Salarios congelados, industria en rojo y RIGI en cámara lenta: la crítica del PRO a Milei

A casi un año de la sanción de la Ley Bases, la Fundación Pensar, el think tank fundacional del PRO, difundió un nuevo informe con un tono crítico hacia la política económica del gobierno de Javier Milei en relación a las expectativas que la mega norma había concitado bajo un halo refundacional. Si bien valora ciertos logros de la administración libertaria, enciende una luz de alerta sobre la fragilidad institucional y expone el bajo nivel de avance de las reformas estructurales prometidas.

"La economía argentina se encuentra en una situación más saludable que el punto de partida", admite el economista Hernán Lacunza, en el prólogo del informe, pero rápidamente pone el foco en los desequilibrios persistentes: caída del salario real, pérdida de competitividad industrial, retroceso del consumo y escasa acumulación de reservas. Las tensiones que arrastra el plan de estabilización comienzan a emerger incluso entre sus principales aliados políticos.

El documento titulado "Justicia Para Todos" comienza con un diagnóstico contundente: aunque la inflación anualizada bajó del 211% al rango del 20%-30% y el tipo de cambio se estabilizó tras la apertura parcial del cepo, el Gobierno "incumplió la meta de reservas comprometida hace apenas 70 días", incluso en pleno período de liquidación de la cosecha gruesa. "En el segundo semestre se pondrá a prueba la capacidad de acumular reservas propias -no prestadas-, condición requerida para que la baja del riesgo país garantice una renovación de deuda fluida en 2026", sostiene el texto.

La crítica se apoya en una lectura que fusiona realismo fiscal con una advertencia social, acerca de las consecuencias de una economía que no termina de arrancar. Bautista Santamarina, de Empiria Consultores, señala que tras un rebote inicial "los salarios reales encuentran límites" y que el ingreso disponible se mantiene por debajo del nivel de fines de 2023, a pesar de que entonces se sostenía con un "plan platita insostenible". El consumo se debilita y las señales de recuperación no alcanzan a compensar el ajuste.

También se cuestiona el escaso avance de las inversiones privadas. Si bien se celebran los cuatro proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se aclara que otros 13 permanecen en evaluación. La Fundación reclama una aceleración del proceso y advierte que el entramado regulatorio sigue siendo frágil y susceptible a vaivenes políticos. 

"Los decretos delegados se acumulan sin ratificación legislativa", recuerda la diputada Silvia Lospennato. "El equilibrio fiscal no puede sostenerse en la amenaza de los vetos", apunta, en una frase que marca distancia con el estilo confrontativo del oficialismo.

Sobre el capítulo laboral, el informe también es lapidario: de los más de 5 millones de trabajadores no registrados que existen en el país, solo un 0,24% fue regularizado con la Ley Bases. "Desde julio de 2024 se logró recuperar tan solo el 15% de los 135.000 empleos privados que se perdieron desde que inició la gestión", explican. A esto se suma el fracaso del DNU 70/2023 y del reciente 340/2025, suspendidos judicialmente tras impugnaciones de la CGT. "Esquivar al Congreso ha demostrado reiteradamente su inefectividad", concluyen.

El informe también advierte sobre la debilidad institucional del proyecto económico. "La decisión de no aprobar un presupuesto impide tener certeza sobre las metas fiscales y, por ende, sobre la posibilidad de generar acuerdos para sostenerlas", remarca Lospennato, quien fue un engranaje clave para la sanción de la Ley Bases en 2024, antes de terminar enfrentada con LLA por la candidatura porteña. 

El mismo texto alerta que la mayoría legislativa que permitió aprobar la Ley Bases "dejó de existir" y que el Gobierno se ha visto obligado a recurrir a vetos y al apoyo puntual del PRO para frenar iniciativas que alteraban el equilibrio fiscal.

En el plano judicial, otro de los ejes del documento, se subraya que sin una Justicia independiente, previsible y eficaz, no hay posibilidad de atraer inversiones sostenidas. "La justicia no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo", afirma el exfuncionario judicial Martín Casares, aludiendo a las demoras en reformas institucionales y a la percepción de impunidad como obstáculo para el crecimiento.

A contramano, el reporte lista una serie de aspectos positivos sobre la marcha del Gobierno que incluye la reducción de la inflación y estabilidad cambiaria y el superávit fiscal, destacando la disciplina fiscal como un pilar necesario del modelo, aunque se reclama darle consistencia institucional.

Al mismo tiempo, respecto a la desregulación administrativa, la Fundación Pensar valora una serie de medidas como la liberalización del sector aeronáutico, la receta digital, el uso de medios electrónicos para propinas y la eliminación de privilegios en contrataciones públicas.

Por último, pondera el boom energético, con la producción de petróleo en su mayor nivel en 30 años, y el inicio del proceso de privatizaciones, entre las cuales se cita el lanzamiento de procesos en ENARSA, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas y Aerolíneas, con avances limitados. No obstante, de las ocho firmas estatales incluidas en la Ley Bases, el reporte subraya que ninguna completó el proceso. En cambio, la empresa IMPSA fue privatizada con la venia de Mendoza, en manos de una parte de las acciones, y otra firma, Trenes Argentinos Capital Humano terminó liquidada. 

La Fundación Pensar es el centro de estudios y desarrollo de políticas públicas del PRO, partido fundado por Mauricio Macri. Nacida en 2005, fue el semillero de funcionarios y propuestas del primer gobierno macrista en la Ciudad y luego en la Nación. 

Actualmente nuclea a referentes técnicos, exfuncionarios y legisladores del espacio, y funciona como usina de elaboración y seguimiento de políticas públicas. Su publicación mensual Pensar Argentina es una de sus herramientas de diagnóstico y posicionamiento político.