CGPJ: la realidad y la farsa
El PP se muestra exultante con el pacto alcanzado para el CGPJ, después de haberlo retenido casi seis años sobre su mandato constitucional. El PSOE también. Cómo será la felicidad del antiguo bipartidismo, que han declarado su entusiasmo Aznar y García Page. Cuentan que el acuerdo gusta hasta a Losantos y Marhuenda. No se puede pedir más. Los socios de investidura que dieron el gobierno a Sánchez, por el contrario, bordean la indignación al no haberse contado con ellos.
El entusiasmo del PP - el partido que impedía hasta ahora la renovación – es particularmente notorio. Algunos seguimos asombrándonos al ver la facilidad con la que sus altos cargos mutan las expresiones de agresividad o de cinismo en alegría desbordante. Y nos decimos - extrapolando un viejo refrán- que tanta felicidad, nos confunde. Porque el pacto que ahora ha aceptado el PP es similar al que negó en 2022… salvo alguna cosa, como diría Mariano Rajoy.
De entrada, no creo que la mediación de la UE haya sido otra cosa que una coartada para el PP. Ya no podía aguantar en su escandaloso atrincheramiento a la vista de todo el mundo. Y menos en pleno reparto de cargos y posicionamientos en la UE tras las elecciones. Y menos todavía en España, con Ayuso segando sin pausa la autoridad de Feijóo. Si las causas son varias, han propiciado un desastre aún mayor: es la primera vez que un país miembro de la Unión Europea precisa una mediación externa para ponerse de acuerdo entre sus fuerzas políticas, dando una penosa imagen de su democracia. Es la opinión de alguien tan solvente como el magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín. Le parece vergonzoso.
Los medios al servicio del PP pretenden incluso ir más allá sugiriendo que Europa va a tutelar a España para que el acuerdo se cumpla y despolitice la justicia. Si esa fuera la misión de la Comisión Europa, han tenido casi seis años para denunciar el uso espurio que el PP ha hecho del Consejo y de la justicia. Presentar como un logro ahora despolitizar la justicia cuando en España hablamos del Partido Judicial por sus concomitancias con la política, con la derecha política, sonroja y descalifica a quien lo mencione siquiera.
Escribía Ignacio Escolar sobre el acuerdo e incluía una frase significativa al resumir: Ni perfiles ultras, ni que incomoden a la derecha entre los progresistas. “No es un mal acuerdo, para lo que podría ser”. Para lo que podía ser, es eso. Incluye unos controles que ayuden a hacer un consejo más profesional, no tan político como ha sido esta larga singladura. No plantea directamente y ahora que los jueces elijan a los jueces, que sería una catástrofe a evitar, pero ya veremos en el futuro.
Era ineludible hacer algo tras casi seis años así y supone un alivio echar a andar sin esa rémora de los miembros que ahora serán cesantes, por fin. Pero no es oro todo lo que reluce, no podía serlo teniendo en cuenta la índole de los contratantes. Es el acuerdo, quizás, que debió hacerse hace seis años, pero no ahora, cuando la mayoría del Congreso es diferente y la política española hace mucho que dejó de ser bipartidista. Esos diez vocales nombrados por el PP y los otros diez por el PSOE (dos de ellos por SUMAR, dicen) dejan fuera a buena parte de la voluntad popular y desde luego a la mayoría que permite a Sánchez gobernar. Era la hora de conseguir reformas auténticas, podía hacerse cambiando la ley del Poder Judicial y en cierto modo volvemos a la casilla de salida. Y dando más fuerza a la mayoría para adoptar decisiones de calado, cuando en esa mayoría el PP está sobredimensionado por su minoría en la Cámara. Ahí sí gana. Por los viejos tiempos. ¿Por los venideros? ¿Con este PP?
Tienen razón los socios del Gobierno al quejarse. Puede peligrar hasta la legislatura por el desplante, aunque sería demasiado arriesgado y normalmente son gente sensata. Y es que una y otra vez, Sánchez se queda corto. Cuando ya tenía a la sociedad convencida de que iba a implementar un punto y aparte, que ahora era la definitiva, apoyándole, deseando ver el final del túnel, vuelve a ceder ante el PP. La sesión del Congreso de este miércoles de buenas palabras y puyas, como novios reconciliados, y Feijóo haciendo ostentación zafia como de haber hecho un “regalo a Sánchez” –“ya tiene su Consejo”- producía un cierto bochorno.
Es el acuerdo de 2022, decíamos, salvo alguna cosa: que deja fuera por ejemplo a Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Ella misma lo explica.
Hay algunos submarinos entre los componentes también. La lista acordada incluye a la magistrada Gema Espinosa, esposa del instructor del 'procés', y a Alejandro Abascal, que ha ejercido como juez de refuerzo de García-Castellón, aunque sin que tenga que implicar nada a priori. Y el vocal nombrado para el Tribunal Constitucional se ha caracterizado por ser lo que llaman del ala dura de la derecha, dura y extrema en verdad. Lo único es que no altera la mayoría progresista de ese tribunal que queda en 7/5.
Tras tantos escarmientos no podemos confiar en que el PP haya mutado su carácter tramposo como lo ha hecho en sonrisas González Pons. Es razonable pensar, a tenor de la experiencia, que no se da por seguro el fin ni del lawfare ni otras conductas viciosas, a menos que se haga una reforma a fondo. Porque no es lógico esperar que el PP y todo su conglomerado de poder renuncie a su idiosincrasia. Y es cierto también que somos una sociedad vapuleada que se conforma una y mil veces con el mal menor que es el que ha ocasionado los males mayores a lo largo de la Historia. El PP no ha ganado, el PSOE ha cedido, ha dejado fuera al conjunto de la mayoría parlamentaria y ha perdido la ocasión de operar cambios más ambiciosos y necesarios. Estaría bien que nos contará por qué.