Alerta entre organizaciones por el debut de la reforma policial en una jornada caliente

Apenas 24 horas antes de la convocatoria a una masiva movilización a Plaza de Mayo para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno dio a conocer una modernización en las funciones de la Policía Federal y la creación del Departamento Federal de Investigaciones, una suerte de FBI local que ya encendió las alarmas entre distintas organizaciones. 

Es que la normativa publicada a través del decreto 383/2025 contiene un anexo en el que se amplían las prerrogativas de la fuerza de seguridad, sobre todo en el contexto de control de comunicaciones en redes sociales y la posibilidad de requisar y detener manifestantes, aún sin contar con orden judicial. 

La vigilia en la casa de Cristina Kirchner en la calle San José al 1100 ya generó preocupación en distintos sectores tanto del Ejecutivo como del Gobierno de la Ciudad que buscan saber cómo serán los días sucesivos del cumplimiento de la condena de la exmandataria y si se podrá sostener un nivel normal de actividad en la zona y no de un permanente clima de manifestación. 

Precisamente, en el escrito dado a conocer ayer se recalca que se brinda el beneficio de la prisión domiciliaria con la condición de que Cristina Kirchner se abstenga de "adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

"La falta de claridad en muchas de las modificaciones abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial", advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

En un documento dado a conocer luego del decreto presidencial, señalan que "otorga numerosas facultades sin orden judicial: de detención (a contramano de las obligaciones que se desprenden del fallo de la Corte IDH en el caso Bulacio), de ciberpatrullaje, es decir, la posibilidad de espiar fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales) y la posibilidad de realizar requisas en situaciones indefinidas denominadas "operativos de prevención".

"Hablamos de la policía para delitos federales complejos, pero en rigor lo que vemos en el texto del decreto son atribuciones extraordinarias de la policía para hacer tareas de investigación o prevención, atribuciones sin orden judicial ni salvaguardas correspondientes para la inteligencia criminal", mencionó una las abogadas del organismo, Victoria Darraidou, quien es coordinadora de Seguridad.

También marcaron discrepancias desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). En primer lugar, porque consideran que el decreto 383/2025 es de carácter inconstitucional, ya que fue "delegado" en el marco de la Ley Bases y se evitó el proceso legislativo correspondiente. 

El problema se agrava por el carácter inconstitucional del Decreto 383/2025. Al ser un decreto "delegado" dictado en el marco de la Ley Bases, el texto evitó el proceso legislativo, lo que "no solo impidió un debate plural que habría enriquecido la reforma, sino que derivó en graves errores técnicos". 

Pero ese no sería el único bache en la normativa, sino que la "inadecuada regulación de detenciones por "averiguación de antecedentes" sin orden judicial por un lapso de 10 horas" también podría llevar a declaraciones de inconstitucionalidad por regular materia procesal penal mediante decreto.

"Se trata de una reforma a imagen y semejanza de las necesidades represivas del régimen: frente al rechazo creciente al ajuste brutal, el gobierno busca fortalecer el aparato estatal para perseguir a quienes luchan. La Policía Federal pasa a actuar como fuerza de inteligencia interna y policía política, bajo las órdenes directas del Ministerio de Seguridad", sostuvo la diputada nacional del FITU-PO Vanina Biasi, electa legisladora porteña. 

Los artículos más polémicos

Ciberpatrullaje sin control judicial: La nueva normativa habilita a la Policía Federal a monitorear redes sociales y otras fuentes abiertas sin necesidad de contar con una orden judicial previa.

Requisas sin orden de la Justicia: Se autoriza a la fuerza a realizar controles personales y de vehículos sin requerir autorización del Poder Judicial, lo que abre la puerta a detenciones discrecionales.}

Inteligencia criminal proactiva: Se le otorga a la fuerza un rol activo en la prevención del delito a través de tareas de investigación e inteligencia criminal, en base a criterios definidos por el Ministerio de Seguridad.

Reestructuración interna: La reforma modifica el sistema de escalafones de la Policía Federal y propone una reducción progresiva del número de suboficiales.

Intervención directa ante delitos flagrantes: La Policía podrá actuar de forma inmediata para mantener el orden público frente a delitos en curso, siempre bajo requerimiento del Ministerio de Seguridad.