El Ayuntamiento de Alicante desvela los argumentos por los que este jueves pidió al TSJ que anule su propia sentencia (avalada posteriormente por el Supremo) en la que acordaba conceder licencia al proyecto de los macrodepósitos por silencio administrativo. El gobierno local agota así la vía judicial después de que el Alto Tribunal no admitiese a trámite su recurso de casación y ratificase la decisión del tribunal autonómico. En este sentido, el gobierno de Luis Barcala alega que el fallo del TSJ vulnera derechos fundamentales y reclama paralizar la concesión de la licencia ambiental a la empresa precursora del proyecto para evitar un “perjuicio irrecuperable”.
