El nuevo estatuto del becario o el anteproyecto de ley del Gobierno que regula la formación práctica en el ámbito de la empresa, ha desatado una gran preocupación entre las universidades públicas de la provincia (las peores financiadas de la Comunidad Valenciana), como en el resto de la geografía española, por la papeleta de tener que asumir el pago de los gastos de traslado y manutención a los estudiantes que realizan prácticas.
