Tras la baja de las retenciones, Córdoba propone un esquema para eliminarlas definitivamente

Semanas previas a la decisión del Gobierno nacional de bajar de forma temporal entre 2 y 7 puntos las retenciones a los cereales, un grupo de gobernadores incrementaba su voz de demanda al Gobierno nacional en pedido de "medidas concretas" para aliviar la situación al campo. En la conferencia, el ministro de Economía, Luis Caputo, redobló la apuesta contra los mandatarios provinciales y los intendentes para que ahora ellos bajen sus tributos locales.

Uno de los primeros en responderle fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Luego de celebrar la medida en las primeras líneas de un extenso posteo, le recordó al titular de Economía que su provincia ya viene aplicando sus propias medidas de alivio y estímulo a los productores locales. Forma parte de un plan más profundo que el ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso, detalló a El Cronista.

 A través de un comunicado titulado "El campo argentino necesita urgente medidas y políticas agropecuarias de largo plazo", la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba le había demandado a Milei hace unos diez días que quite las retenciones a las exportaciones. Su mensaje precedió el pedido de reunión que la Mesa de Enlace a nivel nacional formuló al Gobierno y que sigue pendiente para el 6 de febrero más allá del anuncio de la Casa Rosada de baja de las retenciones: hay otros pedidos en carpeta.

Con la firma de Coninagro Córdoba, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y Cartez, el documento califica a las retenciones como un "impuesto distorsivo y discriminatorio" que "está asfixiando al sector".

De esta manera, las patronales agrarias presionan a Javier Milei y recibieron el apoyo del propio gobernador de Córdoba Martín Llaryora: "Hay que sacarle la pata de encima al #campo y liberar toda su capacidad productiva a favor de la Argentina", remarcó el mandatario. 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en los últimos 21 años, el agro aportó más de u$s 150.000 millones (a precios de septiembre de 2024) en concepto de este tributo, considerando sólo las exportaciones del complejo sojero, maíz y trigo.

La semana pasada, Llayora y Busso se habían reunido con los referentes del campo y pusieron en marcha una batería de medidas que apuntan a aliviar su situación.  En primer lugar, la activación de una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada (DDJJ), los casos de productores que acrediten dificultades económicas para diferir el pago de impuestos en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo. 

En segundo lugar, anunciaron que habrá un tope en el aumento del impuesto inmobiliario rural; los montos que superen dicho porcentaje serán diferidos por seis meses "con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas o si no se eliminan o reducen las retenciones". Finalmente, se comprometieron a llevar al ámbito de la Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda donde estén vigentes.

En este contexto, Busso explicó a El Cronista que si bien tienen una relación cordial con el Gobierno nacional, es necesario para una provincia productiva-agropecuaria mejorar las condiciones de los productores. "Lo venimos diciendo en todos los gobiernos, nacionales hace más de 20 años que las retenciones afectan el crecimiento de la producción. Hoy está afrentando a la rentabilidad del sector", indicó en diálogo con este medio.

El pedido de Llaryora parte entonces de una necesidad de "poner en agenda" el momento alarmante que atraviesa el sector. "Necesitamos acompañar al reclamo de la dirigencia gremial y de la bases agropecuarias", explicó el funcionario llaryorista. 

Desde la cartera explicaron que si bien era un reclamo que siempre estuvo vigente, no se planteaba antes con tanta fortaleza. Según diversos estudios llevados adelante por expertos, la cosecha de la soja podría verse afectada por la falta de lluvias que trae el verano. 

"Costos altos y precios internacionales bajos, más la mochila de años anteriores (en referencia a la sequía del 2023", indicó Busso. Por este motivo, el gobierno cordobés, y el gobierno de Santa Fe, buscan que se le "saque el pie al campo de encima". 

"Siempre hay excusas para no hacerlo, hay sectores de la economía que podrían estar haciendo un esfuerzo como el campo lo hace", afirmó el funcionario.  Según el ministro, el campo quiere "señales claras" y si bien desde el Gobierno nacional se pide paciencia hasta que la economía mejore se trata del único sector al que se le pide dicho esfuerzo. 

Para Busso, se podría pasar a una baja de retenciones escalonada que permitiera al productor aventurar un futuro mejor en los próximos años. Lo importante -afirma- sería presentar un proyecto de ley o apoyar los diversos proyectos que ya están presentados en el Congreso Nacional y hacer un cronograma gradual de baja de retenciones.

"Se podría hacer una baja gradual de la soja, escalonadamente", indicó el funcionario y remarcó que existen proyectos legislativos donde el cobro de las retenciones se hace a cuenta de ganancias. Para los cordobeses, bajar un 5% por año sería dar un mensaje al sector productivo sabiendo que hay un horizonte distinto.

Para el funcionario, existe un gran acuerdo entre las provincias productoras de soja que podría verse reflejado en la posibilidad de una ley en el Congreso Nacional. "El Gobierno se ha comprometido, lo ha dicho permanentemente su compromiso, creo que no se puede esperar más y si bien no se debe descuidar el equilibrio fiscal si no se crece no hay nada para repartir", indicó.

El ministro de Bioagroindustria explicó que en Córdoba solo se cobra "el impuesto inmobiliario" y luego "se devuelve el 90% al sector productivo a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario". 

Finalmente, desde la cartera consideraron clave que la baja de retenciones sea por ley y no por un decreto como lo fue durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. "Hay que animarse a aplicar una política pública de Estado para que desaparezcan las retenciones", cerró Busso.