Plan colchón: el proyecto de la oposición que inquieta al Gobierno y los montos en discusión
Luego de postergarlo, en medio de la codena de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno dice que quiere tratar esta semana en comisión el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, pero teme que la oposición juegue uno que ya cuenta con dictamen de mayoría.
Fuentes oficiales de la Cámara de Diputados aseguraron El Cronista que pretenden tratar el proyecto que daría seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón con cambios en la Ley Penal Tributaria, de Procedimiento y en el Código Civil y Comercial.
Pero en el oficialismo confiesan que en el proceso legislativo de este proyecto la oposición puede insistir -por ejemplo- con la reforma jubilatoria con consecuencias en el superávit fiscal o incluso solicitar una sesión para uno similar que ya cuenta con dictamen de mayoría.
Es que el 29 de noviembre pasado, el diputado de Propuesta Republicana (Pro), Oscar Agost Carreño junto con Ricardo López Murphy juntaron la mayoría de las firmas en la Comisión de Legislación Penal para el tratamiento de un proyecto para actualizar de montos por el delito de evasión tributaria.
Así, y a diferencia del proyecto de Gobierno en donde se plantearon montos fijos, se propuso tomar como referencia al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). En el caso de la evasión simple, el contribuyente encuadraría cuando el monto evadido de forma parcial o total en tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sea de 345 (SMVM).
Lo que al salario mínimo vigente desde el 1º de junio ($ 313.400) arrojarán un monto de $ 108.123.000. Y que se diferencia, por poco, de la propuesta del Gobierno, que pretende elevarlo de $ 1,5 millones a $ 100 millones, aunque sería una cifra fija.
Siendo este una cuestión sobre la que los tributaristas levantaron críticas. "Hay que establecer un mecanismo para que lo que es delito o no es delito no cambie por los efectos de la inflación y que se corrija automáticamente", afirmó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta.
En cuanto a la evasión agravada, el proyecto a la oposición plantea que el contribuyente quede encuadrado en ese término cuando el monto evadido superase el equivalente a 3.450 SMVM al momento del hecho, que al valor de junio daría $ 1.081.230.000. Mientras que el oficialismo lo quiere fijar en $ 15 millones.
Pero cuando hayan estado involucradas persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hayan utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado encuadrarán cuando el monto evadido supere los 460 SMVM ($ 144.164.000 a valor de junio).
Misma cifra en el caso de que el obligado haya utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales. Pero se reduce a 345 SMVM ($ 108.123.000) cuando se haya utilizado total o parcial facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso (versus $ 200 millones).
En el caso de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, el proyecto de la Agost Carreño y López Murphy plantea que recaiga en evasión cuando supere la cifra de 345 SMVM ($ 108.123.000) al momento del hecho en un ejercicio anual. Cuando el del oficialismo lo estipula en $ 100 millones.
En la mira del Gobierno
En la Cámara de Diputados miran, sobre todo, el accionar de los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) que conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre los cuales están Martín Tetaz (CABA), Roberto Sánchez (Tucumán), Lisandro Nieri (Mendoza).
Pero también a aquellos que responden a los gobernadores ya que su voto será la prenda de cambio que, sostienen los libertarios, utilizarán para el armado de las listas tanto de las elecciones desdobladas a nivel provincias como en la nacional.
Según pudo saber este medio con fuentes de la Cámara baja, el Gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para llevar al recinto el proyecto de Inocencia Fiscal, pero con la limitación de que se trata de un año electoral. Lo que deja el interrogante de que sucederá si no se aprueba con el ritmo de la economía, que en palabras del ministro Luis Caputo, dependía de los dólares del colchón para seguir corriendo al 6%.