Israel sigue sin "proporcionar pruebas” de los vínculos de la UNRWA con Hamás, según la investigación independiente
Faltan pruebas que demuestren la participación del personal de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos (la mayor en Gaza), en los ataques del 7 de octubre. “Israel aún tiene que proporcionar pruebas que respalden esto”, afirma la investigación independiente que encargó el secretario general de la ONU, António Guterres, para esclarecer las acusaciones del gobierno israelí en las que vinculaba a trabajadores de la ONG con Hamás. “La UNRWA juega un papel indispensable en la región y esto debe ser dicho alto y claro”, ha afirmado este lunes en rueda de prensa la exministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna, quien ha dirigido la investigación.
La conclusión del informe es un alivio para la agencia, que durante meses ha vivido una de sus peores crisis desde a raíz de las acusaciones de Israel hechas el pasado mes de enero. Tel Aviv aseguraba que una docena de los 13.000 empleados que tiene la UNRWA en Gaza habían participado en los ataques del 7 de octubre, además que también acuso a la agencia de estar vinculada con Hamás y otros grupos terroristas. Cuando esto sucedió, la UNRWA despidió a varios miembros de su personal que presuntamente había participaron en los ataques, mientras se trabajaba para esclarecer los hechos.
La investigación sostiene que Israel no ha informado de ninguna inquietud a la UNRWA sobre ninguno de los trabajadores de la región que aparecen en las listas que la ONG facilita periódicamente al Gobierno israelí desde 2011. La UNRWA comparte anualmente listas de su personal (nombres y funciones) con los países anfitriones (Líbano, Jordania y Siria), así como con Israel y Estados Unidos. Según el documento, es responsabilidad de estos Estados alertar a la UNRWA de cualquier información que pueda descalificar a un trabajador de desempeñar sus funciones.
A pesar de que Israel no reportó ninguna sospecha sobre ninguno de los trabajadores de la ONG, el Gobierno, afirmó públicamente que un número importante de empleados habían colaborado con Hamás en los ataques del 7 de octubre. Sobre esto, la investigación es muy clara: Israel debe presentar pruebas que lo demuestren.
Más allá de pronunciarse sobre la supuesta vinculación con Hamás, la investigación concluye que la agencia “ha establecido y actualizado un número significativo de políticas, mecanismos y procedimientos” para asegurar la neutralidad en los últimos años, pero que necesita más cambios.
La acusación de Israel contra la UNRWA tuvo importantes repercusiones en su financiamiento, ya 16 estados miembros dejaron de financiar la agencia. La suspensión se tradujo en una perdura de unos 450 millones de dólares, según el informe. Entre los países que anunciaron que retiraron su apoyo se encuentran Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania e Italia. Aunque algunos de ellos, como el Reino Unido, dijeron que volverían a reanudar los fondos para la UNRWA una vez se hiciera público el informe de Colonna.
La UNRWA fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1949 para ayudar a los palestinos que fueron despojados de sus casas durante la creación del estado de Israel. Desde entonces se ha convertido en una de las organizaciones más importantes sobre la región que presta ayuda humanitaria a más de 5 millones de personas en la Franja, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria. Desde que empezó la guerra de Gaza, que ya se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos, la UNRWA ha jugado un papel crucial en la región a pesar de los continuos ataques de Israel.
Las acusaciones de Israel
En febrero, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo, sin presentar ninguna prueba, que Israel tenía información que indicaba que otros 30 trabajadores de la UNRWA habían participado en los ataques del 7 de octubre y que un 12% de los trabajadores de la Agencia para los Refugiados de la ONU estaba afiliado a Hamás y la Yihad Islámica Palestina de la Franja.
Israel volvió a cargar contra la UNRWA el pasado mes de marzo, elevando la cifra de militantes en grupos terroristas a 450 trabajadores, a pesar de que tampoco ofreció ninguna nueva prueba al respecto. Desde que empezó la guerra de Gaza, el gobierno israelí ha abogado diversas veces para acabar con la agencia.