Expertos en derecho y líderes sindicales piden redefinir el delito de terrorismo para evitar que se criminalicen las protestas sociales
Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.
Catedráticos y abogados, como Joan Coscubiela o Manuel de la Rocha Rubí, han pedido a los grupos parlamentarios “proceder a una reforma que vuelva a definir el delito de terrorismo” en el mismo marco que lo hace la Unión Europea, especialmente después del auto del Tribunal Supremo de febrero de este año, por el que abrió la causa contra el expresident Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami.
En su escrito, recuerdan lo que ha vivido España con el terrorismo real, especialmente con los atentados de ETA o GRAPO, para “alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población”. O, más recientemente, con el terrorismo yihadista. Estos nuevos grupos han hecho que la UE adapte sus criterios, aunque no han servido para “modificar lo que es esencial del terrorismo”, especifican.
El grupo de firmantes manifiestan su preocupación por ciertas interpretaciones judiciales de lo que es este delito, de una forma más “expansiva”, y algo que podría llevar a aplicar este delito a “tractoradas de los agricultores” o a “trabajadores en sus acciones de huelga”. Que, aunque sí pueden producirse altercados, estos desórdenes públicos más o menos graves, se deben distinguir “con total precisión” del terrorismo.
En febrero, el Tribunal Supremo decidió abrir la causa contra Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, como pidió el juez Manuel García Castellón. Entendía que el procés era un movimiento que puede ser considerado como delito de terrorismo. El expresident catalán, dicen, tenía un “liderazgo absoluto” y una “autoría intelectual” de todo lo que hizo la plataforma Tsunami Democràtic, como protestas o disturbios en las calles de la capital catalana.