Matthias Kühn, el magnate investigado por Hacienda que cobrará 96 millones de euros públicos

Matthias Kühn, empresario inmobiliario y turístico, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del sector del lujo en las Illes Balears. Debido a su relación con la vedette Norma Duval, suele llenar más páginas en la prensa del corazón que en la económica, pese a que hizo su fortuna como agente inmobiliario en el archipiélago. Esta semana ha vuelto a ser noticia porque ha ganado su última disputa con el Govern balear. Kühn, conocido también por polémicas actividades urbanísticas, ingresará 96 millones de euros de las arcas públicas, después de una sentencia firme del Tribunal Supremo, que le da la razón en un conflicto que se retrotrae a la época del socialista Francesc Antich (2007-2011) como presidente autonómico.

De origen alemán, Kühn ha sabido aprovechar los nexos que el país germano mantiene con Mallorca y Eivissa desde los años 60 y 70 de la década pasada. Alemania no es solo uno de los principales países emisores de turistas en el archipiélago balear, también es la nacionalidad extranjera con mayor número de residentes en Mallorca, y se cuentan por miles los que han adquirido una segunda vivienda, principalmente, en estas dos islas. Entre sus clientes, ha contado con personalidades importantes, como Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, o Adolfo Suárez (UCD), expresidente del Gobierno, según publicó El Confidencial, periódico que asegura que el magnate alemán actuaba como intermediario en la compra-venta de inmuebles con ellos.

Los 96 millones de euros públicos que recibirá el magnate tienen su origen en unos terrenos ubicados en Mallorca. En 1999, Birdie Son Vida S.L. y otras empresas del imperio Kühn pretendían construir 33 mansiones de lujo en unos 34.000 metros cuadrados en la zona conocida como Muleta II del Port de Sóller. En ese momento, los terrenos eran urbanizables, pero con la llegada del socialista Francesc Antich, el Govern aprobó una nueva ley que recalificaba los terrenos como paisaje protegido. El empresario alemán, al ver que no podía desarrollar su proyecto urbanístico, emprendió un litigio contra el Govern, según recogió Mallorca Zeitung.

Años más tarde, con la llegada del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), el Govern volvió a reconocer el carácter urbano de los terrenos de Muleta II. El Tribunal Supremo, en su sentencia, recordó que hubo un procedimiento que finalizó mediante un auto del 23 de julio de 2013 que aprobó un acuerdo transaccional, entre el Govern del PP de Bauzá y Birdie Son Vida S.L., que dictaba que los terrenos eran urbanos. Por tanto, se podía construir.

El conflicto, sin embargo, continuó. El Ejecutivo progresista de Francina Armengol (2015-2023) aprobó la Ley 12/2017 de urbanismo de les Illes Balears, que recalificó los terrenos como suelo rústico protegido (ANEI, es decir, Área Natural de Especial Interés, lo que confiere un grado de protección elevado), imposibilitando que Muleta II se pudiera reincorporar como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Sóller. Así, la Justicia consideró que este cambio legal impidió que los terrenos se pudieran reincorporar como suelo urbano al PGOU de Sóller, como dictaminó un auto anterior del Supremo en julio de 2013. El litigio finalizó con una condena al Govern, cuyo coste asciende a 96 millones de euros que irán a parar a Matthias Kühn a través de una de sus empresas.

Una deuda millonaria

Mientras Kühn pelea por recibir 96 millones de euros públicos, está siendo objeto de una investigación por parte de Hacienda, que le reclama 11 millones. Funcionarios de la Agencia Tributaria registraron, en marzo de 2024, el domicilio de Matthias Kühn e incautaron el contenido de sus ordenadores, ya que tanto la Fiscalía Anticorrupción como Hacienda sospechan que el empresario creó una red de empresas pantalla para evitar el pago de sus deudas, que superan los 11 millones de euros. En estos momentos, la operación continúa bajo investigación.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como Hacienda sospechan que el empresario creó una red de empresas pantalla para evitar el pago de sus deudas, que superan los 11 millones de euros

Por otro lado, el empresario alemán sostiene que las deudas que mantiene con el fisco son de empresas en concurso de acreedores. En un comunicado que fue facilitado a elDiario.es por su defensa legal, afirmó que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla “se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019”, en las que el empresario cesó como administrador. Por tanto, asegura, “no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal”.

El registro del domicilio de Kühn, que se llevó a cabo en marzo de este año, se produjo con su presencia, y contó con autorización judicial, preceptiva en estos casos, según informó Diario de Mallorca. Pese a ello, el empresario habría rechazado poner a disposición de la investigación las contraseñas de sus equipos informáticos con el fin de que los agentes pudieran estudiar los datos que hay almacenados en ellos. Los inspectores investigan una maraña de empresas que presuntamente se habrían constituido con el fin de camuflar los beneficios procedentes de operaciones inmobiliarias y eludir sus obligaciones tributarias, según el diario local. El caso ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción de Balears.

elDiario.es ha contactado con la defensa legal de Matthias Kühn, con la finalidad de conocer si el empresario intentaría llegar a un acuerdo con la Fiscalía o, por el contrario, mantiene la posición que ha defendido hasta ahora, sin que haya respondido a la consulta en el momento en que se publica esta información.

Agente inmobiliario en un islote de lujo

El nombre de Matthias Kühn también ha estado ligado a Tagomago, un islote situado en el noreste de Eivissa de unos 600.000 metros cuadrados y una joya de la biodiversidad del Mar Mediterráneo. De hecho, Tagomago está incluido en la Red Natura 2000, está catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Importancia para las Aves (ZEPA). Además, es un espacio protegido como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Nada de ello ha sido incompatible con la explotación inmobiliario-turística. En este sentido, cabe aclarar que el islote es propiedad de una familia vinculada a la nobleza centroeuropea, pero ha sido gestionado, durante muchos años, por Matthias Kühn. En los años 80, hubo un intento de construir una serie de villas en Tagomago. El GEN-GOB, grupo ecologista que se opuso a ello, no pudo evitar que se construyera la mansión que sigue en pie.

La mansión de lujo puede acoger a un máximo de diez viajeros, según el portal Vladi Private Islands. Dispone de cinco dormitorios a modo de lujosa suite doble, con baño privado en cada una de ellas. “Popular tanto para vacaciones exclusivas como para eventos de negocios”, destaca el portal, y añade que “Tagomago promete lo mejor del Mediterráneo”. La web tampoco detalla las cantidades económicas que hay que abonar para alquilar el islote en la actualidad.

La web del islote, por otra parte, promociona Tagomago como “la isla privada más exclusiva de Europa”. Cuando la gestionaba una de las empresas de Kühn, alquilar Tagomago rondaba entre los 100.000 y 160.000 euros durante una semana. Ahora, sin embargo, el precio no está disponible en la web. Entre los servicios actuales, se ofrece un “paquete exclusivo de tres noches” para diez personas, con un día completo a bordo del yate del islote; acceso vip a la discoteca Pachá; almuerzo en un restaurante-chiringuito de playa; profesor de yoga privado “para las sesiones al amanecer en la terraza de la azotea de la villa” y comida cocinada por el chef de Tagomago, que incluye “parrilladas de marisco fresco en lugares apartados con vistas al Mar Mediterráneo”.

Dispone de embarcadero privado y amarre, dos barcos junto con motos de agua, barcos de vela y cursos de navegación, “que pueden ser organizados bajo petición”. Entre el personal, además, destaca un gerente, el mencionado cocinero privado, personal de cocina, camarero, trabajadores de limpieza, mantenimiento de jardín y piscina, capitán de deportes acuáticos y un mecánico.

Por otro lado, también se puede contratar servicio médico, de cuidado de niños y niñas, traslado privado en coche de lujo, de lavandería, así como otros vinculados al negocio wellness, como masajes y tratamientos de belleza, yoga, pilates, tai chi y entrenador privado personal. En cuanto a las actividades deportivas, que también se cobran aparte, se puede hacer senderismo, buceo, pesca, esquí acuático, vela, windsurf o excursiones en yate, entre otras.

Condenado por obras ilegales en Tagomago

Matthias Kühn fue condenado a una pena de seis meses de prisión como responsable de un delito contra la Ordenación del Territorio, según dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el 9 de febrero de 2018, debido a unas obras ilegales que se realizaron en Tagomago. El empresario alemán fue sentenciado, junto a Guido H., a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (durante seis meses), inhabilitación especial por el tiempo de dos años para la profesión u oficio de promotor y constructor (respectivamente) y a una multa de unos 5.400 euros, aproximadamente. La sentencia les absolvió de un delito contra el medio ambiente del que habían sido acusados también por el Ministerio Fiscal.

La jueza destacó en su sentencia que las obras se habían realizado “sin autorización”, es decir, sin los correspondientes permisos del Ajuntament de Santa Eulària des Riu y de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. “A la solicitud de licencia de obra menor no podía suplir el informe que la Conselleria de Medio Ambiente, según el artículo 39.1 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), debería emitir”. 

Según dictó la magistrada, la solicitud de obra se refería únicamente al interior de la vivienda, que precisaba de una autorización “con independencia que hubiere podido o no concederse”. Por tanto, la jueza consideró probado que se había producido un delito contra la ordenación del territorio “por cuanto los acusados han llevado a cabo una construcción, en uno de los suelos protegidos indicados por el tipo penal, careciendo de autorización alguna”. La sentencia se podía recurrir ante la Audiencia Provincial de Palma mediante un recurso de apelación, un extremo que elDiario.es no ha podido confirmar si se produjo.

“Bauzá (PP) pudo favorecer a Kühn”

En 2014, cuando José Ramón Bauzá (PP) era presidente autonómico, uno de los partidos de la oposición, Més per Mallorca, presentó una denuncia contra una de las empresas del conglomerado de Kühn, que explotaba turísticamente Tagomago. Los ecosoberanistas entendían que el Ejecutivo de Bauzá “permitió irregularidades en la construcción de este islote” y que esto “pudo constituir delitos de prevaricación y tráfico de influencias para favorecer a Kühn y Duval”. En 2013, la Conselleria de Medio Ambiente autorizó una reforma de la casa.

Este posicionamiento, en cambio, distó del que mantuvieron los dirigentes del PP del Ajuntament de Santa Eulària. Tanto Vicent Marí, entonces alcalde del municipio (ahora presidente del Consell Insular) como Mariano Juan, entonces concejal de Urbanismo (ahora vicepresidente primero y conseller insular de Gestión del Territorio, Transportes y Lucha contra el Intrusismo), defendieron la declaración de Tagomago como Reserva Natural, acusaron a los promotores de poner en riesgo el islote y aseguraron que serían contundentes a la hora de protegerlo. No obstante, el PSOE-Pacte, en la oposición, acusaba al Gobierno local de Santa Eulària de “ocultar expedientes” abiertos por las obras ilegales detectadas.

En el Parlament, David Abril, entonces diputado de Més per Mallorca, cargaba contra el Govern y denunciaba “la impunidad con la cual actúan Kühn y Duval, que simplemente por el hecho de que tienen mucho dinero están haciendo todo lo que les da la gana en Tagomago”. En declaraciones a elDiario.es, Abril recordaba que la pareja compareció en la subcomisión de la Red Natura 2000, dependiente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, en la cual se debatía la ampliación de un kiosko.

Haciendo referencia a la Ley de Costas, Més argumentaba que la villa estaba construida en los primeros 100 metros de costa, que son de dominio público. Consideraban, por tanto, esta construcción como “ilegal”. La jueza, en un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, apuntaba a que el Ministerio Fiscal –única acusación personada en el proceso– había desistido de continuar con la tramitación de la causa, al no apreciar “indicios” de que alguna persona de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern “haya cometido algún delito con el objeto de favorecer los intereses que Matthias Kühn tiene en la isla de Tagomago”. Por tanto, como la Fiscalía no iba a ejercitar “ninguna acción penal”, la jueza dictó sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias. El auto, además, indicaba que la denuncia presentada por Més “no se dirigía contra ninguna persona concreta”.