Tras el fraude electoral en Venezuela, ¿existe alguna salida?

Siete días después de las disputadas elecciones presidenciales en Venezuela, la contienda sigue siendo un enfrentamiento aparentemente irresoluble, con un presidente en funciones que insiste en una victoria no probada y líderes de la oposición que instan al apoyo internacional para desalojar a un dictador que no está dispuesto a ceder el poder.

Con el presidente Nicolás Maduro reforzando la represión contra la oposición para acallar las masivas manifestaciones a favor del diplomático retirado Edmundo González Urrutia, la comunidad internacional sigue llamando al diálogo entre ambas partes para construir una solución pacífica. El domingo, los presidentes y primeros ministros de siete países de la Unión Europea exhortaron al régimen de Maduro a «liberar prontamente todas las actas de escrutinio» para garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral celebrado el 28 de julio.

Alrededor de 20 naciones han presionado a Maduro para que presente una tabulación de votos completa y verificable, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció que González fue el más votado en la contienda. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos no logró aprobar la semana pasada una resolución para exigir a las autoridades electorales que publiquen los resultados detallados de las elecciones, sentando las bases para arduas negociaciones que podrían no traer la necesaria transición democrática a este país. De estos esfuerzos, el que más puede influir en Maduro -si es que lo hace- podría ser la iniciativa impulsada por Brasil, México y Colombia, que busca la verificación imparcial de los resultados y facilitar las conversaciones entre ambas partes. Estos tres países tienen previsto enviar a sus ministros de Asuntos Exteriores a la capital venezolana esta semana.

Mientras la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, la estrategia poselectoral legal y política del gobierno de proclamar la victoria de Maduro para un tercer mandato ha causado una indignación comprensible. «Este es el único caso en el que la designación de un presidente [venezolano] se ha hecho sin escrutinios, sin verificación, sin absolutamente nada. Esto es sólo la autoproclamación de Maduro», dijo a Americas Quarterly José Ignacio Hernández, venezolano que es profesor de Derecho en Boston.

Mientras Maduro puede estar intentando ir «a lo Ortega» -siguiendo el molde del dictador de Nicaragua-, todavía hay otros caminos que el país podría tomar. Así como es poco probable que Maduro abandone el poder sin luchar, también es poco probable que los venezolanos acepten pasivamente unas elecciones contaminadas. A partir de aquí, los posibles escenarios incluyen que el gobierno reprima violentamente y con éxito a la disidencia, como ocurrió tras otras elecciones celebradas en la última década; la publicación de un nuevo recuento electoral con pruebas verificables o una solución negociada entre el gobierno y la oposición.

Cualquier intento de transición tendría que considerar más que solo la presidencia. El partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), controla casi todas las instituciones relevantes: el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, la Asamblea Nacional, los medios de comunicación, las autoridades electorales y las fuerzas armadas. Sin embargo, el chavismo -la ideología del gobierno actual- parece más débil que nunca: 75% de los venezolanos quiere un cambio de liderazgo. Incluso en los barrios más pobres, antiguos bastiones chavistas, el apoyo a Maduro se ha erosionado.

Es probable que la respuesta de Maduro afecte también al chavismo. El movimiento político que lleva el nombre del fallecido presidente Hugo Chávez Frías no es un bloque monolítico y, en los próximos días y semanas, es posible que veamos fracturas internas que podrían debilitar a la coalición dominante. Incluso, 10% de los chavistas más ortodoxos están abiertos a considerar lo que podría significar el cambio. Cualquier fisura significativa con las subcoaliciones reformistas podría poner en peligro el control del chavismo sobre el poder.

Referencias regionales

Hemos visto algunos casos de dictadores regionales que aceptaron la derrota, como Augusto Pinochet en Chile en 1988. «Respetaré el veredicto» del pueblo, dijo el exdictador Pinochet al día siguiente de las elecciones. Aun así, siguió siendo el comandante en jefe del país hasta 1998 y nunca fue condenado por un tribunal chileno.

Esta vez, en lugar de admitir inmediatamente la derrota, Maduro y su círculo más cercano podrían utilizar el reconocimiento de los resultados electorales como herramienta de negociación, como cuando Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cedió el poder a Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, en Nicaragua en 1990, en parte a cambio de dejar que su hermano Humberto Ortega mantuviera el control del ejército.

Alternativamente, una fractura dentro de la coalición gobernante podría llevar a una anulación del recuento de votos, como se vio cuando el Congreso de Bolivia anuló las elecciones en 2019 debido a acusaciones de fraude. No obstante, este último escenario parece cada vez más improbable, ya que los líderes del gobierno venezolano se mantienen firmes en los resultados y tienen pocas posibilidades de ganar en caso de unas nuevas elecciones justas.

«Es muy probable que algunas facciones no lo hagan», dijo a AQ en Caracas el politólogo venezolano John Magdaleno. Mientras que los altos mandos militares siguen siendo leales a Maduro, podríamos ser testigos de una rebelión desde abajo por parte de civiles y militares de bajo y medio rango. Muchos están frustrados por los bajos salarios y no quieren reprimir a sus conciudadanos.

La continuación del fraude electoral masivo hace inevitables las movilizaciones de masas. Al día siguiente de las elecciones, las protestas y la violencia estallaron espontáneamente en Caracas. Tras optar por no reconocer los resultados, el régimen se enfrenta a una nueva elección crucial: recurrir o no a una represión cada vez más violenta; las manifestaciones continúan a pesar de que las fuerzas de seguridad ya han realizado más de 2.000 detenciones en la última semana y Maduro ha dicho que la líder opositora, María Corina Machado, y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, «deberían pasar” 30 años “tras las rejas”.

¿Un proceso de transición?

González y Machado han anunciado que están dispuestos a incluir a los militares en un eventual proceso de transición. «Hay muchos sectores del chavismo que me están buscando», dijo Machado a AQ unos días antes de las elecciones. Explicó cómo algunos militares se han acercado a ella, tratando de entender cómo sería una transición y cómo pueden formar parte de ella.

Sin embargo, el ejército es una organización vertical, lo que dificulta el éxito de una rebelión ascendente. La cúpula militar tiene más que perder que los rangos inferiores. Si el gobierno de Maduro cae, muchos deberán renunciar a lucrativos esquemas de corrupción estatal y enfrentarse a cargos penales.

Serán necesarias presiones tanto internas como externas para obligar a la coalición gobernante a abandonar el poder. La mayoría de las naciones del mundo ya han señalado que no ignorarán la situación. «La comunidad internacional tiene una gran responsabilidad», declaró Machado a AQ.

En medio de los conflictos actuales en Rusia, Ucrania y Oriente Medio, Venezuela podría caer fácilmente en la lista de prioridades de sus socios internacionales. Sin embargo, Machado confía en que la comunidad internacional no normalice sus relaciones con el régimen. «Estas no son unas elecciones más. Es la última oportunidad», afirmó.

Las opciones que quedan

Las transiciones exitosas a menudo requieren equilibrar una línea dura y otra blanda. Aquí es donde Machado y su elección presidencial «accidental», González Urrutia, podrían ser una buena combinación. Machado es conocida por su firmeza y resolución, mientras que González Urrutia aporta un toque diplomático y un enfoque en la paz y la reconciliación. Aunque Machado se ha comprometido a no permitir la impunidad total, este dúo de líderes debe ofrecer a los altos cargos del gobierno una estrategia de salida viable, que incluya incentivos adecuados.

«No hay transición sin transacciones», dijo a AQ en Caracas Ángel Alvarado, investigador principal del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas.

En la fase inicial, la oposición no consiguió implicar a las partes interesadas adecuadas ni crear condiciones que hicieran menos desalentador para el gobierno ceder el poder. Es posible que asumieran que una victoria aplastante bastaría por sí sola. Con un cambio de estrategia, la oposición aún podría movilizar e implicar a las principales partes interesadas en una segunda fase. Esto requerirá un enfoque matizado, caracterizado por la empatía y un amplio diálogo para comprender las motivaciones de las principales partes interesadas y lo que pueden ganar y perder desertando del gobierno.

Resolver el actual estancamiento será difícil, pero no imposible.

La autora es una científica social interdisciplinar y periodista con másteres en Negocios Internacionales y Política, Gestión Internacional y Administración Pública por la Copenhagen Business School y la Harvard Kennedy School of Government. Dahl se encuentra en Caracas, cubriendo las consecuencias de las elecciones.

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly.

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