Piruetas electorales
Todas las encuestas predicen el triunfo del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, en la elección presidencial de Venezuela (28 de julio). Diplomático y académico de poca presencia en los medios, aunque acaba de ser postulado y ya goza del respaldo de la mayoría de los electores. Es la expresión del inmenso rechazo al […]
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Todas las encuestas predicen el triunfo del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, en la elección presidencial de Venezuela (28 de julio). Diplomático y académico de poca presencia en los medios, aunque acaba de ser postulado y ya goza del respaldo de la mayoría de los electores. Es la expresión del inmenso rechazo al régimen actual, responsable de los males que afectan al país. Quienes mandan saben que no pueden revertir esa tendencia. Por eso, ensayan piruetas diversas para evitar la pérdida del poder, como antes lograron: desde hace tiempo no ganan limpiamente una elección; pero las condiciones han cambiado.
El chavismo siempre compitió en condiciones ventajosas. Aun en 1998, cuando Hugo Chávez era un “golpista”, salido de la cárcel (cómoda y abierta a los medios) por gracia del presidente Rafael Caldera, tuvo amplio acceso a prensa, radio y televisión; y asimismo el apoyo de importantes sectores (políticos, económicos y sociales) que consideraban que era necesario un cambio para corregir las fallas del sistema democrático, manejado por partidos y aparatos sólo interesados en sus respectivos beneficios. Estos, en actitud suicida, impidieron los intentos de reforma iniciados por algunos visionarios. Ni siquiera la simpatía que le mostraba el dictador Fidel Castro (y sus seguidores) hizo despertar a quienes debían cuidar y fortalecer la democracia (frágil siempre en Venezuela debido a una historia marcada por la omnipresencia de las fuerzas armadas). Su triunfo no era ineluctable: en efecto, se produjo con 56,2% de los votos (y la abstención de 36,55% del registro).
Instalado en el gobierno, el “chavismo” utilizó todos los recursos, incluso los de las fuerzas armadas (definidas hasta entonces como “no partidistas”), para obtener ventajas en los procesos electorales. Las prácticas indebidas se hicieron generales desde que se “renovaron” los órganos del poder público. Ya no hubo limitación alguna. Además, se modificaron las reglas para beneficiar al partido mayoritario que devino en “oficial”. Gracias a esos procedimientos Hugo Chávez aumentó sus porcentajes de apoyo en 2000 (59,76%) y 2006 (62,84%); pero encontró fuerte oposición en ambas fechas (37,52% y 36,9%). Nadie conoce el resultado real del referendo revocatorio de 2004: 59,1% – 40,6% anunció el CNE; pero otras instituciones ofrecieron cifras distintas. En todo caso, en 2007 (un mal cálculo del “caudillo”?), la oposición le infligió dura derrota en el referéndum convocado para establecer el estado socialista. En verdad, no frenó sus propósitos; pero aumentó su desconfianza hacia los métodos democráticos.
A partir de entonces, se han manipulado los resultados de todas las elecciones (presidenciales, legislativas, regionales). Tal vez, el “chavismo” no ha ganado ninguno de los eventos nacionales convocados después. No se dieron a conocer los números completos, detallados por mesas y municipios del referéndum de 2009 (sobre la reelección de funcionarios), con participación de 2.521.785 votantes más (14,03%) que en el de 14 meses antes. Las cifras de la elección presidencial de 2012 (que se adelantó para permitir la presencia de H. Chávez, gravemente enfermo) no responden a las tendencias del momento: se elevó la participación aún más, hasta 80,2% y se declaró electo al “caudillo” con 55.07%. Y los resultados de las de abril de 2013 son, a simple vista, irreales. Se atribuyó a Nicolás Maduro 50,61% de los votos y una ventaja de 223.599 (1,49%) sobre su inmediato seguidor. Por supuesto, nunca se admitió revisar las actas.
Los jerarcas del régimen fueron sorprendidos en 2015. No esperaban (ni aceptaron!) la derrota en las elecciones legislativas. Maniobraron para anular algunos resultados e impedir la formación de una mayoría opositora. Luego ignoraron las decisiones de la Asamblea Nacional. Y en 2017 N. Maduro convocó (sin cumplir las disposiciones sobre la materia) una “asamblea constituyente” (de composición antidemocrática). Pretendió de esa forma burlar la voluntad popular. Ese acto no tuvo reconocimiento en la comunidad internacional, como tampoco la elección presidencial que aquel parapeto (que presidía Delcy Rodríguez) ordenó adelantar en 2018. Desde entonces desapareció la institucionalidad jurídica y política. Sin embargo, obligados por la situación económica, quienes usurpan el poder aceptaron en Barbados (2023) firmar un acuerdo con la Plataforma Unitaria Democrática para la celebración en 2024 de una elección presidencial con garantías electorales mínimas (hasta ahora no cumplidas). Sin embargo, la oposición encabezada por María Corina Machado aceptó el reto.
Tiempo hace que Nicolás Maduro y el grupo que comparte o prepara sus decisiones (sobre asuntos oficiales o partidistas) saben que no pueden ganar las elecciones (y tampoco organizar un fraude que pueda ser admitido por la comunidad internacional). Porque el rechazo es muy grande (más del 80% de la población): a la destrucción de la democracia (que fue modelo en América Latina), la violación de los derechos humanos (que investigan el TPI y otras instituciones) y la corrupción (que privó de recursos al desarrollo) se suma el fracaso en todas las áreas. La pobreza aflige al 90% de la población, los servicios públicos no funcionan y la infraestructura se deterioró. Cayó la producción petrolera (por el mal manejo de la industria) y por consiguiente el pib. La situación ha provocado la emigración de 8 millones de personas. No se puede ocultar. Lo reconocen Lula da Silva y Gustavo Petro.
A lo anterior se añade otra circunstancia, que recientemente el presidente del Brasil consideró como un hecho “extraordinario”: la unidad de la oposición (mejor, de sus factores fundamentales). Aunque casi siempre los grandes cambios han sido resultado de la acción de grupos organizados comandados por líderes audaces decididos a implantar un proyecto, en Venezuela se ha difundido la tesis según la cual es necesaria la unidad para sustituir el régimen imperante. En realidad, más que un acuerdo de comandos se ha logrado la unidad popular, como en febrero de 1936 (para poner fin al gomecismo) y en enero de 1958 (para establecer la democracia). Fue ese el sentimiento que pareció renacer en octubre de 2023, en las primarias convocadas por la PUD: entonces se impuso (92% de los votantes) la candidatura de MCM, quien ha mantenido una posición intransigente frente al “chavismo-madurismo” (con críticas a la conducción de la oposición).
El régimen creyó posible manejar el proceso electoral y manipular – como en otras oportunidades – los resultados. Por eso, tomó medidas que pensó le daban ventaja y le garantizaban el control de las decisiones. Entre otras, provocó la designación de nuevos miembros (de perruna fidelidad) en el cne, a cuya cabeza colocó a uno de sus militantes más sectarios, sancionado en Estados Unidos; adelantó la fecha de la votación (para acortar el tiempo de campaña del candidato opositor); abrió el registro electoral con serios obstáculos para los no inscritos y quienes viven en el exterior; y pretendió obligar a los adversarios a nombrar un abanderado sin posibilidades de ganar (para lo cual “inhabilitó”, inconstitucionalmente, la candidata escogida por millones de electores y no aceptó la postulación de la persona nominada para reemplazarla). No obstante, pareciera que por primera vez la oposición marca el desarrollo de la contienda.
No son pocos los que piensan que existe riesgo de suspensión de la elección presidencial ¿No tenían ese propósito el pretendido “conflicto” con Guyana y los anuncios de supuestos “atentados” contra la vida de algunos funcionarios? Para superar aquella amenaza se ha propuesto una negociación que permita la salida (con garantías para la vida y los bienes) de quienes mandan desde Miraflores y Fuerte Tiuna. En el mismo sentido, MCM ofreció una “transición negociada”. Por supuesto, cualquier acuerdo sobre el asunto debe respetar las exigencias de la justicia y de reparación de los daños causados a entes públicos y personas, así como tomar en cuenta las normas del derecho internacional y la existencia de una “jurisdicción internacional”. En todo caso, la campaña electoral está en marcha; y en breve, comenzará una danza de millones en busca de votos que pueden ser atraídos para la defensa de la “revolución” ¡Gasto perdido!
Es hora decisiva en el proceso venezolano. Ha sido aspiración permanente lograr el desarrollo (con progreso y justicia) en un régimen de libertades. Se intentó desde la independencia y se han emprendido varios ensayos. El último (de larga duración y muchos logros) parecía avanzar hacia el despegue definitivo. Pero, sus dirigentes (de todos los sectores) no supieron corregir fallas y errores, lo que aprovecharon algunos aventureros para adueñarse del poder y disponer de los recursos en beneficio propio. Existe ahora la oportunidad de retomar el rumbo y marchar, sin desvíos, con trabajo y sacrificios, hacia los objetivos que fijó la historia.
X: @JesusRondonN
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