El Congreso gasta una media de 6.250 euros para traducir lenguas cooficiales cada día de reuniones de comisión

A ello se suman otros 4.000 euros diarios cuando hay sesión plenaria, más el coste de aparatos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados invierte una media de 6.250 euros al día en la traducción simultánea de lenguas cooficiales durante las sesiones de comisiones y de la Diputación Permanente, según los datos recopilados por Europa Press a través del portal de transparencia de la Cámara Baja. A ellos se suman otros 4.000 euros diarios cuando hay sesión plenaria.

El pasado mes de septiembre el Congreso aprobó la reforma del Reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales, una exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol que permitió a PSOE y Sumar hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.

En el hemiciclo se ha podido utilizar el catalán, el euskera y el gallego desde el primer día, tanto en los debates con el Gobierno como en las iniciativas parlamentarias, y antes incluso de que se procediera a la reforma reglamentaria.

SIN TRADUCTORES EL PRIMER DÍA

Pero no fue hasta el 22 de enero cuando el uso de las lenguas cooficiales se extendió también a las comisiones de la Cámara Baja, y coincidió además con la comparecencia de buena parte de los miembros del Gobierno para exponer los planes de trabajo de sus respectivos departamentos.

Y el primer día, en la comisión de Trabajo, donde comparecía Yolanda Díaz, se quedaron sin traductores antes de acabar porque "se tenían que ir a otra comisión", pese a que la Cámara había anunciado que este servicio estaría disponible hasta en tres salas a la vez.

A partir de ahí, el Congreso ha gastado una media de 6.257,14 euros en cada jornada que había alguna comisión convocada. Sólo en el mes de enero, se gastaron 43.800 euros en las comisiones convocadas desde el día 22, cuando se estrenó la traducción simultánea en las comisiones.

EL RÉCORD, 9.000 EUROS EN UN DÍA

En aquella primera semana, el día que más dinero se dedicó a la traducción fue el 29 de enero, ya que coincidieron cuatro comisiones parlamentarias y hubo que contratar a 15 traductores, lo que supuso un gasto de 9.000 euros en total.

Si desglosamos el gasto en función de las lenguas cooficiales permitidas, el catalán es el que copa casi la mitad de los recursos en la Cámara, pues son más los diputados que lo utilizan. En el caso del gallego, generalmente sólo hay uno, el nacionalista Néstor Rego, y los parlamentarios por Euskadi suelen realizar intervenciones bilingües.

Así, solo en enero el Congreso gastó 18.600 euros en traductores de catalán en las comisiones, un 42% del gasto total. Mientras que en euskera y gallego, el gasto fue de 15.000 euros y 10.200 euros, respectivamente. Eso sí, no en todas las comisiones hubo traducción de estas dos lenguas, ya que para encargar la interpretación se requiere que los grupos parlamentarios la hayan solicitado con antelación.

EL CATALÁN ABSORBE EL 42%

Sin embargo, esta diferencia de gasto entre las lenguas no existe en las sesiones plenarias, donde hay el mismo número de traductores por cada lengua cooficial y no se precisa una solicitud previa.

Para este primer semestre, el Congreso fijó una serie de normas relativas a la traducción en las comisiones, en ellas se garantiza traducción de lenguas cooficiales en tres comisiones simultáneas, primándose aquellas en las que se tramiten leyes, sino los diputados deberán autotraducirse o entregar una copia escrita de su discurso.

Eso sí, sólo está permitido su uso en sesiones públicas, ya que quedan excluidas la Comisión de Peticiones y la Comisión del Estatuto de los Diputados, que se reúnen a puerta cerrada o aquellas que se celebren con carácter secreto. Tampoco está contemplada la traducción para las comisiones con carácter internacional, ni para las reuniones de las comisiones mixtas que no se celebren en la Cámara Baja.

EN EL PLENO YA HAY SUBTÍTULOS EN EL ESCAÑO

En las cuatro sesiones plenarias del mes de enero, tres de las cuales se celebraron en el Senado por obras en el hemiciclo, el gasto total de traducción fue de 16.200 euros, lo que supone una media de 4.050 euros por Pleno.

Cuando arrancó el sistema de traducción simultánea en el Pleno, en septiembre del pasado año, el Congreso pagó un total de 21.054 euros en traductores de catalán, gallego y euskera, lo que supone una media de algo más de 4.200 euros por Pleno, según datos de Transparencia recogidos en su día por Europa Press.

En aquellas dos semanas la Cámara Baja acogió entre otra cosas el debate para la reforma del Reglamento para regular el uso de las lenguas cooficiales y la sesión de investidura del dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A todo ello se suman el coste de adquisición de auriculares y otros medios técnicos que se acometió al inicio de la legislatura y que se cifró en 53.000 euros, y las obras que se llevaron a cabo el pasado mes de enero en el Hemiciclo de la Cámara para la instalación de nuevas pantallas táctiles y sustituir los antiguos monitores y teclados de los escaños.

Este proyecto, que costó tres millones de euros, no solo permitió a sus señorías ver informaciones sobre las votaciones durante los Plenos, sino que también sirve para conectarse a la traducción al castellano de las sesiones plenarias y para seguirlas mediante subtítulos.

Hasta ahora, el coste de la traducción en la Cámara Baja depende del número de traductores empleados y las horas de trabajo, a lo que se le suma además, el servicio de transcripción de las intervenciones realizadas en lenguas cooficiales, una labor que la Cámara tiene descentralizada.

TRAS EL VERANO, CONTRATO DE 12,5 MILLONES POR CUATRO AÑOS

No obstante, esta situación cambiará a partir de septiembre, ya que el pasado 2 de abril, la Mesa del Congreso sacó a concurso la adjudicación de un contrato de servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano de las intervenciones que se realicen en lenguas cooficiales en los diferentes espacios de la Cámara durante los próximos cuatro años por un precio máximo de 12,5 millones de euros.

Aquellas compañías que quieran competir por el puesto deberán ofrecer medios humanos y servicios técnicos para la prestación del servicio.