El PSOE cerca a la pareja de Ayuso pero no lo cita en la comisión sobre las mascarillas en el Congreso
Al final hubo pacto de no agresión. El PSOE registró este martes la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación del material sanitario durante la pandemia. Es un listado muy extenso, con hasta 134 comparecientes, pero con una destacada ausencia: la del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros en la declaración de dos ejercicios en los que había logrado una facturación récord por un contrato de mascarillas en lo peor de la crisis sanitaria.
Los socialistas pactaron con sus socios la comparecencia de casi una decena de personas vinculadas con el caso de los negocios de González Amador, así como una extensa batería de peticiones de información, con requerimientos a la Agencia Tributaria, la Comunidad de Madrid o el grupo de sanidad privada Quirón, su principal pagador. Sin embargo, unieron sus votos a los del Partido Popular para vetar la presencia del comisionista, quien está siendo investigado por un juzgado de Madrid por valerse de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia.
Tanto Sumar como Esquerra Republicana o EH Bildu habían solicitado su comparecencia, pero los socialistas decidieron finalmente votar en contra. En el PSOE prefieren señalar directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que consideran “el plato fuerte” de la comisión de investigación. Por el momento, los socialistas se guardan la bala de su pareja. Y sostienen que no lo hacen porque piensan que quien debe asumir responsabilidades políticas es ella.
“Es que la responsable política es Ayuso”, explican en Ferraz, donde admiten que, a pesar de la batalla campal que existe entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la corrupción, no son partidarios de entrar en el intercambio de ataques a las parejas de dirigentes políticos, como hace el PP en el caso de la del presidente del Gobierno.
“La que tiene que venir es Ayuso porque es quien aprueba en su gobierno que ingentes partidas de dinero público vayan a parar a una empresa de la que su novio es principal cliente”, sostienen en referencia al Grupo Quirón desde el Grupo Parlamentario Socialista, donde arremeten contra los populares por las contradicciones mantenidas por Ayuso en las últimas semanas en el intento de proteger a su propia pareja.
“¿Ella sabía que su novio cobra de una de las empresas que beneficia la Comunidad de Madrid? ¿Ella sabía que el piso en el que vive fue comprado tras dos delitos fiscales? ¿Ella sabe qué pasa con el piso de arriba y con la obra ilegal? Eso es lo que tiene que aclarar y por eso la citamos”, argumentan los socialistas.
En realidad, el movimiento del PSOE con la pareja de Ayuso en la comisión del Congreso es muy similar al de los populares en el Senado con Begoña Gómez, la pareja de Pedro Sánchez. Los de Feijóo llevan semanas señalándola por sus relaciones empresariales e incluso acusándola de tráfico de influencias, a pesar de que ni siquiera hay denuncias de ningún tipo sobre el tema. Y, sin embargo, tampoco el PP la ha citado en la comisión de investigación de la Cámara Alta aunque mantiene su amenaza de hacerlo en un futuro.
También se guardan esa opción en el PSOE. “Si luego tiene que venir su novio al Congreso, vendrá. Pero admitimos como ella mismo dijo que es un particular y por eso le pedimos a ella que venga y que lo explique. Si se desentiende de todo, a lo mejor sí tiene que venir él”, plantean los socialistas.
De sus socios a un presunto testaferro
No estará González Amador, pero la investigación parlamentaria sobre la compra de material sanitario de la pandemia sí abordará el caso de la pareja de Díaz Ayuso. Entre los citados a comparecer está un presunto testaferro mexicano, Maximiliano Niederer, quien supuestamente le ayudó a dejar de declarar gran parte de los dos millones de euros que ganó en comisiones por la venta de mascarillas.
También comparecerá el empresario César Nieto, con el que comparte negocios. Ambos son socios de una empresa dedicada al alojamiento turístico en España y administran juntos una sociedad de actividad desconocida creada en Florida (Estados Unidos). Nieto fue también el encargado de liquidar en 2022 una sociedad panameña que administró González Amador y que fue creada por un directivo de Quirón, Fernando Camino, que también está citado.
Camino preside desde 2020 Quirón Prevención, la filial con la que González Amador hizo la mayoría de sus servicios de consultoría antes de que estallara la pandemia que propició la compraventa de las mascarillas. Es también uno de los administradores de Mape, la empresa que compró esas mascarillas por 42 millones y propició la comisión del 4,5% para González Amador.
No es el único alto cargo de Quirón que deberá responder a las preguntas de los parlamentarios. También aparece en la lista Víctor Madera, presidente del grupo sanitario. Según reveló elDiario.es, la compañía líder de la sanidad privada multiplicó por cuatro los pagos a González Amador tras iniciar su relación con la presidenta madrileña.
Otro de los citados es Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a la pareja de Ayuso durante la investigación de la Agencia Tributaria. Este abogado también administra la sociedad Babia Capital SL, que es propietaria al 100% del ático de lujo situado justo encima del piso en el que conviven ambos y del que también disfrutan. Fidalgo también es abogado de Fernando Camino.
A cuenta de este caso también están llamados algunos de los principales nombres del Gobierno de Ayuso durante la pandemia. Además de la propia presidenta y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, los grupos llaman a Enrique Ruiz Escudero, senador y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.
Batería de petición de información
El nombre de González Amador sí aparece en varias ocasiones en las solicitudes de documentación aprobadas por los grupos. Por ejemplo, acordaron solicitar a la Comunidad de Madrid la documentación relativa a las “comunicaciones” entre el empresario, sus empresas y el Gobierno regional en relación a la venta de material sanitario o cualquier otra actividad o prestación de servicio. O a la Agencia Tributaria sus declaraciones de los años fiscales 2018 a 2023, ambos incluidos.
Por otro lado, pactaron pedir a los Registros de la Propiedad las certificaciones sobre las propiedades inmobiliarias en las que conste como titular, en cualquier porcentaje. O solicitarle a él mismo información sobre los contratos de arrendamiento que ha suscrito desde 2018 con Babia Capital S.L., la propietaria del ático de lujo, u otras empresas y particulares. Los grupos también quieren indagar en su vinculación laboral con Quirón, a quien reclaman todos los contratos laborales, comerciales o mercantiles que se hayan producido entre el grupo y González Amador, así como las nóminas, facturas, recibos bancarios, justificantes de transferencias y cualquier documento que acredite las contraprestaciones económicas recibidas del grupo por parte del empresario.
Otro de los asuntos en los que se centra la petición de información de los grupos son las obras realizadas en los pisos que ambos comparten en el distrito de Chamberí de Madrid. Así, solicitan al Ayuntamiento de Madrid los expedientes, licencias de obras solicitadas, concedidas o denegadas a la empresa Babia Capital o a González Amador, así como los impuestos municipales abonados por este.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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