Reforma tributaria: integrar y eliminar para evitar más distorsiones
La eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos y de las tasas municipales aplicadas sobre las ventas resulta ineludible frente a los persistentes problemas de competitividad. Absorber ambos tributos en un único impuesto que grave el consumo -como el IVA- representa una alternativa viable en el corto plazo.
Actualmente, el sistema tributario argentino impone múltiples gravámenes sobre un mismo hecho imponible: las ventas.
A nivel nacional, se aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una alícuota general del 21%, aunque con excepciones y alícuotas reducidas para ciertos bienes y servicios.
A su vez, las provincias cobran Ingresos Brutos con centenares de alícuotas distintas y numerosos regímenes de retención anticipada (como SIRCREB y SIRTAC). Los municipios, por su parte, imponen tasas que operan de forma análoga. Esta superposición de tributos incrementa los precios finales y distorsiona el funcionamiento del sistema productivo.
En contraposición, el IVA es un tributo moderno y más eficiente, cuya estructura permite gravar únicamente el valor agregado en cada eslabón de la cadena productiva. Esto mitiga las distorsiones sobre los precios relativos y mejora la asignación de recursos.
Reforma tributaria: integrar y eliminar para evitar más distorsiones
En cambio, Ingresos Brutos y las tasas municipales multiplican su efecto acumulativo a lo largo del proceso productivo, generando costos internos adicionales y reduciendo la competitividad de los bienes y servicios nacionales.
Un análisis de la recaudación actual resulta clave para evaluar la viabilidad de una eventual eliminación de estos tributos.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2024 el IVA generó una recaudación equivalente al 7,5% del PBI (3,5% para la Nación y 4% para las provincias). El impuesto provincial a los Ingresos Brutos aporta aproximadamente un 4% del PBI, mientras que las tasas municipales sobre ventas representarían al menos un 0,5% adicional. En conjunto, los impuestos sobre ventas recaudan alrededor del 12% del PBI, convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento para los tres niveles de gobierno.
En 2024 el IVA generó una recaudación equivalente al 7,5% del PBI. El impuesto provincial a los Ingresos Brutos aporta aproximadamente un 4% del PBI, mientras que las tasas municipales sobre ventas representarían al menos un 0,5% adicional.
Esta situación constituye una anomalía. Un sistema tributario sano debería gravar prioritariamente los ingresos y no las transacciones. Por ello, una reforma estructural debería implicar una reducción del gasto público, acompañada por un fortalecimiento del impuesto a las Ganancias en detrimento de los impuestos sobre las ventas. La eliminación progresiva de Ingresos Brutos y de las tasas municipales es, por lo tanto, una necesidad imperiosa.
Una estrategia pragmática consiste en absorber Ingresos Brutos y las tasas municipales dentro del IVA. Las ventajas de esta medida son múltiples. En primer lugar, aportaría transparencia al sistema tributario, al hacer visible la verdadera carga impositiva que pesa sobre las ventas. En segundo lugar, reduciría los costos administrativos para el Estado y para los contribuyentes, lo que podría traducirse en menores niveles de evasión y mayor competitividad de la producción nacional.
Además, el IVA es un impuesto plenamente reintegrable para los exportadores, lo que elimina la exportación de impuestos y permite una competencia más equilibrada con los productos importados. En este marco, el anuncio de la actual administración nacional de revisar el funcionamiento del IVA y su articulación con las provincias resulta auspicioso.
Reforma tributaria: integrar y eliminar para evitar más distorsiones
Es fundamental abordar de manera integral la problemática de los impuestos sobre ventas, considerando la interacción entre los tres niveles de gobierno.
Asimismo, esta reforma podría abrir paso a un esquema de competencia fiscal entre provincias, promoviendo la eficiencia y la equidad.
Para las jurisdicciones que representan tres cuartas partes del país en términos de población y PBI, sería factible avanzar hacia un régimen de correspondencia fiscal. Para las provincias menos desarrolladas, podría establecerse un Fondo de Nivelación que compense las asimetrías estructurales sin distorsionar el sistema productivo.