciales, el Gobierno optó finalmente por convocar al Congreso de la Nación a sesiones extraordi­narias. La decisión no exenta de riesgos, cuyo primer efecto ha sido el desencadenamiento de la agenda política de un año electoral, con su secuela de conflictos internos y externos, hasta ahora soterrados.

Las tensiones son lógicas, ya que el proceso político que se abre será decisivo para la suerte política del Gobierno y, en ge­neral, para la supervivencia de la mayoría de las coaliciones polí­ticas nacidas en los últimos años.

Los riesgos son importantes, aunque no insuperables. Todo dependerá de la voluntad de propios y extraños de alcanzar niveles de convivencia que per­mitan consolidar los avances del ajuste económico y abrirlo a un proceso indispensable y urgente de reformas estructurales.

El discurso inaugural de Do­nald Trump anuncia cambios radicales en la economía global, que dejan márgenes mínimos para las iniciativas dogmáticas de los economistas de uno u otro signo. Esto repercutirá en la po­lítica y obligará a niveles de concertación que la clase política tanto vieja como nueva estaba muy lejos de prever.

La agenda de Extraordinarias parece lejos de los niveles de necesidad y urgencia que se es­peraba. Incluye temas que bien podrían haber aguardado mayor trabajo en comisiones y mejor foco en los problemas inmedia­tos. De allí que al menos en los primeros días, no ha bastado para alterar el clima de vaca­ciones que sigue viviendo el Congreso.

El menú convocado integra, en efecto, proyectos forzados, aun no terminados, que hubie­ran requerido información téc­nica actualizada. Se trata de campos cuya importancia des­borda las posibilidades de la aritmética parlamentaria. Exi­gen no solo mayores consensos. Demandan sobre todo reformas instrumentales de segunda y tercera generación, fuera al menos por ahora de las posibili­dades de un gobierno concen­trado en consolidar los avances del ajuste. Tarea que desborda tanto al Gobierno como a su ac­tual oposición.

La pregunta central que plantea la agenda escogida tiene que ver precisamente con la na­turaleza de las cuestiones que plantea y con los problemas que ofrece el trámite parlamentario extraordinario. El país vive ur­gencias perentorias en el campo económico y social que, por su importancia solo pueden pros­perar en un ámbito de acuerdos hacia el largo plazo.

El corazón de la agenda es, sin duda, la reforma electoral, un proyecto de muy alta com­plejidad en la medida que aspira a la eliminación del régimen electoral vigente, no solo en su dimensión especifica de regu­lación electoral, sino sobre todo en sus aspectos económicos.

Ambos aspectos están, por cierto, profundamente vincu­lados. Nuestro sistema de fi­nanciamiento de la política ha llegado a ser uno de los más opulentos del mundo, en la medida en que pretende finan­ciar no solo los costos de fun­cionamiento del sistema elec­toral. Busca también hacerse cargo del funcionamiento en­tero de la vida interno de todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su importancia política. Una extravagancia costosísima, que ha dado lugar a un invento ar­gentino único, singular e irre­petible a nivel comparado.

Es probable que la elimina­ción de las PASO llegue a contar con apoyos más que suficientes. Los efectos negativos de la ex­periencia son evidentes y hoy por hoy solo la defienden un puñado mínimo de candidatos, además un grupo cada vez me­nor de beneficiarios directos, tanto dentro como fuera del negocio más bien económico del procedimiento electoral.

La propuesta sobre finan­ciamiento tropezara en cambio con seguras dificultades. La po­lítica tradicional jamás acepto retroceder en los avances lo­grados desde los comienzos del sistema a principios de los años 60. En 1999 logro incluso su in­clusión expresa en el texto del actual art. 38 de la Constitución Nacional. La eliminación de fi­nanciamiento requerirá una reforma constitucional o al me­nos un acuerdo transitorio para suspenderlo "por única vez", una alternativa que tampoco desa­gradaría del todo a la adminis­tración Milei, tan interesada como cualquier en retener esa curiosa anomalía institucional que es el papel superlativo del Ministerio del interior en la ad­ministración del proceso elec­toral.

Otra parte sustancial del programa de Extraordinarias intenta abordar un conjunto de leyes penales federales, inspi­radas por similar espíritu de in­novación experimental. Las le­yes parten del supuesto ideoló­gico y muy poco verificables de la supuesta amenaza del "crimen organizado" en el caso argentino.

La recepción de las "legisla­ciones antimafia" generalizadas en otros países, supone en efecto la existencia de mafias, en el sentido que la expresión adquiere en casos arquetípicos como los del Mediterráneo y algunos países de Europa del Este. En este punto el Gobierno vuelve a pecar de apresura­miento y cede ante el atractivo retorico del populismo puniti­vo. Tal como están las leyes solo permitirán actuar ante formas menores de crimen organizado.

Considerar "mafias" a las bandas de delincuentes de los asentamientos marginales de los conurbanos bonaerense o rosa­rino -con todos sus dirigentes ya con condenas de por vida dicta­das por la justicia ordinaria y en función de la legislación vigente- es sin duda un exceso, tal como lo demuestra entre otras, la expe­riencia italiana.

En este, como en muchos otros puntos, los remedios apresurados solo pueden coin­cidir a pérdidas aún mayores en la confianza del sistema de la protección penal. Cabe por ello insistir una vez más en el hecho de que la sociedad sigue espe­rando una propuesta sólida en el campo de la prevención de la inseguridad y la violencia. La sociedad no demanda tanto eficiencia en la respuesta pu­nitiva como políticas de pre­vención que ataquen las causas de la inseguridad y la violencia. Es decir, reclama sobre todo una presencia institucional mucho más activa frente a los factores criminógenos más importantes. Lo que urge es asumir con responsabilidad condiciones sociales que favo­rezcan la seguridad y el control de riesgos y esto no es, por su­puesto materia de competencia de jueces, fiscales, policías o fuerzas militares movilizadas.

La cuestión se agrava en cuanto se advierte que, a la hora de asumir la reforma penal, el Estado nacional sigue pensando desde la óptica estrecha y aco­tada de la justicia federal, sin tener en cuenta que "un abordaje integral" como el que se preten­de supone la articulación con 24 realidades jurisdiccionales muy diferentes, con sistemas de pro­cedimiento penal propio.

Son todos campos que de­berían ser objeto de la atención ordinaria de los tres poderes. La calificación de "extraordina­rias", puede sugerir la impre­sión de que la convocatoria busca en realidad otros propó­sitos y objetivos no declarados.

Es posible que, en algún punto el Gobierno sienta la ne­cesidad de gravitar hacia el centro del sistema democrático en su versión republicana, es decir hacia el núcleo del sistema de frenos y contra pesos entre los tres poderes. Si es así, es posible que la convocatoria a extraor­dinarias ofrezca la ventaja de la calidad de los procedimientos genere la confianza necesaria de una sociedad desconfiada ante el voluntarismo de las propuestas.