La Comisión de Ética anuncia otra imputación más entre altos cargos del anterior Gobierno de Urkullu sin dar detalles
La Comisión de Ética emitió justo antes del relevo de Iñigo Urkullu por Imanol Pradales al frente del Gobierno vasco una resolución en la que constata que otro alto cargo de la Administración está siendo investigado en un procedimiento penal. Una vez más, este foro no aporta ningún detalle ni del contenido del caso, ni de los posibles delitos cometidos ni de la identidad de la persona imputada, por lo que es imposible saber si continuará en la estructura actual o no. Esta causa se suma a otras, como la conocida en mayo con respecto a dos altos cargos y de la que se dijo, sin más precisiones, que estaba archivada.
Como ya es tradicional, la Comisión de Ética dictamina que la sola apertura de una investigación no es motivo para un cese. Por ello, ha acordado que esta persona “debe seguir colaborando con la Administración de Justicia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean formulados por el juzgado de Instrucción en el que figura como persona investigada en las diligencias previas que se tramitan”. Solamente en el caso de que la investigación se complete con indicios de delito y se abra juicio sería motivo de su separación del cargo. “La persona puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura de juicio oral”, se añade.
En un texto que está copiado literalmente de resoluciones anteriores, la Comisión de Ética asegura que “no resulta fácil ponderar la gravedad” de este caso e indica que la investigación se encuentra “lejos” de tener conclusiones definitivas. Se añade que “la alternativa de fijar en el acto de investigación el momento procesal” para recomendar un cese es “una exigencia desproporcionada” salvo que el delito sea flagrante o haya causado una gran alarma social. Esto segundo es imposible en tanto en cuanto se están reduciendo al mínimo los datos contenidos en las resoluciones de este órgano.
Al mismo tiempo, se ha publicado otra resolución de una denuncia contra un alto cargo que queda archivada, aunque nuevamente sin ningún detalle del asunto. Sin embargo, sí se indica que la persona denunciante presentó un escrito “extenso, confuso y de difícil comprensión” y que antes había recibido un expediente disciplinario por unos hechos de los que también se le dio traslado a la Fiscalía, por lo que se hallan judicializados.
La Comisión de Ética tendrá que vivir una renovación en las próximas semanas. Quien ha sido su presidenta desde 2020, la consejera Olatz Garamendi, ya ha abandonado el Gobierno. En pura teoría, el cargo le correspondería a la titular de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Sería la tercera en el cargo, ya que el primer titular fue Josu Erkoreka.
El mandato de Garamendi ha estado marcado por duras críticas de la oposición al funcionamiento de este órgano. EH Bildu llegó a llamarla “Comisión de Estética” porque nunca emitía resoluciones críticas y se encargaba de limpiar la imagen del Ejecutivo en casos polémicos. Se denunció también que las memorias anuales no se publicaran en tiempo y forma. En su trayectoria solamente ha recomendado la destitución de un alto cargo y muy al inicio, aunque sí ha obligado a publicar en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) anuncios contra dos cargos, uno de PNV y PSE-EE, por un “cumplimiento insuficiente” del código ético autonómico.