"Impuesto candado": la denuncia por "tasas ilegales" que se cobran a las pymes
A pesar de haber prometido una "reforma tributaria estructural" para este año, sobre la que poco se sabe, el ministro de Economía, Luis Caputo, exigió que también se apunte sobre el cobro de impuestos que realizar las provincias y de tasas los municipios.
"Es muy importante que los diferentes sectores también focalicen, verbalicen y expongan a todas las provincias y municipios que no están alineados con la política económica del Gobierno: un país con menos impuestos para ser más competitivos", afirmó Caputo durante el anuncio de eliminación y baja de retenciones al campo.
Más allá de las tasas, el economista Gustavo Lazzari aseguró que hay que apuntar contra el "impuesto al candado", que es uno no legislado y que denunció, es el que le cobran a todas las pequeñas y medianas empresas (pymes) para poder transitar.
"Es desde una mafia que te extorsiona, una mafia que te bloquea o un sindicato que arregla con un grande una vara alta que si no la cumplís no te dejan desarrollar el negocio", afirmó en una entrevista en el canal de noticias A24.
Un ejemplo de ello es el "certificado de buena relación sindical", que si no lo tenes, comentó, no podés montar en determinadas fábricas tales como Yacimientos y Petrolíferos Fiscales (YPF) en Vaca Muerta. "Esa ley no escrita te la controla un privado", aseguró.
Las pymes sobre la reforma
La "reforma tributaria estructural" que prometió el presidente Javier Milei, durante la cadena nacional por el primer año de gestión, que eliminaría el 90% de los impuestos y les devolvería las potestades a las provincias, es reclamada por las pymes.
En la última edición de la Encuesta de Expectativas Pyme de IAE Business School existió un repunte en las expectativas, ya que el 65% de los empresarios anticipan mejores resultados en los próximos meses y ve con buenos ojos la promesa de eliminación del cepo.
"El sector pyme comienza a dejar atrás la incertidumbre y ve un camino hacia el crecimiento. El desafío ahora es adaptarse a un entorno de mayor competitividad y estabilidad", sostuvo Guillermo Fraile, profesor de IAE Business School y líder del relevamiento.
Aunque advierto que "una parte importante del mundo pyme todavía tiene que aprender a trabajar en estabilidad". Aunque la estabilidad económica es valorada, también impone nuevos desafíos: competir con precios estables, con procesos más eficientes y márgenes ajustados es un cambio de paradigma a afrontar.
Pese al repunte del optimismo, las pymes siguen enfrentando desafíos y la presión tributaria es, por lejos, su principal preocupación (61%). Seguida por la inestabilidad de las reglas de juego (20%) y, en menor medida, la volatilidad cambiaria (8%), las trabas al comercio (6%) y la inflación (4%).
"La inflación, la volatilidad cambiaria y las restricciones al comercio han dejado de ser las mayores preocupaciones. Hoy, el principal obstáculo es la carga tributaria, que limita la competitividad de las pymes frente a la competencia extranjera", advierte Fraile.
La batalla contra los intendentes
Con el objetivo de dar la batalla contra las tasas, el Gobierno optó por la estrategia de exponer a los intendentes. Primero, con la obligación a las estaciones de servicio de colocar una leyenda en los surtidores cuando se cobren (Resolución 259/2024) y luego con la prohibición de cobrarlas en las boletas de servicios públicos (Resolución 267/2024).
Pese a ello, el principal problema, que fue denunciado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la reunión que mantuvieron con Caputo la semana pasada radica en que el 80% de las tasas que se cobran no tienen una contraprestación.
Es un punto que marcó el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, César Litvin. "Se ha desnaturalizado el concepto de tasas porque tiene que ser la contraprestación de un servicio efectivo", afirmó en conversación con El Cronista.
Coparticipación
Así, sostuvo, que los municipios por la Ley de Coparticipación no pueden cobrar impuestos. Una obligación que no se cumple ya que existen diversos casos donde los intendentes cobran tasas en función de ingresos y no de costo prestacional.
Pero el problema mayor para Litvin está en que para poder defenderse de una tasa el contribuyente debe ir a los juzgados provinciales que tiene el criterio arcaico solve et repete: primero paga y después reclama. "Para que la defensa sea efectiva es necesario intentar conseguir una medida cautelar que frene el pago. Eso es casi una misión imposible por el alineamiento político", concluyó.